Caracas, Venezuela, 22 de febrero de 2019. Venezuela vive una grave crisis humanitaria de la que sin embargo no hay cifras oficiales, pero que viene demostrada por el hecho de que 3.4 millones de venezolanos hayan abandonado el país en los últimos años.
El presidente encargado del país, el opositor Juan Guaidó, ha hecho de la entrada de asistencia humanitaria al país su principal caballo de batalla para lograr la salida del “usurpador” Nicolás Maduro de la presidencia, sin que por el momento esté claro cómo logrará su objetivo.
En las últimas semanas, varios países, entre ellos Estados Unidos, han enviado toneladas de ayuda a Cúcuta, una ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela, mientras que también se ha acumulado asistencia para su entrada en el país en Brasil y Curazao. Guaidó ha prometido que la ayuda comenzará a entrar en el país este sábado y tiene la intención de llegar hasta la frontera para presenciar cómo esto ocurre.
Sin embargo, sigue sin estar claro cómo el también presidente de la Asamblea Nacional va a conseguir forzar la entrada de la asistencia humanitaria, habida cuenta de que el presidente Nicolás Maduro ha dejado claro que no lo tolerará e incluso ha amenazado con cerrar la frontera con Colombia, tras hacer lo propio este jueves con Brasil.
Como recuerda Phil Gunson, analista del think-tank International Crisis Group (ICG), “en virtud del Derecho Internacional, los gobiernos deben dar su consentimiento para la distribución de alimentos y suministros médicos cuando la supervivencia de la población está amenazada, pero sólo si la ayuda es de naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial”.
Un requisito que en este caso muchas organizaciones humanitarias han puesto en tela de juicio. En un comunicado publicado este jueves, más de 70 ONG y grupos de la sociedad civil venezolanos han defendido que “cualquier esfuerzo para proporcionar ayuda humanitaria a la población venezolana debe organizarse con el fin de maximizar los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad posible de personas de una manera que evite hacer daño e independientemente de consideraciones políticas”.
Estas organizaciones han recordado que “el régimen de Maduro no ha impedido por completo que la comunidad internacional envíe ayuda”, puesto que las ONG locales han recibido apoyo en los últimos años de Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), así como de agencias de la ONU.
Participación de organizaciones internacionales
Dada su “experiencia técnica”, han considerado que estas organizaciones “deben ser consultadas de manera continua con respecto a cualquier iniciativa humanitaria” en Venezuela y han compartido las preocupaciones expresadas por las mismas en cuanto a la distinción entre “la ayuda humanitaria de otras actividades de naturaleza política, ideológica o militar”.
En este sentido, las organizaciones firmantes, entre las que hay también media docena de organizaciones internacionales como LA Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han sostenido que “la ayuda debe planificarse, organizarse y distribuirse en estrecha coordinación con las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que tengan experiencia en tales operaciones”.
Sin embargo, las grandes agencias humanitarias se han desmarcado por ahora de participar en el eventual reparto masivo de esta ayuda. Hace dos semanas, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, ya dejó claro que el organismo, que trabaja dentro de Venezuela junto con la Cruz Roja Venezolana, prefiere mantenerse “alejado de la controversia política y las divisiones políticas que caracterizan a la crisis en Venezuela”.
Para el CICR, que tiene en su neutralidad una de sus principales señas de identidad, “lo importante es estar del lado de la gente y que nuestra ayuda sea lo más útil posible para los venezolanos”, aclaró una portavoz del organismo.
La ayuda humanitaria busca salvar vidas
Tampoco las ONG internacionales que trabajan en Colombia ven claros los motivos detrás del envío de la ayuda humanitaria. Así, 15 organizaciones entre las que figuraban Oxfam, Consejo Noruego para los Refugiados (ACNUR), Médicos del Mundo y Save the Children, han reclamado que se mantenga “el carácter humanitario de la ayuda para salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restaurar y proteger los Derechos Humanos y preservar la dignidad de las personas” afectadas por esta crisis.
En una carta dirigida al Gobierno de Colombia, las embajadas, las agencias de la ONU y el público en general, expresaron “sus preocupaciones por los métodos” mediante los que se prevé la entrada de la ayuda en Venezuela desde Colombia.
El argumento esgrimido por las ONG internacionales, y que también han recordado las organizaciones venezolanas, es que labor humanitaria se sustenta en los principios de “humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”.
“Cualquier potencial uso político puede generar riesgos, en particular para aquellos a los que está destinada la ayuda, si este uso no se basa en criterios objetivos y técnicos”, previnieron las ONG en su misiva del 8 de febrero. “Los estados no deben regular” el trabajo de las ONG y se debe preservar “el carácter civil, no militar, de la ayuda humanitaria”, subrayaron.
