Raúl Calvo Barrera
Hay un asunto que se dejó a la libre determinación de las entidades federativas durante estas cuatro décadas de reformas electorales en México: la posibilidad de que ellas mismas establecieran el tamaño de sus asambleas legislativas sin una directriz de la federación.
El resultado fue un crecimiento desordenado del número de curules, sin una correspondencia lógica entre el número de habitantes de un estado con respecto a otro y la cantidad de cargos a elegir. Por ejemplo, Guerrero con 3.5 millones de habitantes cuenta con el cuarto congreso más grande del país (46 asientos), mientras Jalisco, con un poco más de 8 millones –más del doble de habitantes que Guerrero– tiene un Parlamento con apenas 38 curules. Otro caso es el de Morelos, con la asamblea más pequeña de México, al estar conformada por 20 curules y representar a casi 2 millones de habitantes; mientras Campeche, con casi la mitad de habitantes, conserva un congreso conformado por 35 asientos.
Esta disparidad hace necesaria una reconfiguración de la composición de los congresos estatales con base en un orden progresivo lógico. De ahí que la propuesta de reforma electoral del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada en el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero de 2024, buscara revertir esa desproporción al establecer la iniciativa un lineamiento claro en el sentido de que ninguna entidad federativa con menos de un millón de habitantes podría tener más de 15 diputaciones; y que por cada medio millón adicional, se incrementaría una diputación hasta un máximo de 45 asientos en las legislaturas estatales.
No obstante que el nuevo Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum deja intacto este rubro para enfocarse en la reducción presupuestaria de los congresos locales, sería conveniente replantearse el asunto para “poner orden” al crecimiento anárquico, desproporcional y hasta abusivo en la integración de las Legislaturas estatales.
Por cierto que de aplicarse esa propuesta, la única entidad subrepresentada sería el Estado de México, que con casi 17 millones de habitantes, le corresponderían 46 diputaciones, pero por el tope constitucional, sólo podría tener 45. Lo anterior, con base en el Censo de Población de 2020.
Actualmente Morena, por sí solo, sin alianzas, es el partido mayoritario en 25 congresos locales; la mayoría del partido gobernante es de dos tipos: en 14 casos es relativa, y en 11, absoluta. Esto significa que depende de sus aliados nacionales
o locales para aprobar determinadas decisiones legislativas. El PAN lo es en tres –Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato–, el PRI, en Coahuila; el PVEM, en San Luis Potosí; y MC, en Jalisco, pero en este último caso apenas controla el 29 % del total de la Cámara local.
En Nuevo León se registra un empate técnico porque tanto el PAN como el PRI cuentan con el mismo número de legisladores, pero entre ellos existe una alianza estratégica que genera el control de la asamblea. Únicamente en Aguascalientes el PAN detenta la mayoría absoluta; en los restantes casos los partidos mayoritarios distintos a Morena no poseen el 50% más uno de los votos en las Legislaturas.
Si a esto se suma que los gobiernos divididos en las entidades federativas son escasos (Durango, Querétaro y Nuevo León, como excepciones) con mayorías parlamentarias distintas al partido que detenta el Ejecutivo local, el panorama luce como una concentración de poder en la que las entidades son manejadas por las gubernaturas en alianza con los liderazgos partidarios de las coaliciones ganadoras en las lides electorales estatales.
Esta situación de predominancia de Morena y sus aliados en las entidades federativas ha sido posible, en parte, por la pérdida de confianza y apoyo ciudadano hacia los otrora partidos tradicionales. En la actualidad, el PAN y el PRI conservan cierta presencia como partidos casi testimoniales por las bondades de la representación proporcional. Por ejemplo, el PAN sólo ha podido ganar al menos un distrito local uninominal en 15 entidades federativas. El PRI, que era una organización partidaria con una presencia territorial en todo el país, ahora sólo es capaz de obtener la victoria en diputaciones locales de mayoría en apenas la tercera parte de los estados. Por su parte, el PRD, además de perder el registro como partido nacional, sobrevive en ocho entidades con triunfos distritales.
Quienes han salido beneficiados han sido los partidos de la coalición gobernante: tanto el PVEM como el PT hoy obtienen triunfos en distritos de mayoría en casi las 2/3 partes de los estados; y además son segunda fuerza legislativa en al menos una tercera parte de ellos.
Otro fenómeno observable es que partidos con registro local, que antes fueron de cáracter nacional como Nueva Alianza, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas o Encuentro Solidario, han ocupado los “vacíos de poder” locales dejados por la triada de las organizaciones partidistas que dominaron en el periodo de la transición democrática y hasta 2018. Algunos de estos partidos son los únicos que logran victorias de mayoría en estados como Hidalgo y Tlaxcala. En el caso de MC, es el segundo grupo parlamentario en dos estados: Campeche y Nuevo León.
Por ello, la desaparición de la representación proporcional tal como la conocimos para entrar en un modelo de los “mejores perdedores” –como ya ocurre en varias entidades del país como Baja california, Ciudad de México o Jalisco para la integración de sus Legislaturas– aplicado a nivel nacional por una futura reforma al artículo 116 de la Constitución federal, afianzaría la ventaja para el partido predominante y debilitaría el escenario pluripartidista en las regiones de México.
* Profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
