En el bloqueo de esa organización en Alcozacán, aparecen los menores en formación, con uniforme de la Policía Comunitaria, con armas de bajo calibre y practicando ejercicios militares. Se les prepara ante la falta de voluntad del gobierno para dar protección a 16 comunidades, dice un consejero. Marchan 2 mil indígenas para recibirlos.
Alcozacan, Guerrero, 23 de enero de 2020. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentó ayer a 19 niños y adolescentes de 6 a 15 años que fueron capacitados para el uso de armas de fuego y defender a sus familias y pueblos de las agresiones del grupo delictivo Los Ardillos “y ante la incapacidad y falta de voluntad de los tres niveles de gobierno para brindarles protección”, dijo el consejero de la agrupación, Bernardino Sánchez Luna.
La presentación de los menores, armados y con el uniforme de la Policía Comunitaria, fue después de una marcha de unos 2 mil indígenas de las 16 comunidades que integran el sistema comunitario de la CRAC-PF de los municipios de Chilpa y José Joaquín de Herrera.
La manifestación, en la que participaron en su mayoría mujeres y niños, recorrió de extremo a extremo la población de Alcozacán, en donde este miércoles se cumplieron seis días de bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycantenango, con la demanda de la entrega de todos los cuerpos de los 10 indígenas integrantes del grupo Sensación Musical, emboscados y asesinados el viernes de la semana pasada, así como justicia y detención de los responsables.
Ahora también piden que los visiten el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les den solución a 29 demandas que vienen planteando desde agosto del año pasado.
Cinco de los 10 músicos fueron torturados, decapitados y mutilados, revelan familiares
Antes de la movilización, en conferencia de prensa, familiares y autoridades de la CRAC-PF, revelaron que los cinco indígenas cuyos cuerpos ya fueron entregados, fueron torturados antes de ser asesinados, además, fueron decapitados y mutilados.
Asimismo, rechazaron la versión del fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila y del gobernador Astudillo Flores, quienes han declarado que no se han encontrado evidencias de que hayan sido asesinados con disparos de armas de fuego.
“No tenemos evidencias pero sí tenemos testigos que escucharon los disparos. Fueron muertos por disparos, no por accidente”, aseguró el coordinador David Sánchez.
Agregó que el comisario de Mexcalcingo les dijo que a un grupo de cinco que iban en una camioneta, primero les dispararon, después le rociaron gasolina al vehículo y luego le prendieron fuego con ellos adentro.
A los de la otra camioneta los bajaron, los torturaron, les cortaron la cabeza y los mutilaron. Estos son los que corresponden a los cuerpos que ya les entregaron.
David informó que cuando se los entregaron, sus familiares ya no los abrieron porque iban envueltos y sellados, pero que el personal de la misma Fiscalía que se los entregó les recomendó que no los abrieran y que iban todos “descuartizados”.
La mayoría de las viudas no habla el español, pero mediante la interpretación del coordinador David Sánchez, exigieron justicia, la detención de los responsables y el apoyo de los tres niveles de gobierno para sobrevivir con sus hijos.
El total de los familiares de las 10 víctimas son: 22 huérfanos de edades menores a 18 años, ocho viudas y dos madres que quedaron solas.
A las 11 de la mañana, los indígenas que se encuentran en el bloqueo en el crucero de Alcozacán, fueron al encuentro de 19 niños y adolescentes de 6 a 15 años que se encontraban en la entrada del rumbo de Hueycantenango para participar en la marcha que llegó hasta la salida hacia Chilpa.
De los 19 niños y adolescentes, 17 son de Ayahualtempa municipio de José Joaquín de Herrera, y dos de Xochitempa municipio de Chilapa. Se informó que durante dos meses fueron entrenados en el manejo de escopetas y rifles calibre 22 para su defensa.
El consejero Bernardino Sánchez Luna explicó que fueron entrenados para que puedan defenderse del grupo delictivo de Los Ardillos, que en nueve meses –de mayo del año pasado a enero– ha asesinado a 28 personas que pertenecen a los pueblos de la CRAC-PF y han dejado a 66 niños huérfanos y a 24 viudas.
“Ya no soportamos tantas muertes, tantas viudas, tantos huérfanos dentro del territorio comunitario y hasta ahora los gobiernos municipal, estatal y federal no les ha brindado ningún apoyo”, se quejó.
