El problema se había mantenido invisibilizado, reprocha el funcionario federal en un foro. En el caso de Guerrero se debe considerar “el elemento paramilitar”, plantean. Proponen la revisión de concesiones mineras vigentes. Desde hace muchos años ha venido acrecentándose “por el efecto de la colusión entre crimen organizado, las autoridades y las empresas”, señala la asesora para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos, Clara Jusidman.
Acapulco, Guerrero, 6 de septiembre 2019. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez anunció que posiblemente este mes el gobierno federal impulsará una ley de desplazamiento forzado, “para establecer el marco normativo que nos permita la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, definir las responsabilidades del Estado en esta materia, salvaguardar las garantías y derechos de las personas que se han visto obligadas a salir de su lugar de origen, para ir a fondo a la atención y solución de este problema”.
Llamó a los congresos de los estados a que en el momento necesario aprueben la propuesta, con plena conciencia de la dimensión y el enorme reto que significa para el país el fenómeno del desplazamiento forzado.
Los activistas y promotores que participaron en el foro festejaron que el gobierno federal visibilice el problema del desplazamiento forzado, que en los últimos años estuvo invisibilizado en el país.
Este jueves en el salón Arecas del hotel Holliday Inn se realizó el foro Desplazamiento Forzado Interno, trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos, al que asistieron activistas, especialistas y autoridades.
En su mensaje de inauguración Alejandro Encinas reconoció que México, “hoy se caracteriza por la profunda crisis humanitaria y de violación de derechos humanos”.
En el caso del desplazamiento forzado dijo que se había mantenido invisibilizado pese a que el fenómeno no es nuevo, pues ya se han registrado casos en el país como la construcción de presas, puertos o políticas de estado como la Guerra Sucia en Guerrero “cuando el Ejército se usaba para reprimir a la población” o la Operación Cóndor en la zona norte del país.
El fenómeno actual del desplazamiento forzado, señaló, es producto de la violencia de grupos delictivos, se ha querido minimizar y esconder y no está incorporado en la agenda de riesgos de la seguridad nacional.
“Hoy queremos darle visibilidad, reconocer este fenómeno que lo tenemos presente en muchas regiones del país y lo queremos enfrentar”, agregó.
Sostuvo que el Estado realizará acciones “muy firmes” para enfrentar a los grupos delictivos “y recuperar algo que perdimos: la presencia del Estado en todo el territorio nacional, porque lo que ha provocado el desplazamiento es la ausencia del Estado que no ha cumplido con su responsabilidad primigenia, que es garantizar la seguridad y la protección de las personas y sus bienes”.
Pidió a los participantes que hicieran propuestas y debates que se puedan traducir en políticas públicas y cumplir el objetivo de que la política de derechos humanos del gobierno federal sea transversal.
La asesora para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos, Clara Jusidman Rapoport destacó que el problema del desplazamiento forzado había estado huérfano, y desde hace muchos años ha venido acrecentándose “por el efecto de la colusión entre crimen organizado, las autoridades y las empresas que han estado expulsando del territorio a grandes cantidades de población con el propósito de utilizar el entorno”.
Indicó que las cifras estimadas de personas en México víctimas de desplazamiento forzado de 2006 a 2018 fue de 338 mil 405 ciudadanos en los estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.
El comisionado para la búsqueda de personas desaparecidas de la Ciudad de México, Fernando Elizondo García dijo que se trató de un “día histórico” para el reconocimiento del problema de desplazamiento forzado.
Las mesas de trabajo
Para el trabajo en el foro se organizaron tres mesas de trabajo: Violencia e inseguridad pública, Conflictos políticos, religiosos y sociales y Grandes obras de infraestructura, actividades productivas y cambio climático y ambiental.
Los activistas, académicos y organizaciones civiles trabajaron durante 2 horas el desarrollo de sus temas, y en la ceremonia de clausura presentaron sus resultados.
Algunos de los resultados de la mesa Violencia e inseguridad pública fueron que se debe conocer a las víctimas, causas del desplazamiento, las necesidades de atención, las rutas para la aplicación de acciones y los mecanismos de monitoreo.
Trabajar en la recuperación del tejido social, procurar justicia a los desplazados, promover el desarrollo de las comunidades y el acceso a la educación, coordinación de los tres niveles de gobierno.
Otra propuesta es que se debe fortalecer el trabajo de las fiscalías, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Bienestar, DIF, Pueblos Indígenas y organismos de derechos humanos para atender a los desplazados.
En el caso de Guerrero se debe considerar “el elemento paramilitar” y hacer eficiente las medidas de reparación efectiva para los desplazados.
En la mesa Conflictos políticos, religiosos y sociales las propuestas fueron definir las competencias institucionales en la atención a los desplazados, pues las víctimas están en un vacío normativo y en la negación de sus derechos.
“Se deben definir claramente las competencias institucionales de los tres niveles de gobierno para no generar barreras de acceso a derechos fundamentales como identidad, educación o salud”, se propuso.
