El Quemado, Atoyac, Guerrero, 8 de septiembre de 2025. Benito Manríquez observó una vieja fotografía en la que él, de 27 años, está en cuclillas, viste un short, playera de tirantes y tenis, a un costado está su amigo Francisco Vargas, de 24 años, con la misma vestimenta, y en medio de ellos un balón de basquetbol.
El cuadro que retrata al equipo de la cárcel de Acapulco ha sobrevivido 53 años, los mismos que cumplieron Benito y Francisco de haber sido detenidos el 5 de septiembre de 1972 en su pueblo El Quemado, en la sierra de Atoyac, junto con otros 89 hombres rodeados aquel día por elementos del Ejército mexicano que buscaban a los guerrilleros liderados por el profesor Lucio Cabañas Barrientos, que los emboscaron semanas antes.
A más de medio siglo de aquel suceso que le cambió la vida al pueblo en su totalidad, ambos campesinos y sus compañeros sobrevivientes de la guerra sucia tienen la “esperanza” de recibir una reparación de daños y confían en que el nuevo Poder Judicial por el que votaron les dé la razón en el amparo que interpusieron hace varios meses y no ha sido resuelto, debido a los cambios dentro del sistema de justicia.
Con la muerte en mayo pasado de Francisco Martínez, de 92 años, sólo restan 11 ancianos de 77 a 90 años integrantes del grupo de 24 pobladores de El Quemado sentenciados a 30 años por el delito de homicidio doloso que no cometieron, pero que confesaron después de la golpiza que les dieron, los toques eléctricos en los testículos y la tortura psicológica contra su familia.
Testigos de la muerte de tres compañeros y de la desaparición de sus cuerpos jamás devueltos a sus familias, Benito Manríquez, de 80 años, Francisco Vargas, de 77 años, Justino Fierro, de 89 años y Victoriano Flores, de 90 años, relataron su tortura, su paso por la cárcel y los años de lucha y de espera por la reparación de daños que no llega.
La represión contra el poblado El Quemado es uno de los capítulos más relatados y estudiados del periodo de la contrainsurgencia de la década de 1970, el drama de detener a casi la totalidad de hombres de esta comunidad puede explicar ello o la misma organización de los pobladores para dar a conocer su flagelo.
Los sobrevivientes han dado su testimonio un sinfín de veces, sus historias han servido para escribir los informes finales de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a principios del siglo XXI, de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero en la década pasada y del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) del 2024, además de un documento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También, numerosos reporteros han acudido a este poblado al que se llega cruzando Cacalutla, antes de llegar a la Y griega de la cabecera municipal de Atoyac, cuando quieren ejemplificar las injusticias de la embestida del Estado mexicano contra este municipio de la Costa Grande de Guerrero.
¿Qué más se puede contar de esta comunidad y de sus pobladores cuando parece que ya se dijo todo? Recordar “a lo mejor a nosotros nos hace bien porque nos desahogamos”, dijo Victoriano soltando una carcajada.
La historia comúnmente relatada indica que la represión del Ejército contra El Quemado fue una reacción por la emboscada de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento-Partido de los Pobres en Arroyo Obscuro, camino a la localidad de Río Santiago, donde 18 militares murieron y 17 resultaron heridos el 23 de agosto de 1972, según un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Junto con la emboscada del 25 de junio, el ataque guerrillero es considerado uno de los mayores logros del grupo de Lucio Cabañas Barrientos que nunca pisó El Quemado, aseguraron los sobrevivientes.
Sin embargo, apunta el historiador Camilo Vicente Ovalle en su libro Tiempo Suspendido: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, los motivos del ataque concreto a El Quemado no están claros, salvo el deseo de dar una lección y anunciar “la nueva configuración contrainsurgente en la que la población fue ya el objetivo”.
Benito, quien cuida su foto tomada en la cárcel como un tesoro porque es difícil a su edad seguir luchando “pero no queda más que acordarnos”, otorgó una pista interesante: el Quemado era un pueblo tan aislado que se pudieran cometer estas atrocidades sin que nadie se enterara, ejemplo de ello es que tardaban dos horas caminando para llegar a Cacalutla, sólo la detención masiva motivó la construcción de la carretera.
La comunidad aún parece distante del resto del municipio de Atoyac, el libramiento inaugurado en 2023 como parte de la reparación integral de daños de la CEAV ya muestra daños, como el resto de la carretera a El Quemado con múltiples baches.
Sólo 15 hombres adultos mayores no fueron detenidos por el Ejército, el resto de adultos fueron llevados al cuartel de Atoyac, Joaquín Solano Chagoya era el comandante de la 27 Zona Militar.
Amarrado y vendado de los ojos estuvo Victoriano 18 días en las instalaciones militares, hoy convertidas en la Casa del Pueblo que concentra las oficinas del Ayuntamiento de Atoyac, los militares le dieron toques eléctricos en los genitales.
Para Justino, detenido el 2 de septiembre, la tortura más fuerte fue en Acapulco, antes de la cárcel estuvieron en el cuartel militar atrás del Fuerte de San Diego, hoy oficinas municipales, donde lo metían en una tina con agua, “hasta que ya me estaba ahogando me sacaban para que nos declaráramos culpables”.
