DE NORTE A SUR
Silber Meza
El presidente ya se va. Le quedan menos de 40 días de gobierno. Pero es claro que dejará el poder de la peor manera posible dentro de su imaginario discursivo. Él, en realidad, había planeado una gira del adiós de ensueño: llevar por todo el país a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que reconociera y adoptara aún más las grandes obras de su gobierno. Un fin de semana en el Tren Maya, otro en el Interoceánico, otro más en las grandes presas de Sinaloa y otro para encontrarse con los yaquis de Sonora y el plan de “injusticia”, como lo han llamado algunos de ellos. Esos y muchos otros viajes que hoy parecen languidecer.
Hace un mes exacto, Andrés Manuel López Obrador se veía contento y animado. No era para menos, acababa de ganar la elección federal con mayoría aplastante, la mayor parte de las gubernaturas en juego y la jefatura de gobierno de Ciudad de México; además, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión: en la Cámara de Diputados con una amplia diferencia, en la de Senadores a dos, tres escaños de lograrlo. La economía continuaba fuerte y las obras faraónicas de su administración estaban terminando (al menos oficialmente). Es más, para deslindarse de las acusaciones de corrupción que se han sumado sobre ellos, hasta sus hijos publicaron una carta a modo de puerta para entrar de lleno a la política electoral mexicana.
Pero al día siguiente las cosas cambiaron. El jueves 25 de julio se dio a conocer la privación ilegal de la libertad del narcotraficante Ismael Zambada García, alias El Mayo, a manos del también criminal Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y todos los sueños presidenciales se vinieron abajo.
Fue el primer gran golpe de Estados Unidos, de la administración de Joe Biden, a la política interna –nacional– de López Obrador. En una operación secreta –con la evidencia existente, ya podemos dejar de lado la ingenuidad política y la formalidad diplomática–, todo indica que el gobierno estadunidense decidió coordinarse con Guzmán López para capturar a Zambada y que fuera entregado del otro lado de la frontera sin decirle una palabra al gobierno mexicano. El hermetismo de Estados Unidos no hace sino confirmar esta versión. El Mayo no sólo es importante por su conocimiento del mundo criminal, lo es aún más por su conocimiento de la narcopolítica.
Con una simple carta de Zambada difundida por su abogado, El Mayo generó una de las más grandes crisis del sexenio de López Obrador: obligó a la fiscal de Sinaloa a renunciar y a colocar en la puerta de salida al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un aliado añejo e importante del presidente tabasqueño.
Aunque López Obrador ha querido borrar el tema de la discusión pública, no ha podido, y a un mes del hecho el tópico aún suena fuerte en el interés público. Lo que declare El Mayo puede poner en grave riesgo el legado del presidente. Es de pronóstico reservado.
El Subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo comparó con las peores características de los expresidentes mexicanos, incluidas el “autoritarismo” de Gustavo Díaz Ordaz, la “perversidad” de Carlos Salinas de Gortari, el “militarismo” de Felipe Calderón Hinojosa y la “superficialidad” de Enrique Peña Nieto.
AMLO trató de no engancharse con esta carta enviada por Marcos –que firma ahora como El Capitán–, pero fue un duro golpe al venir de un sector de la izquierda profunda.
Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el máximo órgano patronal, se posicionó en contra de que Morena y aliados tuvieran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y llamó a las autoridades electorales a que le entregaran menos curules de representación proporcional al movimiento del presidente, un acto que cimbró a Palacio Nacional y generó el rechazo inmediato.
El último gran frente de batalla que se le ha abierto a López Obrador es el listado de reformas constitucionales pactadas en su llamado “Plan C”, principalmente la modificación del sistema de elecciones y nombramientos dentro del Poder Judicial.
La “cuatroté” propone, entre otras cosas, que jueces, magistrados y hasta ministros pasen a las urnas y sean elegidos por los ciudadanos, así como se eligen los cargos de elección popular.
La propuesta ha generado una avalancha de reclamos: los trabajadores del Poder Judicial federal se fueron a paro de labores, los grupos empresariales han reclamado, dentro y fuera de México, y lo más reciente y denso fue el pronunciamiento, primero, de la embajada de Estados Unidos y, después, de la de Canadá. Ambas coinciden en que se pone en riesgo la estabilidad de las inversiones internacionales e inyecta nervios a los empresarios. Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar, se fue aún más lejos: puso en duda la democracia mexicana y la posible intromisión del crimen organizado en la determinación de los nuevos jueces. Luego de esto, México lamentó las declaraciones de Salazar y las calificó de injerencistas.
Todo esto ha pasado en solo un mes. El escenario de festejo se halla totalmente desdibujado. Faltan menos de 40 días para que termine el gobierno de López Obrador y cada hora será de alto desgaste. Las consecuencias de las decisiones que se tomen en estas cinco semanas restantes marcarán el fin del gobierno del presidente, y probablemente sus años futuros como expresidente.
El panorama está colmado de bruma.
Presidente, se le viene la noche.