“Por eso nos vimos obligados a preparar a los niños, ellos son el futuro de nuestros pueblos indígenas que no reciben ningún recurso del gobierno federal. Somos olvidados, solamente se acuerdan de nosotros cuando necesitan el voto, después se olvidan de que somos pueblo”, dijo.
Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que escuche la petición de estos pueblos “que tanto han sufrido de manos del grupo delictivo de Los Ardillos. El gobierno sabe bien quiénes son, exigimos la detención de Celso Ortega Jiménez que encabeza al grupo delictivo y a todos sus miembros que han matado a nuestros hermanos indígenas, si el gobierno no hace caso vamos a seguir preparando a nuestros niños para que puedan defenderse de la mano de la delincuencia”, advirtió.
Argumentó la necesidad de que sepan defenderse porque sus padres los mandan a cuidar sus parcelas y allá los quieren secuestrar o levantar los del grupo delictivo y por lo menos deben llevar su arma para defenderse, “para que no sean levantados o secuestrados”.
Dijo que han comprobado que “si llevas armas los del grupo delictivo no se meten contigo, pero si vas desarmado te agarran como puerquito, te amarran y te llevan”.
Explicó que preparan a los niños solamente con el permiso de sus padres y que no forman parte de la Policía Comunitaria, “los preparamos solamente para defenderse y para que cuando cumplan su mayoría de edad estén listos para ingresar a la Policía Comunitaria”.
Sin embargo dijo que el gobierno los ha cuestionado porque dice que los estan preparando para que sean delincuentes, sin embargo argumentó que en su caso a los 7 años empezó a disparar armas para defender al pueblo y a su familia, “y aquí estoy, no soy delincuente”, declaró.
Añadió que van a seguir invitando a los padres de otros pueblos para que les den permiso a sus hijos para que ingresen al círculo de preparación.
Explicó que la mayoría son niños que estudian la primaria y que ya no pueden seguir en la secundaria porque en el caso de Ayahualtempa, de donde es la mayoría no hay secundaria y tienen que ir hasta Hueycantenango pero allá está operando el grupo delictivo “y los niños no quieren ir tienen miedo de que sean secuestrados”.
Al terminar la marcha, en la que no hubo consignas y sólo a través de quien hablaba en el aparato de sonido se exigía justicia y la detención de los responsables de la matanza de Mexcalcingo, Bernardino Sánchez le advirtió al gobierno de López Obrador que no van a dejar las armas porque ya vimos que el gobierno es incapaz “de protegernos”.
Invitó a todos los pueblos de la CRAC-PF que hablen con las mujeres y niños para que se sigan preparando “y podamos defendernos porque el gobierno no nos va a defender, los militares y la Guardia Nacional están defendiendo los intereses de los ricos y de los caciques que manejan grandes cantidades de dinero, mientras que nosotros los pueblos siempre somos ignorados”, se quejó.
Por su parte, el coordinador, David Sánchez Luna, declaró que no van a levantar el bloqueo hasta que vaya el presidente López Obrador el gobernador Astudillo Flores a resolverles 29 demandas
Algunas de éstas son: El desmantelamiento del grupo delictivo Los Ardillos y la detención de sus integrantes responsables de las masacres en su territorio, la instalación de filtros militares en el panteón de Tula y en el crucero del Jagüey, la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, preso en el penal de Chilapa y la cancelación de 66 órdenes de aprehensión de policías comunitarios de San Jerónimo Palantla.
Apoyo a las 24 viudas de asesinados y secuestrados por el grupo delictivo, a 66 huérfanos, a 24 desplazados de la comunidad del Paraíso de Tepila refugiados en Rincón de Chautla y a los 35 desplazados de Acojtapachtlán refugiados en Ayahualtempa.
Un hospital y universidad dentro del territorio comunitario, centros, casas de salud y medicamentos, módulo del registro civil, apoyo al campo con fertilizantes e insecticidas.
Creación de un nuevo municipio de los pueblos indígenas nahuas, un presupuesto para el mantenimiento de la Casa de Justicia y operativos de la Policía Comunitaria con un millón de pesos mensuales, un mercado dentro del territorio, instalación de un cajero automático para que les paguen los programas sociales y las remesas que les envían sus familiares del extranjero.
Asimismo, dos torres para antenas de radio para facilitar la comunicación de comunidades a comunidades, antena repetidora para teléfonos celulares, patrullas para la Policía Comunitaria, radios para comisarios y coordinadores, comandantes regionales y de grupo.
Además de internet y un teléfono en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, uniformes y equipos para la PC.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