Así las cosas, la clave de lo que suceda este sábado la tendrían las fuerzas de seguridad venezolanas, a las que Guaidó lleva pidiendo reiteradamente que den la espalda a Maduro y permitan que la ayuda entre en el país. Según asegura Gunson en su artículo, fuentes opositoras sostienen que cualquier intento por impedir la entrada de la ayuda podría considerarse “crimen contra la humanidad, independientemente de si se emplea la violencia”.
Maduro, por su parte, es consciente de lo delicado de su situación. El mandatario ha denunciado que Estados Unidos lo que pretende es llevar a cabo una intervención militar con la excusa de la ayuda humanitaria. El presidente se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis en el país, entre otras cosas porque el régimen bolivariano tiene en la ayuda a los más pobres uno de sus principales baluartes y permitir que se les reparta ayuda sería reconocer que no está cumpliendo con su obligación.
En las últimas semanas, varios países, entre ellos Estados Unidos, han enviado toneladas de ayuda a Cúcuta, una ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela, mientras que también se ha acumulado asistencia para su entrada en el país en Brasil y Curazao. Guaidó ha prometido que la ayuda comenzará a entrar en el país este sábado y tiene la intención de llegar hasta la frontera para presenciar cómo esto ocurre.
Sin embargo, sigue sin estar claro cómo el también presidente de la Asamblea Nacional va a conseguir forzar la entrada de la asistencia humanitaria, habida cuenta de que el presidente Nicolás Maduro ha dejado claro que no lo tolerará e incluso ha amenazado con cerrar la frontera con Colombia, tras hacer lo propio este jueves con Brasil.
Como recuerda Phil Gunson, analista del think-tank International Crisis Group (ICG), “en virtud del Derecho Internacional, los gobiernos deben dar su consentimiento para la distribución de alimentos y suministros médicos cuando la supervivencia de la población está amenazada, pero sólo si la ayuda es de naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial”.
Un requisito que en este caso muchas organizaciones humanitarias han puesto en tela de juicio. En un comunicado publicado este jueves, más de 70 ONG y grupos de la sociedad civil venezolanos han defendido que “cualquier esfuerzo para proporcionar ayuda humanitaria a la población venezolana debe organizarse con el fin de maximizar los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad posible de personas de una manera que evite hacer daño e independientemente de consideraciones políticas”.
Estas organizaciones han recordado que “el régimen de Maduro no ha impedido por completo que la comunidad internacional envíe ayuda”, puesto que las ONG locales han recibido apoyo en los últimos años de Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), así como de agencias de la ONU.
Participación de organizaciones internacionales
Dada su “experiencia técnica”, han considerado que estas organizaciones “deben ser consultadas de manera continua con respecto a cualquier iniciativa humanitaria” en Venezuela y han compartido las preocupaciones expresadas por las mismas en cuanto a la distinción entre “la ayuda humanitaria de otras actividades de naturaleza política, ideológica o militar”.
En este sentido, las organizaciones firmantes, entre las que hay también media docena de organizaciones internacionales como LA Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han sostenido que “la ayuda debe planificarse, organizarse y distribuirse en estrecha coordinación con las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que tengan experiencia en tales operaciones”.
Sin embargo, las grandes agencias humanitarias se han desmarcado por ahora de participar en el eventual reparto masivo de esta ayuda. Hace dos semanas, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, ya dejó claro que el organismo, que trabaja dentro de Venezuela junto con la Cruz Roja Venezolana, prefiere mantenerse “alejado de la controversia política y las divisiones políticas que caracterizan a la crisis en Venezuela”.
Para el CICR, que tiene en su neutralidad una de sus principales señas de identidad, “lo importante es estar del lado de la gente y que nuestra ayuda sea lo más útil posible para los venezolanos”, aclaró una portavoz del organismo.
La ayuda humanitaria busca salvar vidas
Tampoco las ONG internacionales que trabajan en Colombia ven claros los motivos detrás del envío de la ayuda humanitaria. Así, 15 organizaciones entre las que figuraban Oxfam, Consejo Noruego para los Refugiados (ACNUR), Médicos del Mundo y Save the Children, han reclamado que se mantenga “el carácter humanitario de la ayuda para salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restaurar y proteger los Derechos Humanos y preservar la dignidad de las personas” afectadas por esta crisis.
