Texto: DPA / Foto: Twitter @OEA_oficial
Washington, 13 de julio de 2018. Siete países de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Estados Unidos, presentaron hoy un proyecto de resolución en la organización panamericana que “condena” la violencia y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, aunque no cita expresamente al Ejecutivo de Daniel Ortega en esa condena.
Lo que sí hace el texto es “exhortar al Gobierno de Nicaragua a que considere todas las opciones” para lograr “soluciones pacíficas” a la situación actual y para el “fortalecimiento de la democracia” en el país centroamericano.
El texto, patrocinado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, se tomará en consideración en próximos días.
El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió hoy en sesión extraordinaria en Washington para abordar la situación en Nicaragua, donde en casi tres meses de protestas contra el gobierno de Ortega han muerto más de 300 personas, según organizaciones de derechos humanos nicaragüenses.
El proyecto de resolución no fue presentado oficialmente, ya que no se puede hacer con el consejo permanente en marcha, pero los países que lo patrocinan anunciaron su registro para su consideración futura. El texto, no obstante, se distribuyó en la sala.
El texto reitera “su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia y violaciones y abusos contra los derechos humanos, según lo documentado por la CIDH” y alienta “a que se proceda a identificar debidamente a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, denunció el miércoles en la OEA un deterioro y una profundización de la grave crisis de derechos humanos en el país e instó a la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Ortega a que ponga fin inmediato a la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país.
En el borrador inicial de la declaración sí se incluía la condena expresa del gobierno nicaragüense por la violencia y las violaciones de derechos humanos en el país, pero en la versión final consignada a consideración se retiró en aras del consenso.
“Urgimos sinceramente a la delegación nicaragüense a considerar urnirse en apoyo a este texto como una forma constructiva de avanzar buscando todos una solución a la grave situación de Nicaragua”, dijo el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, durante el debate de hoy en el consejo permanente.
El proyecto de resolución exhorta también al Gobierno de Ortega a “que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”.
La sesión extraordinaria se celebró con el rechazo de Nicaragua, al que se unieron Venezuela y Bolivia, aunque las tres delegaciones permanecieron en la sala y tomaron la palabra.
“No nos parece pertinente que se esté analizando la situación en Nicaragua sin la aquiescencia de nuestro país”, manifestó su canciller, Denis Moncada, que llegó con la reunión ya avanzada.
El ministro nicaragüense consideró que se pretende obligar a Nicaragua a adelantar elecciones, cambiando una regulación constitucional.
“No se puede fortalecer la institucionalidad ni la democratización de un país partiendo de una base de que hay que romper la constitucionalidad”, dijo. “Nosotros no vamos a actuar al margen de la ley”.
Acusan de terrorista a líder campesino que participa en el diálogo en Nicaragua
Por su parte, la policía de Nicaragua acusó hoy de “terrorista” al líder campesino Medardo Mairena, quien participa en el diálogo para superar la crisis sociopolítica del país y que fue arrestado este viernes en el Aeropuerto Internacional de Managua como responsable del “asesinato” de cuatro policías.
La policía nicaragüense afirmó en un comunicado que Mairena “es el responsable directo de la masacre y asesinatos de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria como resultado de ese cobarde acto terrorista”.
Los cuatro policías y el maestro fallecieron el jueves en el municipio de Morrito, en el sureste de Nicaragua, en un tiroteo entre agentes de seguridad y personas que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega.
“Este criminal es uno de los cabecillas de la organización e instalación de los tranques (bloqueos de vías) en todo el territorio nacional, desde donde terroristas encapuchados con armas de fuego azotaban a los pobladores”, agregó la policía nicaragüense.
Las acusaciones de la Policía de Nicaragua contrastan con los señalamientos de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que han responsabilizado al gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el gobierno de Nicaragua rechaza.
Mairena fue arrestado junto con otro líder campesino, Pedro Mena, al ingresar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando se disponían a viajar fuera del país, según la Alianza, que no especificó el destino de los campesinos.
Esta es la primera vez que miembros del diálogo nacional son arrestados por el Gobierno de Nicaragua, lo que le daría ventaja a al presidente Daniel Ortega en las negociaciones para superar la crisis.
Tanto la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticaron la decisión de la Policía, pues no consideran a Mairena como un terrorista, sino un campesino que le ha reclamado durante 5 años a Ortega por negociar sus tierras con el empresario chino Wang Jing, para construir un canal interoceánico.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más cruda desde la década de los años 1980, también con Ortega siendo presidente, y que ha dejado más 350 muertos, según organismos humanitarios.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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