“No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no”, señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Rolando Herrera, Claudia Guerrero y Martha Martínez / Agencia Reforma y Agencia Proceso
Foto: Archivo Cuartoscuro
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2018. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los desvíos millonarios registrados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las administraciones de Rosario Robles Berlanga.
La denuncia, indicó la organización civil en un comunicado, es en contra de varios funcionarios de las dos dependencias, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México y de diversas empresas fantasma.
Los hechos denunciados, señalaron, fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014, y han sido exhibidos a través del trabajo periodístico titulado “La Estafa Maestra” publicado por Animal Político y por parte de Grupo Reforma.
“No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la ‘politización’ de la justicia que es la negación de la justicia”, indicó.
Esta denuncia se suma a las 17 que, hasta el 30 de junio pasado, había presentado la ASF por un presunto desvío que asciende a 3 mil 37 millones de pesos.
Morena dice que sí a Comisión por caso Robles… pero luego
En el Senado, la bancada de Morena mantuvo su decisión de pedir la creación de una Comisión Especial Investigadora para dar seguimiento a los presuntos desvíos en Sedatu y Sedesol durante la gestión de Robles.
Sin embargo, declinó en su intención inicial de que la creación de esa nueva instancia fuera aprobada este mismo martes por el Pleno de la Cámara.
La propuesta fue llevada a tribuna por la senadora Guadalupe Covarrubias, de Morena, con el respaldo del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.
Luego de su exposición, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, informó que los proponentes habían declinado su petición para que el tema fuera abordado como de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnado a la Comisión de Justicia, la cual no ha sido instalada.
En su intervención, la legisladora condenó los presuntos desvíos de recursos detectados por la ASF.
“Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude”, condenó.
“Sin ánimos de convertir al Senado en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta tribuna a proponer que esta Legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos”.
El planteamiento de los morenistas se presentó acompañado con solicitudes de comparecencia para Robles y los titulares de Sedesol, Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, PGR, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT y la CNBV.
Proponen comisiones para
Odebrecht y TLCAN también
Las bancadas de Acción Nacional (PAN) y de Morena en el Senado presentaron sendas propuestas para crear comisiones de seguimiento a los desvíos documentados por la Auditoría Superior de la Federación, como en el caso de la Sedesol y la Sedatu, pero también sobre los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
El panista Mauricio Kuri González propuso otra comisión sobre seguimiento al caso Odebrecht para “mostrar a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como representantes”.
“Mandemos el mensaje correcto y exijamos que se rindan cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina”, afirmó. Su propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
Asimismo, el pleno aprobó un punto de acuerdo para crear una comisión plural de acompañamiento al gobierno federal en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en torno a la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Proponen “ley anti Robles”
Los senadores de Morena también propusieron una reforma legal para poner fin a contratos como los que derivaron en los mencionados desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu bajo la gestión de Robles.
Se trata de una modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos para obligar a los titulares de las dependencias a firmar personalmente todos los contratos con otras entidades públicas, como las universidades.
De esa manera, los funcionarios de más alto rango se convertirán en responsables directos del cumplimiento o incumplimiento de esos contratos.
Actualmente la ley señala que las dependencias están facultadas para celebrar contratos con otras entidades públicas que pueden, a su vez, subcontratar el servicio cuando no tengan capacidad para cumplir con los servicios solicitados.
El planteamiento de Morena es responsabilizar al titular de cada secretaría sobre esa decisión.
“En este último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”, señala la propuesta de reforma al artículo primero de la ley.
La iniciativa fue registrada en la Gaceta Parlamentaria con la firma del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y llevada a tribuna por la senadora de ese mismo partido, Marybel Villegas Canché.
En la exposición de motivos, los legisladores calificaron de insultante que los actos de corrupción se realicen bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la simulación de actos jurídicos.
Explicaron que prácticas como la adjudicación directa generan sobreprecios o permiten que los servicios no sean prestados, aún cuando hayan sido pagados.
Los morenistas consideraron que se deben atender las preocupaciones de la ASF sobre la necesidad de contar con mecanismos de control y certidumbre en los procesos de contratación entre entidades públicas.
“Se deben incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros hechos de corrupción”.
La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
No es la única responsable,
advierte Santiago Nieto
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que Rosario Robles no es la única que debe ser investigada por los presuntos desvíos de recursos detectados en Sedatu y Sedesol.
Entrevistado en el Senado, luego de una reunión sobre la Fiscalía General de la República, el ex funcionario justificó así las expresiones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
–¿Cree que Rosario Robles es un chivo expiatorio? –se le preguntó.
–El término de chivo expiatorio en tanto que no es la única persona responsable, y lo importante es que se encuentre a todas las personas responsables en el sistema de corrupción que se desarrolló en el país, tanto hacia arriba como hacia abajo –respondió.
El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), removido del cargo en medio de supuestas presiones por el caso Odebrecht, consideró:
“Todos los casos tienen que ser investigados. Se tiene que investigar hacia arriba y hacia abajo en las estructuras gubernamentales para determinar las responsabilidades que corresponden –insistió–. Creo que uno de los problemas centrales que tuvo el país en los últimos seis años es el aumento en la corrupción”.
Nieto recordó que, de acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 entre las naciones más corruptas del mundo.
“Es importante dar marcha atrás en esta percepción y solamente se puede hacer a partir del combate a la corrupción y a la impunidad”.
