Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 11 de junio de 2018. La Organización no Gubernamental (ONG) Alto al Secuestro interpondrá una serie de amparos en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre el caso Ayotzinapa y la creación de una comisión de la verdad.
De acuerdo con el abogado Samuel González, asesor jurídico de Alto al Secuestro, la organización interpondrá distintos amparos en contra de la resolución del tribunal, a la cual calificó como aberrante, ya que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear la comisión de la verdad.
“Meteremos distintos amparos de manera indirecta o directa contra esta resolución, porque la Ley de Amparo permite meter amparos cuando existe interés legítimo y Alto al Secuestro tiene interés legítimo en que esa sentencia no exista en el orden jurídico mexicano”.
Ex funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), González señaló que el contenido de la sentencia rompe con los esquemas de la Carta Magna y tratados internacionales, por lo que puede ser atacable por la vía del amparo y de la controversia constitucional.
“Supongamos que se siguen todas las líneas que dio el Colegiado, ¿saben qué sucedería?, que nada de lo que ese comité, esa comisión de justicia y verdad haga, cumple con el procedimiento penal mexicano y por tanto todas sus actuaciones son nulas.
“Es decir, no puede haber debido proceso para el imputado ni para la víctima en las condiciones que la sentencia propone, no lo puede haber porque ya estaría viciado, porque es inconstitucional”, dijo González, asesor jurídico de Alto al Secuestro, organización que dirige Isabel Miranda de Wallace.
De locos, fallo de Ayotzinapa: Wallace
Por su lado, la activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Por lo tanto, la organización Alto al Secuestro, que preside Miranda de Wallace, interpondrá amparos en contra de dicha sentencia al considerar que su contenido es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales.
“Lo que no estamos de acuerdo es que cada vez se le reste más potencia al Estado; es decir, que el Estado pierda facultades para poder investigar. Esta sentencia que acaba de emitir este colegiado de tamaulipas es de locos, es como si viviéramos en otro mundo.
“Yo estoy en contra, nos oponemos, me parece que no podemos dejar a nuestra Constitución en segundo término, me opongo a ello y me parece que lejos de fortalecer a nuestro País y a nuestras instituciones lo que hace es debilitarlo”, afirmó la presidenta de Alto al Secuestro.
En un hecho inédito, el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear —en 10 días— una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la Federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia, Wallace sostuvo que, contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones del caso.
“Lo digo con mucho respeto, pero de manera muy enérgica: estamos en contra de cómo se dictó esta sentencia, de cómo se trata de librar a estos delincuentes de su responsabilidad. La política ha estado permeando permanentemente este caso”, criticó la activista.
Miranda de Wallace consideró que la organización Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes que han sido detenidos y procesados.
Si alguien torturó a personas detenidas por este caso, abundó la activista, que pague conforme a Derecho, pero que eso no sea un pretexto para liberar en automático a delincuentes.
La historia o el antecedente:
En un hecho inédito, la semana pasada el tribunal ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estaría integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.
