…y va por una Secretaría de Seguridad Ciudadana; la idea no es erigir de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, sino establecer una dependencia esencialmente distinta en objetivos y enfoque a la de los gobiernos panistas.
Texto: Claudia Salazar y Mayolo López / Agencia Reforma / Foto: Twitter @senadomexicano
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018. La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentó hoy martes una iniciativa para abrogar la Reforma Educativa de 2013, una de las estructurales del presidente Enrique Peña Nieto.
En tribuna, el diputado José Luis Montalvo Luna propuso un decreto con el que se cancelen las reformas a la Ley General de Educación, publicadas el 11 de septiembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación.
También se pide abrogar las nuevas leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas el mismo día.
El decreto entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto”, se cita en la propuesta.
En el documento se agrega que se deberá hacer una nueva legislación por parte de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, mediante la consulta a los maestros.
“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de forma coordinada, ambas Cámaras del Congreso de la Unión tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que se involucre a docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados, a fin de expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales”, establece la iniciativa.
El PT también plantea que los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos estatales deberán suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria en la materia,
Esta ley tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses contando a partir de la fecha de publicación del decreto de abrogación.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación, la cual aún no se instala.
El diputado petista Gerardo Fernández Noroña pidió que se le dispensaran trámites a la iniciativa y se pusiera a discusión de inmediato.
A ello, la diputada Dolores Padierna Luna, como presidenta en funciones de la Mesa, aclaró a Fernández Noroña que se respetaba el reglamento sobre la presentación de iniciativas y que no se ponían a discusión, saltando el paso por las comisiones de trabajo.
La iniciativa del PT se turnó a la Comisión de Educación y no plantea cambios en el artículo tercero de la Constitución, donde se establece la evaluación docente.
.. y va por una Secretaría de Seguridad Ciudadana
Además, la bancada del PT propondrá en la Cámara de Diputados la creación de la SecretarÌa de Seguridad Ciudadana.
De acuerdo con la iniciativa, la idea no es erigir de nueva cuenta la SecretarÌa de Seguridad Pública, creada en las administraciones panistas, sino establecer una dependencia esencialmente distinta en sus objetivos y enfoque.
Para ello es necesario asumir que su labor debe ser sólo una parte de una estrategia integral y multidisciplinaria de prevención del delito, que abarque ámbitos económicos, sociales, educativos y culturales.
Las atribuciones de esta nueva dependencia deben reflejar la preeminencia de la persona humana como objeto de la seguridad y darle a la vez, los suficientes espacios de participación en la construcción de su tranquilidad.
Deberá privilegiar, también, las tareas de prevención sobre las funciones punitivas y de uso de la fuerza, asÌ como la observancia plena de los derechos humanos.
Esto último, se reconoce en la propuesta, no resulta fácil en un contexto como el que vivimos, con una sociedad profundamente agraviada por la delincuencia, que por esa razón exige el uso de métodos y medidas más punitivas contra quien comete un delito.
Sin embargo, se añade, creemos que la mejor manera de revertir esa postura es justamente a través de la construcción de mejores condiciones, mediante el combate a la corrupción y la impunidad, así como la participación de las y los ciudadanos de manera coordinada con sus autoridades.
