Regirá la medida del 16 de octubre al 3 de noviembre, pues hay cinco trabajadores con síntomas de Covid-19. “Es para garantizar, en lo posible, la salud de los trabajadores y del público que acude a atender sus asuntos”, explican ambas instancias
Chilpancingo, Guerrero, 19 de octubre de 2020. A raíz de que se han incrementado los contagios de Covid-19 entre el personal de varios juzgados y salas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado y el Consejo de la Judicatura ampliaron, del 16 de octubre al 3 de noviembre, las medidas sanitarias, entre éstas, trabajar sin atención al público.
El acuerdo fue aprobado el 15 de octubre por los integrantes de ambas instancias y se encuentra publicado en la página del TSJ.
El 5 de octubre, el Consejo de la Judicatura aprobó el acuerdo mediante el que se establecieron las “medidas especiales de trabajo”, en los juzgados y salas de primera instancia y de paz en materia civil y familiar, del distrito judicial de Tabares y de la Segunda Sala Penal Colegiada del TSJ.
Los magistrados fijaron las medidas “para garantizar, en lo posible, la salud de los trabajadores y del público que acude a atender sus asuntos; así como de los abogados y minimizar los riesgos de propagación del virus SARS-CoV-2.
El acuerdo se aprobó a raíz de que la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, informó al consejo que había cinco personas con síntomas de Covid-19 y con base en ello, el consejo aprobó las medidas consistentes en realizar el trabajo sin atención al público.
El 11 de octubre, epidemiólogos de la Jurisdicción 07 de Acapulco realizaron una inspección en el edificio Alberto Vázquez del Mercado del fraccionamiento Las Playas, para verificar las medidas sanitarias que se aplican y derivado de ello “se hicieron algunas recomendaciones adicionales a las ya establecidas”.
Añade que “se tiene conocimiento que en varios órganos jurisdiccionales se han incrementado los contagios confirmados, y probables contagios del SARS-CoV-2 entre trabajadores”.
De acuerdo con el documento, se han encontrado casos en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tecpan, Ometepec, Tlapa, Coyuca de Catalán y Arcelia.
El organismo atribuye los contagios en estos centros de trabajo al “mayor número de asuntos que se atienden”, porque “hay más movilidad de personas judiciales”, es decir, público que llega en busca de que se resuelvan sus asuntos.
El acuerdo agrega que “sin demérito de la prestación del servicio de impartición de justicia”, aunque “con las limitaciones que dichas medidas conllevan por su propia naturaleza”.
Explica que “se trata de garantizar la salud de unos y otros, ante la probabilidad de que por los brotes de la pandemia, en los centros de trabajo de éste poder Judicial, se extiendan”.
Las medidas aprobadas se pondrán en marcha durante dos semanas, porque, de acuerdo con el documento, “es el tiempo que las autoridades de salud recomiendan a las personas que pudieran haberse contagiado con el virus, para que estén resguardas en sus domicilios”.
El acuerdo del Consejo de la Judicatura y del TSJ precisa que del 15 de octubre al 3 de noviembre se trabajará sin atención al público “excepto en los casos urgentes contemplados en el acuerdo general del 20 de marzo”.
Aclara que los días de este periodo serán laborables para el personal del tribunal, pero no correrán plazos ni términos procesales. “Éstos comenzarán a transcurrir a partir del 4 de noviembre”.
Además, no se celebrarán audiencias, “salvo, y en todo caso, en los asuntos urgentes, teniendo en cuenta las medidas de control, sanidad y demás logística de trabajo”.
Las audiencias orales, que en su caso se celebren, serán sin acceso al público y sólo podrán ingresar a las mismas e intervenir en ellas un solo abogado por cada una de las partes.
Se recibirán en la Oficialía de Partes todo tipo de escritos, tales como demandas y promociones de cualquier naturaleza, “sin embargo, se seguirán despachando inmediata y completamente sólo asuntos urgentes”, dice el acuerdo.
Indica que el trabajo presencial se realizará con un máximo del 30 por ciento del personal, y que el resto realizará trabajo a distancia.
“Estas medidas afectan, sin duda, el servicio de impartición de justicia; sin embargo, como se ha sostenido siempre, se trata de privilegiar ante todo la salud”, argumenta el acuerdo.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
