Vidulfo Rosales Sierra
El populismo punitivo es una estrategia política que consiste en utilizar el derecho penal para obtener dividendos electorales, partiendo de la premisa de que el aumento en la severidad de las penas reducirá los índices delictivos.
Los gobiernos autoritarios del pasado utilizaron esta estrategia. Se pensó que con la llegada de Morena al poder eso cambiaría, sobre todo porque dijeron que atenderían las causas generadoras de la violencia. Sin embargo, hemos visto que los diputados y senadores siguen legislando penas más severas.
Aumentaron la penalidad en los delitos de obstrucción a las vías de comunicación para hacer más punible las tomas de casetas, la falsificación o utilización indebida de facturas, el robo de hidrocarburos y otros delitos. Vemos a diputadas y diputados de Morena dando manotazos para ver quién sale a cuadro haciendo público que legislaron un aumento en las penas de algún delito. Ni qué decir de la prisión preventiva oficiosa que ha sido defendida a ultranza por el gobierno actual. De nada valieron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile que obligaron al Estado mexicano a quitarla de su marco normativo. Lo mismo ocurre con el amparo, que no procede contra reformas constitucionales, sólo contra leyes, pero el eventual fallo carece de efectos generales. A las fuerzas armadas le han dado facultades legales propias de las autoridades civiles, debilitando el andamiaje democrático.
En suma, se ha creado un entramado constitucional y legal sumamente punitivo: severidad de las penas, restricción de derechos y garantías y sobre todo se ha puesto en el centro la cárcel como solución a la violencia que azota el país.
La severidad de las penas y las políticas de “tolerancia cero” no son privativas de México. Desde los años 80 ganaron terreno en el escenario mundial ante la incapacidad de los estados del bienestar de mantener el orden social.
Antes de aquella década imperaba una corriente de opinión más liberal y garantista que pugnaba por una política de contención del delito basada en el trabajo social, reformas institucionales y programas de tratamientos, reivindicar soluciones punitivas ante la criminalidad era tanto como volver a la venganza privada. En aquellos momentos había quienes defendían que las sociedades humanas acabarían superando la reclusión como respuesta a las transgresiones de la norma, por el contrario, hoy día, con el auge del capitalismo, las cárceles se han convertido en la piedra angular de los mecanismos de control penal en todo el mundo.
En estas coordenadas se inscribe la política de “tolerancia cero” del alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani que junto con el jefe de departamento de policía de aquella ciudad William Bratton se enfocaron en perseguir a las personas sin hogar, prostitutas, grafiteros, así como la compra y venta de droga a pequeña escala. El jefe policiaco llamó “parásitos sociales” a las personas de estos estratos sociales. Los índices delictivos disminuyeron y muchas fundaciones consideraron a Bratton como celebridad de la criminología. Los logros en Nueva York fueron magnificados mediáticamente, ya que los mismos resultados se obtuvieron en ciudades como Boston y San Diego con estrategias de mediación y sin que la policía persiguiera a los pobres.
Esta visión punitiva estuvo más identificada con la derecha porque criminaliza a los pobres y las clases marginales. Allí las fuerzas represivas del estado ocupan los espacios públicos y ejercen un control sobre los desposeídos minando inconformidades y su organización social. Desde este prisma, la cárcel es el centro para la solución de la criminalidad y la violencia. Se cree falsamente que si metemos a la cárcel a los malos y por mucho tiempo tendremos entornos más seguros.
Paradójicamente en nuestro país un gobierno que se dice progresista está adoptando una política punitiva aumentando la severidad de las penas, utilizando la prisión preventiva oficiosa, dando mayores facultades a las fuerzas armadas en tareas que corresponden a autoridades civiles. La tendencia es llevar a más gente a la cárcel y por más tiempo, en franca contradicción con la estrategia de ataque a las causas que pregona esta administración.
¿Esa será la salida? ¿Hay que encerrar a todos los malos y si es por más tiempo mejor? ¿Pero nos hemos preguntado acaso si eso tiene algún efecto reeducativo en las personas que cometen delitos? La evidencia empírica muestra lo contrario, los reclusorios tienen sobrepoblación, los costos económicos del encarcelamiento masivo son muy altos, en varios reclusorios gobierna la población carcelaria convirtiéndose en epicentro de la actividad delictiva, un porcentaje importante de las llamadas de extorsión proceden de los centros penitenciarios.
La severidad de las penas, la prisión preventiva oficiosa, la restricción de los derechos y garantías, así como la militarización, son estrategias afines a la derecha. La izquierda debe prescindir de ellas y optar por atacar las causas estructurales de la violencia. La pobreza, marginación, la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, la ausencia de maestros, de escuelas y centros de salud en las comunidades, en suma, hay un vacío del Estado que es aprovechado por los grupos delictivos. Ni qué decir de la corrupción y el secuestro del gobierno municipal por los grupos delictivos que tienen gobiernos municipales enteros; esta circunstancia se pudo corroborar con las concentraciones masivas que realizaron en Chilpancingo en meses pasados, cuando se movilizaron algunas comunidades en demanda de supuestas obras sociales, allí por lo menos diez presidentes municipales hicieron acto de presencia movidos por intereses delincuenciales que nunca fueron investigados, los cuerpos de inteligencia del Ejército y del Cisen brillaron por su ausencia.
El ejemplo más claro nos lo da la CRAC-PC que ha logrado revertir en 90 por ciento la criminalidad en su territorio con una estrategia basada en la reeducación y el trabajo comunitario. En este sistema de justicia indígena las penas van de 3 meses a 30 años. Si el detenido tiene buena conducta y logra reeducarse puede obtener su libertad en menos tiempo, hasta ahora ningún detenido ha cumplido más diez años en prisión. El 70 por ciento de los sentenciados logran su reinserción volviendo a su comunidad para retomar su vida cotidiana sin delinquir.
Con mucho menos recursos la CRAC ha logrado disminuir los índices delictivos en su territorio creando entornos más seguros. Hoy es el único territorio en la entidad donde se puede transitar con toda tranquilidad, donde los pueblos viven en paz frente la violencia que se desborda en otras zonas como el Centro, Tierra Caliente y Acapulco. Así las cosas, la mano dura y el populismo punitivo son una salida en falso.
