
Chilpancingo, Guerrero, a 6 de enero de 2025.- La universitaria y activista por los derechos de las mujeres, Rosa María Gómez Saavedra urgió a que haya un modelo de atención y de referencia para que las dependencias que atienden las violencias de género tengan personal operativo vinculante, particularmente en vacaciones y días de asueto.
Lo anterior, para que familiares de mujeres desaparecidas se sientan escuchadas y reciban información del seguimiento de sus denuncias, más allá de la sola publicación de las fichas de búsqueda, y para evitar lo que le ocurrió a tres mujeres atacadas por un pariente el 26 de diciembre en Acapulco, que llamaron al número de emergencias 911 y ninguna patrulla de policías acudió a su auxilio, porque al ser día festivo, no estaban trabajando.
La coordinadora de la Red Feminista de Acapulco, Gabriela Candela Garzón confirmó que de manera recurrente reciben información de que el 911 no sirve para atender las violencias de género.
Dijo que de manera reciente tuvo conocimiento de un caso por una violencia familiar donde la víctima llamó al 911 por la madrugada, y la policía que acudió al llamado de emergencia básicamente la regañó.
En la consulta telefónica por separado sobre la enfermera del hospital general de Acapulco, Maura Alicia, que se reportó como desaparecida y luego muerta, asimismo de la enfermera en Iguala, de nombre Ana, y de la desaparición de Jennifer Moya Rendón, cuyos familiares y amigos protestaron en Acapulco por su presentación, coincidieron en que falla la articulación institucional.
La profesora del Instituto de Estudios Políticos Avanzados, Gómez Saavedra señaló que todas las corporaciones policiacas, del Ejército y demás instituciones que participan en la detención de quienes incurren en algún delito, deben tener conocimiento de qué hacer para que las víctimas sean atendidas correctamente.
Indicó que el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) tiene presupuesto federal para generar estos procesos en un modelo de atención y de referencia, para la atención de las víctimas que piden ayuda particularmente en días de asueto y vacaciones, cuando las oficinas sólo tienen personal de guardia.
Así como en la atención de casos de mujeres desaparecidas, que después de la alerta que se publica en redes sociales no hay instancia que responda, o quién atienda a los familiares.
“La atención a las familias ayudaría a que se sintieran escuchadas y que estén informadas de la denuncia que han hecho. Pero lo que sucede con las familias que presentan denuncias, después de que les tomaron los datos en la denuncia, es que se sienten con ansiedad, toman las calles, hacen los mítines para que les informen”.
Consideró el modelo de atención y referencia, “como una cadena donde la víctima reciba atención y donde los agresores sepan que no va a haber impunidad, que se va a ejercer sobre ellos la ley, a fin de que puedan dejar de violentar a las mujeres en sus distintas condiciones”.
Aclaró que los municipios con Alerta de Violencia de Género desde 2017, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ometepec, Zihuatanejo, Ayutla de los Libres, Tlapa, Coyuca de Benítez y Chilapa, ya deberían contar con este modelo de atención y referencia, así como el resto de los municipios que registran los distintos tipos de violencias de género.
Aumentan las desapariciones entre diciembre y enero
Candela Garzón informó que a lo largo del año se observan aumentos y disminuciones en las denuncias de mujeres desaparecidas, y entre diciembre de 2024 y lo que va de enero de 2025 han notado un pico en los reportes que se difunden en las redes sociales.
Mencionó el caso de Jennifer Moyao Rendón que salió en el autobús de Acapulco a Chilpancingo, como miles de personas recurren al servicio público, y ahora se desconoce su paradero.
Insistió en que las autoridades sean más eficientes y eficaces en sus acciones, “sabemos que las búsquedas se deben hacer en las primeras horas, las más importantes siempre para encontrar a las desaparecidas, y lamentablemente muchas aparecen sin vida, como la enfermera de Iguala”.
Pidió que las instituciones evalúen la actuación y la capacitación del personal, los recursos y sus estrategias, porque si bien, confirmó que las redes sociales son importantes para difundir los casos, no es el único medio de búsqueda que deben aplicar.
Criticó las actuaciones de las policías que acuden a los llamados de desaparición, extorsión o violencia de género, que no saben que 70 por ciento de las mujeres han sido violentadas, cerca de 40 por ciento por sus parejas, y la mitad por familiares cercanos, de acuerdo con los instrumentos de diferentes instituciones nacionales e internacionales.
Víctimas amplían denuncia de amenaza y golpes
Tras la publicación en El Sur de la denuncia de tres mujeres golpeadas por un familiar, que no recibieron auxilio durante la agresión, tampoco fueron canalizadas a un refugio de víctimas de violencia extrema, y donde la agencia del Ministerio Público las apuró para terminar la declaración, por días festivos, Gómez Saaavedra informó que supo del caso y le dio acompañamiento.
Recordó que dos de ellas vienen de la Ciudad de México a visitar a sus padres en Acapulco, y fueron agredidas por un hermano de una e hijo de la otra.
Puntualizó que las mujeres recibieron el apoyo de un vecino para trasladarse al IMSS donde les dieron atención médica, pero no les aplican un cuestionario que establece la Norma 046, que comienza por determinar la causa de las lesiones. Un documento que serviría en la denuncia.
Cuando llegaron al MP tampoco recibieron facilidades cómo víctimas, porque refieren que las apuraron a hacer la declaración, y no les dieron tiempo de relacionar los hechos de violencia que han vivido con anterioridad.
En este contexto, informó que el viernes realizaron una ampliación de la denuncia en la agencia del Ministerio Público, donde tampoco tuvieron ningún asesor jurídico que las atendiera.
Aclaró que las víctimas son familiares de una integrante de los colectivos de desaparecidos de la guerra sucia, que pidieron acompañamiento precisamente porque no tenían acompañamiento jurídico.
Precisó que ya fueron atendidas y después de varias horas de declaración las autoridades les pidieron ir al otro día para darles copia del expediente, a fin de fortalecer la denuncia que tiene otro familiar de ellas, agredido por el mismo agresor, y que lo dejó con invalidez permanente.
Señalaron que tuvieron mucho miedo porque además de las agresiones físicas y verbales, hubo una amenaza con una pistola, elementos que deberían configurar tentativa de femicidio.
Gómez Saavedra subrayó que en días de asueto las instituciones que atienden violencia deben contar con guardias permanentes y personal capacitado que tenga posibilidad de atender de manera específica a las víctimas.
Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Ramón Gracida / Archivo


