Se incluye la prohibición de la venta de niñas, adolescentes y mujeres, el caso del aborto queda no penado cuando es provocado y se establece que las mujeres son libres a decidir sobre su cuerpo y su vida. Se permite que hereden bienes, que antes no era posible. Eloy Cisneros llama al Congreso y a la gobernadora a entender que la organización indígena “busca la coadyuvancia, no busca enfrentar a nadie”
Acapulco, Guerrero, 3 de marzo de 2023. Representantes de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) presentaron ante estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), su nuevo reglamento que incluye un capítulo dedicado a los derechos de la mujer, y en el que se prohíben la venta de menores y los matrimonios forzados.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y asesor de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que la Coordinadora se sustenta en las autoridades comunitarias y no en el hecho de que por portar un arma ya se es policía comunitario, “la Policía Comunitaria se basa en la comunidad, en sus sistemas normativos y de cargos”.
Abundó que tiene sustento legal en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los usos y costumbres y los derechos de los pueblos indígenas, en el apartado A del artículo segundo de la Constitución Política del país que señala que los pueblos originarios pueden resolver sus conflictos internos de acuerdo a sus sistemas normativos, y en el estado con la Ley 701 que reconoce a la CRAC-PC desde 2011.
Indicó que el reglamento es un mecanismo de control y contrapesos que recae en la Asamblea General de Comunidades, donde participan las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Caxitepec.
La normativa también prevé una Comisión de Derechos Humanos para vigilar los abusos que pudieran cometer los coordinadores, los policías o los comandantes, también se tiene una comisión de Finanzas que maneja los recursos de la Coordinadora.
Rosales Sierra abundó que el reglamento también establece un procedimiento para ingresar a la CRAC-PC, mediante una solicitud, después se visita la comunidad para comprobar que dos terceras partes de la población esté de acuerdo en integrarse al sistema comunitario.
El asesor dijo que se incluye la prohibición de la venta de niñas, adolescentes y mujeres, el caso del aborto queda no penado cuando es provocado y se establece una disposición de que las mujeres son libres a decidir sobre su cuerpo y su vida. También se permite que puedan heredar bienes, cosa que anteriormente no se permitía. Se anuló el delito de las deudas civiles que antes atendía la Policía Comunitaria.
Entre las sanciones se estableció que la pena mínima es de tres meses y la pena máxima es de 30 años, anteriormente era de 10 años y después de una discusión se amplió a 30 la pena máxima.
Explicó que el proceso para llegar a la justicia en el sistema de la CRAC también está definido en el reglamento, se tiene que presentar la denuncia, hacer la investigación y el juicio, en caso de delitos no graves es de 3 meses y en delitos graves es de seis meses, y “ningún detenido por la CRAC puede estar sin sentencia”.
Indicó que no se permiten abogados en el sistema de justicia de la CRAC, pero las personas detenidas pueden tener asistencia de hasta tres personas de su confianza.
El consejero regional, Sabás Augusto Espinobarros agregó que en el reglamento se incluyen las atribuciones de los coordinadores regionales, qué sanciones pueden imponer las autoridades civiles de la comunidad y cuáles los coordinadores regionales, también se incluyen los procedimientos para la denuncia, la investigación y los derechos y deberes de los detenidos. El proceso para la reducación de los detenidos y los derechos de las mujeres que están en territorio comunitario.
El reglamento fue aprobado el 17 de diciembre de 2022, consta de 87 artículos y tiene una vigencia de seis años, en un artículo tercero transitorio se establece que a los cinco años deberá convocarse a una revisión al reglamento para su actualización.
Nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad
El vocero de la CRAC-PC Raúl de Jesús Cabrera hizo una reseña histórica de la Policía Comunitaria que nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad, pues ocurrían asaltos, robo de ganado y violaciones “a diario”.
Actualmente la CRAC tiene presencia en 211 comunidades de 39 municipios del estado, y se rigen con el reglamento recién aprobado.
“Donde nosotros estamos tenemos los índices mas bajos de inseguridad, no al cien por ciento pero sí los más bajos”, destacó.
Sabás Augusto habló de la estructura organizativa de la CRAC, la cual, explicó está dividida en tres niveles, primero la Asamblea General Comunitaria que es la que se hace en las comunidades, el segundo nivel es la Asamblea Regional de comisarios y delegados municipales, los comisariados, los principales y consejeros de la CRAC, y el tercer nivel es la Asamblea General de Autoridades Comunitarias, donde se reúnen los comisarios de las cinco casas de justicia.
Estimó que la CRAC está integrada por unas 3 mil personas desde policías hasta coordinadores, y los ciudadanos que habitan en las comunidades tienen la libertad de recurrir al Sistema de Justicia Comunitario o al Ministerio Público.
En la presentación del nuevo reglamento, el consejero regional Rolando Bahena Cruz habló de la distinción que hay entre la Policía Comunitaria y los grupos de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC de los Pueblos Fundadores, los cuales no son parte de la CRAC porque no se rigen por su reglamento ni tienen respaldo de las asambleas comunitarias.
Como comentaristas participaron el presidente de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados Ricardo Pablo Andalón Sotelo, el magistrado de Tribunal Universitario Dorian Bello Pardillo, la secretaria técnica de Presidencia Irma Graciela Lee González quien destacó la incorporación de un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres en territorio comunitario.
