Denuncian la inacción de los tres órdenes de gobierno en contra de los grupos criminales que siguen cometiendo desapariciones, asesinatos, amenazando y controlando los pueblos. Las organizaciones tienen presencia en las zonas Centro, Montaña y Costa Chica
Chilpancingo, Guerrero, 23 de enero de 2026. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) acordaron una alianza para la defensa y el repliegue del crimen organizado de las comunidades donde operan.
En conferencia de prensa ayer, el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo y el promotor de la UPOEG, Lino Ponce González, informaron que en la coordinación de sus acciones se sumará la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que opera en comunidades de Chilapa, sin embargo, a la conferencia no asistió algún representante de esa agrupación.
En tanto que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC) se deslindó de lo que publicaron algunos medios de comunicación, respecto a que esa organización, estableció alianza con la UPOEG, “nos deslindamos, nosotros no hemos tenido pláticas con la UPOEG ni con el Cipo-EZ”, declaró por teléfono, Martín Rosales Sierra, consejero regional de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.
Plácido Galindo informó que el acuerdo con la UPOEG lo tomaron debido a la inacción de los tres órdenes de Gobierno en contra de los grupos criminales que siguen cometiendo desapariciones, asesinatos, amenazando y controlando los pueblos.
La UPOEG tiene presencia actualmente en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, de la Costa Chica, mientras que el Cipog-EZ y la CRAC-PF en Chilapa, región Centro y la primera organización opera, además, en San Luis Acatlán, en la Costa Chica.
Buscan sacar de las comunidades a los delincuentes
De acuerdo con los dirigentes, la intención es avanzar a comunidades de otros municipios donde se los solicite la población para sacar a los grupos delictivos que no han sido perseguidos por las autoridades.
Ponce González anunció que en su zona entrarían concretamente a comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), donde un grupo delictivo ha cometido asesinatos y desplazado a mucha gente, y a pesar de que han pedido reiteradamente la intervención del Gobierno, no han tenido respuesta.
Contó que “por tanta inoperancia” del Gobierno, en la comunidad de El Terrero, su hermano Santos “decidió el año pasado cuidar él mismo su casa” con unos amigos y el 6 de mayo entraron ocho camionetas con sicarios y rodearon el pueblo.
Dijo que atrás de ellos llegó un convoy de militares y de la Guardia Nacional, por lo que salió y se entregó con sus amigos.
Santos pidió que los sacaran del pueblo para que no fueran a asesinarlos los sicarios, “resulta que se lo trajeron y lo metieron a la cárcel de Chilpancingo y a los sicarios los dejaron en el pueblo”, denunció el promotor de la UPOEG.
Informó que su hermano y acompañantes están siendo procesados por portación de arma de fuego; “sí, tenían armas porque no iban a recibir a los criminales con flores, aquellos traen plomo, balas y él estaba cuidando su casa, estaba cuidando lo propio, no andaba de delincuente”, argumentó en su defensa.
El 27 de este mes se realizará la última audiencia para que se dicte sentencia, y Lino demandó que sea liberado junto con sus amigos, “porque actuaron en defensa de sus bienes y están presos injustamente”, insistió.
Ponce González, quien fue comisario municipal de El Terrero en el 2021 y 2023, informó que su familia se dedica al campo y son ganaderos, pero que desde el 2023 fueron desplazados y saqueados por un grupo delictivo que encabeza Benito Sánchez Millán, El Oso, el mismo que encabezó el ataque a los policías ciudadanos de la UPOEG en El Cortijo el 16 de agosto del año pasado, cuando asesinaron a 13 integrantes de la autodefensa, caso por el que no se ha hecho justicia.
Ponce González aseguró que después de que irrumpieron en El Terrero en el 2023, a sus familiares les robaron 223 cabezas de ganado, seis camionetas, cuatro motocicletas, cuatro cuatrimotos y se apoderaron de 18 casas, además de terrenos, potreros, huertas y desplazaron a más de 200 personas de ese pueblo, ubicado al oriente de la cabecera municipal.
Explicó que él y varios de sus familiares pidieron asilo en Estados Unidos de donde recientemente regresó “a luchar para recuperar mi patrimonio”.
Narró que cuando se desempeñaba como comisario municipal, el 24 de octubre del 2023, el pueblo fue atacado por el grupo criminal que dirige El Oso y le asesinaron a dos policías rurales, cuando los rafaguearon en la comisaría”.
Agregó que un día antes habían levantado a tres vecinos, a quienes “despedazaron y los fueron a tirar cerca del pueblo”.
Insistió en que a raíz de esa violencia actualmente hay mucha gente desplazada y la mayoría pide regresar, pero no hay condiciones de seguridad.
“Hemos denunciado ante Gobierno que Benito Sánchez Millán, El Oso, ha asesinado a mas de 70 personas en los pueblos de El Terrero, Chacalapa y Rancho Viejo, de Juan R. Escudero, así como de comunidades de Tecoanapa, incluyendo a los 13 policías ciudadanos durante el ataque en El Cortijo, de Ayutla.
Mientras tanto, dijo que los gobiernos federal y estatal solamente simulan actuar, como el operativo Costa Chica Segura que se anunció el 28 de agosto del año pasado, del que según Lino Ponce “fue pura publicidad”, puesto que el mismo día que se anunció 25 de las 50 camionetas de militares, Guardia Nacional y policías estatales que llegaron se regresaron 25, sin que se realizara ninguna detención de los delincuentes.
“Ya toqué puertas por todos lados, he levantado mi queja la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pero no veo respuesta”, se quejó.
Informó que de 20 órdenes de aprehensión que hay, sabe que sólo se han cumplido ocho, una de ellas la de Noé Ramírez Cortés, originario de Tlayolapa, detenido hace dos semanas, señalado por desplazamiento forzado por los hechos del 2023 en El Terrero.
Dijo que tampoco ha tenido respuesta a las denuncias que presentó ante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, a cuya dependencia ha ido cuatro veces, “y la verdad me responden con puras mentiras, no hacen nada”.
Plácido Galindo informó por su parte que la falta de respuesta del Gobierno para que atiendan la violencia que se sigue dando en los pueblos originó que se organizaran, y en reuniones en los pueblos acordaron establecer una alianza y coordinarse para protegerse y desplazar a los grupos delictivos.
Anunció que la intención es avanzar a las comunidades donde lo pidan los ciudadanos, como en el caso de las comunidades de Tierra Colorada, pero también en la Montaña y Costa Chica.
En una llamada telefónica, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Martín Rosales Sierra rechazó lo que se publicó en algunos medios de comunicación, en el sentido de que es esa organización comunitaria la que se alió con la UPOEG.
“Nosotros nos deslindamos, no tenemos ninguna plática con la UPOEG ni con el Cipog-EZ, no vemos que esté mal lo que están haciendo, pero nosotros no hemos tenido pláticas con ellos”, aclaró.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