En una carta dirigida al Gobierno de Colombia, las embajadas, las agencias de la ONU y el público en general, expresaron “sus preocupaciones por los métodos” mediante los que se prevé la entrada de la ayuda en Venezuela desde Colombia.
El argumento esgrimido por las ONG internacionales, y que también han recordado las organizaciones venezolanas, es que labor humanitaria se sustenta en los principios de “humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”.
“Cualquier potencial uso político puede generar riesgos, en particular para aquellos a los que está destinada la ayuda, si este uso no se basa en criterios objetivos y técnicos”, previnieron las ONG en su misiva del 8 de febrero. “Los estados no deben regular” el trabajo de las ONG y se debe preservar “el carácter civil, no militar, de la ayuda humanitaria”, subrayaron.
Así las cosas, la clave de lo que suceda este sábado la tendrían las fuerzas de seguridad venezolanas, a las que Guaidó lleva pidiendo reiteradamente que den la espalda a Maduro y permitan que la ayuda entre en el país. Según asegura Gunson en su artículo, fuentes opositoras sostienen que cualquier intento por impedir la entrada de la ayuda podría considerarse “crimen contra la humanidad, independientemente de si se emplea la violencia”.
Maduro, por su parte, es consciente de lo delicado de su situación. El mandatario ha denunciado que Estados Unidos lo que pretende es llevar a cabo una intervención militar con la excusa de la ayuda humanitaria. El presidente se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis en el país, entre otras cosas porque el régimen bolivariano tiene en la ayuda a los más pobres uno de sus principales baluartes y permitir que se les reparta ayuda sería reconocer que no está cumpliendo con su obligación.
La ONU eleva a 3.4 millones los venezolanos que han abandonado el país
Un total de 3.4 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años y residen en distintas partes del mundo, principalmente en los países de la región, según los últimos datos publicados este viernes por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Según las agencias de la ONU, unos 5 mil venezolanos abandonaron el país de media cada día en 2018 “en busca de protección y una vida mejor” ante la grave crisis política, económica y social en la que se encuentra inmersa Venezuela.
De ese total, 2.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en los países latinoamericanos y del Caribe. En la actualidad, Colombia es el principal país de acogida, con más de 1.1 millones, seguido por Perú (506 mil), Chile (288 mil), Ecuador (221 mil), Argentina (130 mil) y Brasil (96 mil).
Según resaltan ACNUR y OIM, los países latinoamericanos han concedido 1.3 millones de permisos de residencia y otras formas de estatus regular a venezolanos, además de reforzar sus sistemas de asilo para procesar un número sin precedentes de solicitudes. En total, desde 2014 se han presentado 390 mil solicitudes de asilo por parte de venezolanos, 232 mil de las cuales sólo el último año.
“Los países de la región han mostrado una tremenda solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela y puesto en marcha soluciones resueltas para ayudarles”, ha destacado el representante especial para esta crisis de ACNUR y la OIM, Eduardo Stein.
No obstante, ha subrayado que “estas cifras ponen de manifiesto la presión sobre las comunidades de acogida y la continuada necesidad de apoyo por parte de la comunidad internacional en un momento en que la atención mundial está centrada en los acontecimientos políticos dentro de Venezuela”.
Según las agencias de la ONU, unos 5 mil venezolanos abandonaron el país de media cada día en 2018 “en busca de protección y una vida mejor” ante la grave crisis política, económica y social en la que se encuentra inmersa Venezuela.
De ese total, 2.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en los países latinoamericanos y del Caribe. En la actualidad, Colombia es el principal país de acogida, con más de 1.1 millones, seguido por Perú (506 mil), Chile (288 mil), Ecuador (221 mil), Argentina (130 mil) y Brasil (96 mil).
Según resaltan ACNUR y OIM, los países latinoamericanos han concedido 1.3 millones de permisos de residencia y otras formas de estatus regular a venezolanos, además de reforzar sus sistemas de asilo para procesar un número sin precedentes de solicitudes. En total, desde 2014 se han presentado 390 mil solicitudes de asilo por parte de venezolanos, 232 mil de las cuales sólo el último año.
“Los países de la región han mostrado una tremenda solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela y puesto en marcha soluciones resueltas para ayudarles”, ha destacado el representante especial para esta crisis de ACNUR y la OIM, Eduardo Stein.
No obstante, ha subrayado que “estas cifras ponen de manifiesto la presión sobre las comunidades de acogida y la continuada necesidad de apoyo por parte de la comunidad internacional en un momento en que la atención mundial está centrada en los acontecimientos políticos dentro de Venezuela”.
Texto: Europa Press / Foto: DPA
