
Gaspard Estrada
A solo seis meses de las próximas elecciones, Perú se encuentra sumido en su enésima crisis política. En cuestión de horas, los congresistas destituyeron a una de las presidentas más impopulares del mundo, Dina Boluarte, y nombraron a su séptimo líder en nueve años. Boluarte fue destituida en un rápido juicio político tras el ataque a tiros perpetrado contra un grupo de músicos de cumbia que actuaban en un escenario de Lima. Este drama fue considerado como la gota que colmó el vaso tras una serie de ataques contra artistas y empresarios por parte de bandas de extorsionadores.
A diferencia de la destitución de su predecesor de izquierda, Pedro Castillo, en diciembre de 2022, la destitución de la sumamente impopular Boluarte no provocó protestas. En efecto, ella dejó el cargo con un índice de desaprobación del 96 por ciento, según la empresa de sondeos Ipsos, solo superado por el del Congreso, con un 89 por ciento.
Su destitución se produce tras meses de protestas de empresas de autobuses, comerciantes y, más recientemente, estudiantes, por los chantajes de las bandas criminales y los ataques a quienes se niegan a pagar la cuota de protección. El nombramiento del presidente del Congreso, José Jeri, como presidente interino no logró apaciguar la ira en Lima contra una clase política considerada ineficaz y corrupta. La extorsión y los asesinatos por encargo han sido una constante en la vida cotidiana de este país sudamericano. Bandas como Los Pulpos y el Tren de Aragua de Venezuela, que opera en toda América Latina, secuestran a personas de todos los ámbitos sociales para pedir rescate. En Perú, los casos denunciados de extorsión se dispararon de 2 mil 396 en 2023 a 15 mil 336 en 2024, lo que supone un aumento del 540 por ciento. Al menos 47 conductores de autobús han sido asesinados este año en ataques atribuidos a bandas de extorsionadores.
En marzo, el Congreso destituyó al ministro del Interior después de que el cantante de cumbia Paul Flores fuera asesinado a tiros por sicarios al salir de un concierto en Lima. Con cada nuevo ataque, los partidos que habían apoyado a Boluarte en el Congreso se volvieron más críticos con su gobierno. Lima lleva meses convulsionada por las protestas y huelgas contra la violencia, a las que se han sumado en los últimos fines de semana los miembros de un colectivo juvenil de la Generación Z. Al menos 74 personas han resultado heridas en las protestas. Jeri, el presidente interino, ha intentado calmar los ánimos prometiendo “declarar la guerra” al crimen organizado. Sin embargo, está prevista una nueva jornada de manifestaciones para la próxima semana. Jeri ha prometido liderar un gobierno de transición hasta las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero dada la volatilidad de la política peruana, es posible que los votantes puedan considerar que la espera es demasiado larga.
Para quienes observan toda la región, eso es algo difícil de asimilar. Todos nos enfocamos en los presidentes y sus acciones. Por lo general, se considera que los congresos son meros sellos de goma del presidente o una fuerza moderadora o de control del poder ejecutivo. Es raro ver una legislatura que sea mucho más poderosa que el ejecutivo, capaz de anularlo o destituirlo a su antojo, y que además socave al poder judicial y a las instituciones reguladoras. En el mejor de los casos, esto ha dejado a Perú sin rumbo en materia de políticas. En el peor de los casos, Perú está en camino de convertirse en un régimen político con un presidente impopular que preside un Congreso que gobierna a su antojo y casi sin ningún control sobre su propio poder.
A medida que Perú se acerca a las elecciones de 2026, surge una seria pregunta sobre por qué alguien quisiera ser presidente. ¿Por qué presidir un país durante unos años (o meses) en el que realmente no se controla la agenda y en el que es probable que se termine en la cárcel cuando termine el mandato? Los analistas deberían empezar a preguntarse si el sistema que se está construyendo en Perú es uno que se define mejor por no centrarse en la presidencia y requiere un marco diferente al de sus vecinos para entenderlo. Perú podría convertirse en la primera oligarquía parlamentaria de América Latina, un caso atípico en una región caracterizada por el poder ejecutivo y la extralimitación presidencial.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics
X: @Gaspard_Estrada


