Chilpancingo, Guerrero, a 29 de mayo de 2025.- La familia de la doctora Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre del 2016 y encontrada asesinada 23 días después, presentó ayer una queja en el Centro de Atención Integral (CAI) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contra su asesor jurídico, Julio César Báez Olivos, “por omisión de sus funciones”.
Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de la víctima, ayer en declaraciones por teléfono, informó que Báez Olivos es el más reciente asesor jurídico que le fue asignado por la CEAV para llevar el caso de su madre, “lleva unos cinco meses de que fue nombrado y sin tener comunicación con nadie de la familia”, denunció.
“Es decir, nosotros como representados de él y víctimas del caso de mi mamá, no estamos ni siquiera en contacto con nuestro único asesor designado por la CEAV”, reprochó.
Rojas Rivas agregó que, mientras tanto, a pesar de que el responsable ya confesó su responsabilidad con respecto a la desaparición de su madre, “no contamos con un acompañamiento jurídico que nos pueda orientar para seguir el proceso”.
Reconoció que antes les asignaron un asesor “muy efectivo y muy bueno”, de nombre Ricardo Sánchez Brito quien fue el que logró la revinculación a proceso del asesino puesto que ya lo habían exonerado respecto al delito de desaparición forzada con el argumento de la defensa de que ya estaba sentenciado por homicidio calificado y no podía ser sentenciado también por desaparición.
Rojas Rivas mencionó que en un trabajo conjunto de la familia y el entonces asesor jurídico apelaron para alegar que el delito de desaparición forzada, es independiente y autónomo del de homicidio calificado y por lo tanto debía ser sentenciado por los 23 días de la desaparición de la doctora.
Indicó que hubo el agravante de que el ahora detenido quiso encubrir el homicidio al ir a dejar el cuerpo a un lugar abandonado, y le quitó todas sus identificaciones y la despojó de sus pertenencias, “aparte de haberle arrebatado la vida dejándole caer un piedra sobre su rostro con la intención de que no fuera identificada”.
Explicó que todo ello para la familia constituye el delito de desaparición de personas, y gracias a la intervención de la familia, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se logró la revinculación.
Expuso que dos meses después de la revinculación a proceso fue removido Sánchez Brito como asesor, y pusieron a otra profesionista que solamente duró tres meses en el caso, y posteriormente designaron al actual abogado Julio César Báez Olivos, “quien está en clara omisión porque no realiza sus funciones que le corresponden como acompañante jurídico”.
Dijo que derivado de ello no tienen información de la actualización del caso, es decir, no saben cómo sigue la situación jurídica, “porque estamos a expensas del asesor jurídico quien no nos informa nada, y, por lo tanto, en estado de vulneración”.
Informó que en el documento que entregaron ayer al CAI de la CEAV de Acapulco pidieron que le den visto bueno a las oficinas centrales, “porque en verdad que nos tienen abandonados y ni siquiera nos tienen en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y nos están revictimizando poniéndonos a un asesor jurídico omiso, que no nos acompaña de manera activa y proactiva en la defensa jurídica de nuestro caso”, insistió.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Francisco Magaña – Archivo