Justino y Victoriano presenciaron la muerte de Gregorio “Goyo” Flores, tenían los ojos tapados pero escuchaban “cómo se lamentaba, lo mataron a golpes”, dijo el segundo.
Francisco, mejor conocido como Franco, no recibió golpes en los separos, lo más próximo a la muerte fue una bala que tiró un militar alcoholizado cerca de su cabeza, lo que sí le duele aún fue la tortura psicológica, los dichos sobre su familia y su esposa Claudia Reyes le cuesta expresarlos y ni a la Comverdad y tampoco a la Comisión de la Verdad de López Obrador se los dijo porque es “penoso”.
El entonces joven de 24 años fue testigo de la desaparición de José Veda Ríos Ocampo, quien estaba enfermo de reumas y después de la golpiza que sufrió ya no pudo subir las gradas que conducían al comedor de las mujeres de la cárcel, “se tiró, quejándose, se le veían los rodillones”, media hora después dos soldados lo levantaron y desde entonces no se conoce su paradero.
Franco también presenció la agonía de Ignacio Sánchez Gutiérrez dentro del comedor, otro desaparecido es Aurelio Díaz Fierro, quien forma parte de la lista de presuntas víctimas de Los Vuelos de la Muerte dada a conocer el año pasado.
En diciembre de 1976 Franco y los últimos sentenciados salieron de la cárcel, no sin antes ser llevados a la casa del gobernador Rubén Figueroa Figueroa en Acapulco, quien los amenazó de muerte si no cumplían la orden de no salir más de su comunidad y les dio 100 pesos para el transporte.
Franco respira con dificultad, es la secuela de la tuberculosis que contrajo en la cárcel, una de las tantas consecuencias de sus cuatro años en prisión que aún padece, pero nada se compara a la muerte de una bebé de 6 meses de nacida, 3 cuando fue detenido.
“¿Quién me daba dinero para curarla? A mi papá también se lo habían llevado, no llegó mi mamá”, dijo su esposa Claudia Reyes que ya tenía dos hijos más; tres menores más y un adulto mayor murieron por la falta de comida y de medicamentos.
En 2021, sobrevivientes de El Quemado recibieron una compensación económica de la CEAV como parte de la reparación integral de daños que ordenó un juez por el amparo que presentaron junto con los integrantes del equipo de seguimiento de la Comverdad, entre ellos, Nicomedes Fuentes.
El grupo de sentenciados se quejó de que la cantidad otorgada no refleja la magnitud de las pérdidas que sufrieron y que fue menor a la compensación dada a otras víctimas con mucho menor tiempo en la cárcel, algunos casos sumaron unos cuantos días o semanas, por lo que una de sus demandas es la revisión de estos expedientes para cambiar la tabulación.
Con el apoyo del asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del estado de Guerrero, Arturo García Jiménez, el grupo de sentenciados presentó un amparo en los juzgados federales de Acapulco, pero el paro laboral por la reforma judicial y la elección de los jueces y los magistrados han postergado su resolución.
Justino confió en que el Poder Judicial resuelva su caso porque vio en las noticias que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la puerta del recinto en la Ciudad de México estará abierta para las demandas ciudadanas durante un acto el primero de septiembre pasado.
Los veteranos consideraron que pudiera ser el último empuje a la histórica demanda, su última gran movilización fue la huelga de hambre afuera de Palacio Nacional en noviembre de 2022, el 6 de julio del mismo año bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y siete días después la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, acudió a El Quemado, pero no habló de indemnizaciones.
Las protestas sólo han generado promesas de solución inmediata a su demanda, “ya estamos quedando menos de la mitad, imagínese, y luego nosotros pues ya estamos cerca también pa’garrar viaje”, dijo Victoriano sentado en el corredor de un casa colindante con la cancha donde fueron detenidos decenas de hombres hace 53 años por los militares que los sacaron de sus viviendas.
Los sentenciados han muerto poco a poco, en 1990, mucho antes de que se hablara de reparación de daños, falleció Antonio Pino Pérez, padre de Celso Pino Hernández, quien a sus 88 años se conmovió al rememorar la situación de El Quemado aquellos años, cuando los militares racionaban el maíz a las familias, “trata uno de no acordarse porque son cosas tristes y se siente uno impotente”.
Salió de la cárcel al año y seis meses, el secuestro de Rubén Figueroa por la guerrilla en 1974 arreció la represión, “por eso estaban esos retenes ahí que no dejaban pasar alimento, una cosa fea”.
Con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador “teníamos nosotros el 100 por ciento de seguridad que nos iba a apoyar” porque los sobrevivientes somos morenistas y antes fuimos perredistas, dijo Victoriano y recordó que en la visita a Atoyac en febrero de 2024, el entonces mandatario federal recibió la petición escrita, pero el seguimiento no trascendió más allá de tres mensajes de su asistente.
Benito, Franco, Victoriano y Justino suman 9 operaciones en diferentes partes de sus cuerpos, todos, al igual que casi el resto de la comunidad, son productores de mango, actualmente lo venden a buen precio, antes sembraban café, pero lo perdieron en la cárcel.
Ramón Gracida Gómez