Las instituciones responsables deben tener capacidad financiera y técnica para atender a los desplazados, involucrar a los vecinos de las comunidades de acogida y apegarse a los estándares internacionales, y que las víctimas estén en el centro de la discusión para que no sean invisibilizadas y no se les niegue la calidad de víctimas de desplazamiento forzado y acceso a sus derechos.
También se deben realizar campañas de difusión sobre los derechos de las víctimas y de sensibilización para la opinión pública, para generar una opinión favorable.
Otra de las propuestas que se deben garantizar es la protección jurídica de bienes abandonados o despojados a causa del desplazamiento forzado.
En la mesa Grandes obras de infraestructura, actividades productivas y cambio climático y ambiental, sus propuestas fueron que haya información preventiva sobre los fenómenos naturales, que las consultas sobre el desarrollo de megaproyectos deben ser previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas porque hay simulación en estos ejercicios.
También se propuso la revisión de concesiones mineras vigentes para ver si se cumplió la consulta previa, libre e informada y en caso contrario realizar el procedimiento para revocar esos permisos.
Otra de las observaciones que hicieron los participantes de esta mesa es que la atención a las víctimas debe darse con perspectiva de género, que debe haber una legislación con un reglamento y presupuesto adecuado, que exista un registro de víctimas, centros de atención y que exista información adecuada en caso de resentimiento.
Luego de escuchar las conclusiones, Alejandro Encinas estimó que en el foro se recopilaron unas 150 propuestas que deberán sistematizarse en cuatro temas, para incorporarse a la ley de desplazamiento forzado interno que prepara el gobierno federal.
El primer tema es el desarrollo de las capacidades institucionales para enfrentar un problema que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado, el segundo es la importancia de que sea un proceso construido con las víctimas y las organizaciones civiles, el tercero es elaborar un diagnóstico en el que se reconozca que el fenómeno del desplazamiento forzado es multifactorial pues puede ser generado por la violencia, el cambio climático, problemas económicos o religiosos, y el cuarto es generar instrumentos mediante los cuales se cuente con los recursos para cuidar derechos, la reparación del daño y reconstrucción del tejido social.
Tipificarlo como delito, propone el gobernador Héctor Astudillo
En su mensaje en la clausura del foro, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el problema del desplazamiento forzado en el estado “es preocupante”, y propuso que este sea tipificado como un delito porque lo que se vive en Guerrero y en el país permite delimitar esa acción para que sea sujeta de sanciones.
Astudillo Flores ofreció su respaldo al gobierno federal para que se impulse la iniciativa de que el desplazamiento forzado sea delito, agradeció que Acapulco haya sido la sede para ese foro y que hayan participado asociación civiles que conocen del problema porque, “no es un asunto de uno ni de dos, es un asunto de muchos”.
El gobernador también ofreció todo su respaldo para la Ley de Amnistía que prepara la federación.
“No tenemos ningún inconveniente en secundar esa Ley de Amnistía aquí en el estado de Guerrero”, la cual dijo beneficiará a mujeres e indígenas que están en las cárceles, “por desconocimiento del alcance de la conducta que estaban realizando”.
“Quiero refrendar mi voluntad absoluta para que podamos ir en ese tema (la Ley de Amnistía) que yo creo es un tema importantísimo de derechos humanos”, agregó.
Alejandro Encinas agradeció el respaldo ofrecido por Astudillo Flores pues dijo que esa ley beneficiará a personas que por falta de dinero no pudieron enfrentar sus procesos penales con justicia.
“Llevaré el mensaje al presidente de la República y espero que nos acompañemos mutuamente en iniciativas de esta naturaleza”, expuso.
El caso de Guerrero
En declaraciones antes del foro, el subsecretario Alejandro Encinas indicó que en Guerrero el fenómeno de desplazamiento forzado es lamentable porque hay poblaciones en las regiones de la sierra de Tierra Caliente y Costa Grande, Montaña y Centro que han sido desplazadas por grupos delictivos.
Indicó que se trabaja en el diseño de una política pública que permita a la federación, en coordinación con el estado, atender este problema y darle las garantías a los desplazados para que puedan regresar a sus comunidades.
Dijo que no se trata de una tarea sencilla porque se deben enfrentar a los grupos delictivos que han provocado el desplazamiento forzado de personas, para darles las garantías a las víctimas de regresar a sus comunidades.
Por separado la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo opinó que el desplazamiento forzado es un problema que “duele y lastima”.
En Guerrero el problema, señaló, es generado por el crimen organizado y Acapulco es una ciudad que recibe a desplazados por la violencia que se vive en la sierra y la Montaña, pero no se tienen cifras.
Consideró que también podría haber ciudadanos de centro o sudamérica que hayan llegado al puerto, lo que haría “mas complicada la situación en Acapulco”.
En la ceremonia de inauguración estuvieron el jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca en representación de Héctor Astudillo, la consejera asesora para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos, Clara Jusidman Rapoport, la titular de la unidad de Política Migratoria, Registro e Integridad de Personas, Rocío González Higuera; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva; el director general de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Población, Raúl Horacio Cantú Hernández; la directora general de Política Pública de Derechos Humanos, Estefanía Hernández Ceballos; el Fiscal General en Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, así como la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Andrea Nondedeu.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Jesús Trigo
