Ciudad de México, 9 de septiembre de 2020. El Archivo General de la Nación (AGN), presentó el martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la casa subastadora Morton y quien resulte responsable, por la probable comercialización de patrimonio documental de la Nación, y ha solicitado medidas cautelares para detener la subasta y asegurar los documentos históricos, informó la dependencia en un comunicado de prensa.
De acuerdo con al artículo 121, fracción II, de la Ley General de Archivos –se indica en el referido texto– está prohibida la venta del Patrimonio Documental de la Nación, para lo cual establece sanciones penales y económicas.
Algunas de las piezas que se subastaron son cartas firmadas por Miguel Hildalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, así como el primer mapa a color de Acapulco, un grabado que muestra una vista panorámica del puerto hecha por Johannes Vingboons en el siglo XVIII, basado en una pintura del ingeniero alemán Adrian Boot en la primera mitad del siglo XVII. Destaca el Fuerte de San Diego, que fue rediseñado por Boot.
Estos documentos se encuentran ofertados como parte de una subasta que comenzó ayer a las 5 de la tarde, pese a la denuncia presentada.
El Archivo General de la Nación aseguró que lo subastado presumiblemente pueden ser documentos que constituyen patrimonio de la Nación.
Los documentos en cuestión tratan sobre testimonios de diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de Independencia, edictos relacionados con la conformación del Primer Imperio Mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el efímero Primer Imperio, documentos que, por su información, y según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pueden ser considerados como monumentos históricos, y por ende, adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación.
“Bajo este entendido, independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con el Patrimonio Documental de la Nación, si bien los particulares pueden poseer y custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos”.
Asimismo, añade el comunicado, la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informar al Archivo General de la Nación sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional, pues La Ley General de Archivos establece en su artículo 77 que el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá solicitar la expropiación de dichos documentos.
Texto y foto: Agencia Reforma