También participó el líder histórico de la izquierda en el estado, Eloy Cisneros Guillén quien dijo que los gobiernos que se padecieron en la entidad no vieron a la CRAC como indispensable para la seguridad, y por eso no le han dado el apoyo integral para su desarrollo, sino que “han visto a la CRAC como contrincante, como enemigo”.
Llamó al Congreso y a la gobernadora Evelyn Salgado a entender que la CRAC “busca la coadyuvancia, no busca enfrentar a nadie, busca la paz para los guerrerenses”, y abogó porque se reglamente la coadyuvancia de la organización en la seguridad de los guerrerenses.
Abundó que “es un esfuerzo de vida porque quienes la integran no tan sólo dan su tiempo, su economía, hay reuniones permanentes, no tienen que trabajar en sus labores para dedicarle tiempo a esta actividad”.
Narcotráfico y venta de niñas
En la ronda de preguntas y respuestas una estudiante criticó los usos y costumbres como norma, cuando son violatorios de derechos humanos como la venta de niñas y otro estudiante preguntó cómo enfrentan el problema del narcotráfico en las comunidades, en respuesta Sabás Augusto Espinobarros indicó que el problema de la venta de niñas no ocurre en todas las comunidades, el caso de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa y en la parte alta de Tlacoachistlahuaca es donde se dan esas prácticas, dijo que la CRAC está en contra y por eso lo incluyeron en su reglamento.
Agregó que debido “al mal actuar” de la Policía Comunitaria de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa quedó fuera de la CRAC porque se detuvo a todos los involucrados, al suegro que hizo la denuncia, a los policías que detuvieron porque es un caso que no se puede juzgar, sino que se debe cuidar a la niñez y están en la postura de que esa costumbre debe ser erradicada, agregó que también quedaron fuera del reglamento los casos de brujería que son creencias arraigadas en los pueblos, pero que en la realidad no se pueden comprobar.
Raúl de Jesús Cabrera añadió que el caso de la venta de niñas se usó para “golpear” a la CRAC, pero quienes lo hicieron olvidaron que hay instituciones como el DIF que tienen presupuesto público, la Secretaría de Educación también tiene maestros en la zona, y cuestionó qué hace la Iglesia pues los sacerdotes ofician las misas en las que se casan menores de edad, “pero cuando hay problemas, el problema es la CRAC”.
Sobre el narcotráfico De Jesús Cabrera dijo que están abiertos a que las autoridades detengan a personas acusadas de homicidio o secuestro que estén en las comunidades porque no protegen delincuentes, y si ellos detienen a un traficante lo sancionan de acuerdo a sus normativa, ejemplificó que actualmente hay dos hombres detenidos y sentenciados a trabajo comunitario por 15 años por extorsión, en ese caso los entregarán a las autoridades hasta que concluyan su sentencia.
“Tampoco podemos decir que no hay infiltrados dentro de la policía, entre más grande es como el hijo, cuando está chiquito uno lo controla bien pero entre más crece, más problema y más desconfianza nos genera, así es la institución, que no es tan fácil de controlarlo pero tenemos bajos índices de inseguridad, no al cien pero sí la más baja y no hay refugio de narcotraficantes”.
No afectan a la CRAC las operaciones del gobierno contra las autodefensas
En declaraciones a reporteros el abogado Vidulfo Rosales fue consultado sobre las declaraciones que dio la gobernadora en el Grupo Aca, de que los grupos de autodefensa ya no tienen presencia en El Ocotito, Costa Chica y la Zona Norte, y opinó que eso no afecta a la CRAC porque opera en sus comunidades, y consideró “positivo” que el gobierno del estado avance en acotar a esos grupos “como la UPOEG que aquí en Acapulco están involucrados en desapariciones forzadas como la del compañero Vicente Suástegui, ojalá esos operativos puedan contribuir para la aparición de nuestro compañero”.
Agregó que en la medida en que el gobierno estatal acote a las autodefensas ayudará a la Policía Comunitaria, porque esas autodefensas son “grupos de choque” contra la CRAC.
Confió en que la ofensiva del estado para limitar las autodefensas no afecte a la Policía Comunitaria porque ésta tiene bien delimitadas sus funciones, sus actuaciones en las comunidades y cuenta con el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La demanda al Congreso local es que haya reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas para que puedan ejercer sus sistemas normativos, reconocimiento a los gobiernos y autogobiernos y la representación indígena antes los poderes como el Congreso, y que el reconocimiento de propiedad ancestral que tienen los pueblos indígenas sobre la tierra, pues son los poseedores del territorio desde antes de la formación del estado.
Rosales Sierra indicó que la CRAC actualmente enfrenta problemas con los jueces de distrito por los amparos que presentan algunos abogados contra la Policía Comunitaria.
También en declaraciones, el vocero Raúl de Jesús indicó que están realizando una investigación sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado ocurrido la semana pasada, para deslindar responsabilidades y evitar que haya filtraciones del crimen organizado, dijo que la información que se conoce es que la víctima era de Azoyú y la fueron a dejar a San Luis Acatlán.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Jesús Trigo
