Saúl Escobar Toledo
El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), con sede en la UNAM, publicó recientemente un documento en el que llama a discutir un conjunto de medidas para darle un giro a la política económica. Esta propuesta responde a un diagnóstico de la situación actual: a estas alturas del año pueden observarse ya los serios daños sociales infligidos por la disrupción. Como sabemos, el resguardo obligado de las personas detuvo la economía y ello causó que millones de personas dejaran de recibir ingresos por su trabajo. Sin embargo, el gobierno no llevó a cabo las medidas suficientes de apoyo para compensar esas pérdidas. El resultado es fácil de adivinar: muchos hogares se han empobrecido rápidamente. Se ha calculado que entre 10 y 16 millones de personas en el mes de abril vieron caer sus haberes al punto de no poder adquirir la canasta básica alimentaria, situación que se ha prolongado para muchos de ellos durante mayo, junio y julio. Y si bien es cierto que cada vez hay más trabajadores que se reintegran a sus labores, las pérdidas ocasionadas no han sido reparadas.
No sólo eso, la ausencia de respaldo ha llevado a muchas personas a abandonar su enclaustramiento para buscar el sustento. Ello, a su vez, pone en mayor peligro a la población. El documento considera que esta dinámica puede corregirse y que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos que se pueden conseguir al mismo tiempo, y no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro.
El GNCD reconoce los avances obtenidos antes de la crisis sanitaria: hubo un importante incremento de los salarios mínimos y contractuales (aunque en menor medida); se amplió el derecho a una pensión básica para adultos mayores; y se extendieron apoyos a otros grupos vulnerables. Pero la situación cambió de manera extraordinaria y, sin embargo, la política económica no lo hizo.
Esta situación –dice este colectivo– debe corregirse. Para ello se propone una estrategia de emergencia para lo que resta de 2020 y para 2021. Este nuevo rumbo podría devolver a las familias algo de lo perdido y, sobre todo, evitar que la reactivación económica sea más lenta.
Dado que los programas sociales vigentes no son ya suficientes, se requieren medidas inmediatas para proteger a los trabajadores formales que han quedado desempleados o subocupados, y a los informales que han visto caer sus ingresos. El escrito insiste en que los más afectados han sido los que ganaban los salarios más bajos y por lo tanto son los más susceptibles de caer en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema.
El Grupo hace énfasis en que la reactivación de la economía no puede descansar únicamente en la dinámica del mercado. Tanto el consumo privado como la inversión pueden recuperarse muy lentamente si no hay una acción decidida del estado. Es decir, si no hay fuerte impulso fiscal. Por ello, se señala que:
Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de hogares y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público. Esto supone incrementar el déficit público para 2020 y un presupuesto para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso.
Y agrega que, para sufragar lo anterior, se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a un financiamiento directo del Banco de México. Adicionalmente, el sistema bancario puede cooperar con la recuperación otorgando más crédito a empresas y personas y apoyando directamente al gobierno. Un mayor gasto público no debe, necesariamente, convertirse en una deuda impagable y en una carga insoportable para las futuras generaciones.
Precisamente porque un mayor endeudamiento debe llevarse a cabo con prudencia, se hace indispensable una mayor cooperación entre la autoridad fiscal y monetaria. Con ello se puede lograr, de manera responsable, robustecer el sector salud; apoyar a las familias que sufrieron despidos o recortes en sus remuneraciones; y respaldar, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas con apoyos directos, no sólo créditos (hasta hoy de baja cuantía). Además, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas legales para implementar un seguro de desempleo; un ingreso básico para los más pobres y afectados; y el fortalecimiento de la banca de desarrollo (hoy extrañamente congelada), así como una política industrial y regional que no descanse única y pasivamente en las supuestas bondades del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
Se necesita, también, un programa emergente de inversión en infraestructura. Otra vez, lo que se ha planeado (el aeropuerto, la refinería, los trenes), no es suficiente. Según las cifras oficiales publicadas hace unos días, la inversión del sector público física (obras, equipo y maquinaria) ha aumentado en términos reales en 16 por ciento pero en algunos rubros se han visto caídas (seguridad nacional; protección ambiental; recreación y cultura; sector agropecuario, silvicultura, y pesca) a cambio de otros renglones que han aumentado (salud; desarrollo económico; y energía).
El endeudamiento adicional debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, dice el documento, resulta impostergable una reforma fiscal. Una reforma, precisa el manifiesto, que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable y que sea producto de un pacto entre los actores políticos y sociales y los agentes económicos. La innegable fuerza del presidente, otorgada por las urnas en 2018, debe y puede servir para conseguir este acuerdo.
El escrito aquí comentado termina con una convocatoria:
“El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la recuperación económica y social. Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional”.
No podemos perder más tiempo. Una política basada en la contención y recortes indiscriminados del gasto corriente; el equilibrio de las finanzas públicas; y el ahorro, objetivos que en tiempos normales o de bonanza podría ser aconsejables, no lo son en estas circunstancias tan dramáticas.
El gobierno puede presumir que, pese a la adversidad, el balance presupuestario pasó de -311 miles de millones de pesos (programado) a -319 (ejercido en el primer semestre), es decir un muy ligero aumento del déficit, de apenas 8 mmp. Pero eso ¿de qué sirve cuando la desigualdad y la pobreza se exacerban? El Estado mexicano y, en primer lugar, el presidente de la República, tienen que reconocer que hay una deuda más importante que la que se registra en las finanzas públicas. El faltante que han sufrido, sufren y lamentablemente seguirán sufriendo millones de mexicanos es un asunto prioritario. No sólo desde el punto de vista de la responsabilidad social sino también pensando en el futuro. Si algo se ha aprendido de las crisis del capitalismo en estos últimos cien años es que no se puede confiar en las leyes del mercado. Es, pues, la hora de la política, de la toma de decisiones, del cambio de rumbo.
Nota: el GNCD es un colectivo plural compuesto por hombres y mujeres de experiencias, formaciones e inclinaciones políticas diversas. Ha trabajado en torno a los problemas del desarrollo desde hace más de diez años y ha producido varios libros, ensayos, y documentos. La lista completa de integrantes del Grupo y sus publicaciones están disponibles en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx
saulescobar.blogspot.com
