Texto: DPA
Buenos Aires, Argentina, 24 de mayo de 2018. El caso de una niña de diez años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro provocó una polémica en Argentina y también un cambio de la normativa en la provincia en la que habita, que hasta hoy no contemplaba la posibilidad de practicarle un aborto pese a que así lo autoriza la legislación nacional.
A principios de mayo, la niña fue llevada por su madre a un hospital de la ciudad de Salta, situada unos mil 200 kilómetros al norte de Buenos Aires, porque padecía dolores abdominales y allí los médicos comprobaron que estaba embarazada de 19 semanas.
La niña declaró ante la Policía y la Justicia que había sido violada por su padrastro, que quedó detenido.
A partir de ese momento se abrió la posibilidad de que la niña pudiera interrumpir su embarazo por haber sido víctima de un delito contemplado en el Código Penal del país.
En Argentina la legislación vigente permite abortar en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.
Sin embargo, al momento de comprobarse el embarazo de la niña regía en Salta un decreto firmado en 2012 por el gobernador, Juan Manuel Urtubey, del Partido Justicialista (PJ, peronista), que sólo fijaba la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de gestación y establecía como requisito la presentación previa de una denuncia policial y la intervención de la Justicia.
La difusión del caso provocó que hoy Urtubey firmara otro decreto para adecuar la norma provincial a la que rige a nivel nacional.
“Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015. En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, expresó Urtubey en una serie de tuits en los que anunció la medida.
Según había informado el Gobierno de Salta, y publicado el diario local El Tribuno, la asesora de Incapaces y Menores provincial, Patricia Gómez de González, había informado que la niña y su madre decidieron continuar con el embarazo.
El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entró en vigencia en 2015 a partir de un fallo dictado tres años antes por la Corte Suprema de Justicia argentina.
El máximo tribunal judicial del país había expresado que la interrupción del embarazo causado por una violación no es punible ni requiere de una autorización judicial o denuncia policial previa.
La Corte argentina había abordado el tema a partir de un reclamo efectuado por la familia de una adolescente de 15 años que había quedado embarazada tras haber sido violada por su padrastro.
Los jueces, además, no habían establecido un lapso de tiempo para la interrupción del embarazo y habían recomendado al Estado la implementación de un Protocolo a nivel nacional para abordar situaciones como las contempladas en el fallo.
A ese mecanismo debía adherir cada provincia, algo que Salta concretó recién hoy.
Según UNICEF Argentina, unos 3 mil nacimientos de los 700 mil que se registran cada año en el país son de madres menores de 15 años.
El caso se conoce mientras un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados argentina debate desde el 10 de abril pasado un proyecto de ley para legalizar el aborto en el país. Se espera que la iniciativa sea tratada por los legisladores el 13 de junio.
El debate del proyecto de ley motivó multitudinarias manifestaciones callejeras a favor y en contra.
El aborto es la primera causa de mortalidad materna en Argentina y cada año se registran 50 mil internaciones en hospitales públicos por casos de interrupción del embarazo, informó el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Se estima que cada año se practican cerca de 500 mil abortos clandestinos en Argentina.
A principios de mayo, la niña fue llevada por su madre a un hospital de la ciudad de Salta, situada unos mil 200 kilómetros al norte de Buenos Aires, porque padecía dolores abdominales y allí los médicos comprobaron que estaba embarazada de 19 semanas.
La niña declaró ante la Policía y la Justicia que había sido violada por su padrastro, que quedó detenido.
A partir de ese momento se abrió la posibilidad de que la niña pudiera interrumpir su embarazo por haber sido víctima de un delito contemplado en el Código Penal del país.
En Argentina la legislación vigente permite abortar en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.
Sin embargo, al momento de comprobarse el embarazo de la niña regía en Salta un decreto firmado en 2012 por el gobernador, Juan Manuel Urtubey, del Partido Justicialista (PJ, peronista), que sólo fijaba la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de gestación y establecía como requisito la presentación previa de una denuncia policial y la intervención de la Justicia.
La difusión del caso provocó que hoy Urtubey firmara otro decreto para adecuar la norma provincial a la que rige a nivel nacional.
“Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015. En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, expresó Urtubey en una serie de tuits en los que anunció la medida.
Según había informado el Gobierno de Salta, y publicado el diario local El Tribuno, la asesora de Incapaces y Menores provincial, Patricia Gómez de González, había informado que la niña y su madre decidieron continuar con el embarazo.
El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entró en vigencia en 2015 a partir de un fallo dictado tres años antes por la Corte Suprema de Justicia argentina.
El máximo tribunal judicial del país había expresado que la interrupción del embarazo causado por una violación no es punible ni requiere de una autorización judicial o denuncia policial previa.
La Corte argentina había abordado el tema a partir de un reclamo efectuado por la familia de una adolescente de 15 años que había quedado embarazada tras haber sido violada por su padrastro.
Los jueces, además, no habían establecido un lapso de tiempo para la interrupción del embarazo y habían recomendado al Estado la implementación de un Protocolo a nivel nacional para abordar situaciones como las contempladas en el fallo.
A ese mecanismo debía adherir cada provincia, algo que Salta concretó recién hoy.
Según UNICEF Argentina, unos 3 mil nacimientos de los 700 mil que se registran cada año en el país son de madres menores de 15 años.
El caso se conoce mientras un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados argentina debate desde el 10 de abril pasado un proyecto de ley para legalizar el aborto en el país. Se espera que la iniciativa sea tratada por los legisladores el 13 de junio.
El debate del proyecto de ley motivó multitudinarias manifestaciones callejeras a favor y en contra.
El aborto es la primera causa de mortalidad materna en Argentina y cada año se registran 50 mil internaciones en hospitales públicos por casos de interrupción del embarazo, informó el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Se estima que cada año se practican cerca de 500 mil abortos clandestinos en Argentina.
