La controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para sus proyectos estadísticos, así como la reducción de su gasto total en el PEF 2019, detalló el director del organismo, Julio Santaella.
Ciudad de México, 14 de febrero de 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Remuneraciones de servidores públicos y el recorte al presupuesto del organismo.
La Ley Federal de Remuneraciones establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente el país, es decir, 108 mil pesos mensuales.
“La aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre y sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”, refiere Inegi en un comunicado.
Asimismo, abunda, la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción de su gasto total en el PEF 2019.
Inegi señaló que el recorte se hizo sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.
Debido al recorte a su presupuesto, Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año.
“(El recorte) impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, indica el organismo.
Inegi se dijo respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes.
“En consecuencia, está aplicando lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refiere.
La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México presentaron controversias por esta nueva Ley, pero a los dos primeros ya se las rechazaron.
Texto y foto: Agencia Reforma
