
De acuerdo con el secretario de Hacienda, el objetivo ahora es dejar atrás casi cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado.
Ciudad de México, 17 de marzo de 2019. En la clausura de los foros para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), funcionarios del gobierno federal destacaron las acciones y los retos que se tienen en materia de derechos humanos e igualdad de género, combate a la corrupción y desarrollo sostenible.
Los servidores participan en el cierre de los foros nacionales “Planeando Juntos la Transformación de México” con los que se buscan propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se entregará al Congreso a más tardar el 30 de abril.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios del gabinete e invitados, expusieron, entre otros, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías; y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También, las secretarias Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de la Función Pública, y Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Medio Ambiente.
Urzúa Macías destacó que ha habido una gran participación en los foros de consulta sobre el PND, y agradeció a Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que hasta el momento ha organizado 22 encuentros con más de 8 mil asistentes.
El secretario de Hacienda dijo que este domingo se hacen los foros 23 y 24 del INPI, en Tlapa, Guerrero, y en Los Mochis, Sinaloa.
En su turno, Encinas Rodríguez destacó que estos foros son un ejercicio democrático de la mayor importancia.
“Se trata de dejar atrás casi cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado”, puntualizó.
Sobre el PND, el subsecretario de la Segob subrayó que recibieron un país marcado por una grave descomposición social, 26 mil cuerpos sin identificar y millones de víctimas indirectas.
“Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza”, reconoció Encinas.
También criticó que las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos fueron dejados “en las sombras”, por lo que revertir la crisis en la materia es la prioridad del gobierno federal.
“Se ha decidido que además de las políticas de Bienestar en marcha uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo será la igualdad de Género y la no discriminación”.
Encinas sostuvo que el gobierno está poniendo énfasis en cubrir las necesidades básicas de la población, así como el combate a la violencia contra la mujer en “zonas de conflicto”.
Irma Eréndira Sandoval, de la SFP, refrendó la lucha de este gobierno contra la corrupción, con la misión de instaurar una nueva ética de trabajo, en estricto apego a la normatividad imperante.
Prometió que la denuncia ciudadana se protegerá, el derroche se acabar· y la transparencia se garantizar·á
Sandoval dijo que la SFP no sólo revisará y sancionará conductas fuera de normas, sino también impulsará mecanismos de mejora administrativa en las dependencias.
“La austeridad es un modo de vida democrático. Un gobierno austero es aquel que no malgasta”, sostuvo.
La secretaria dijo también que entre los logros de la dependencia durante los primos 100 días se encuentra la publicación del 100 por ciento de las declaraciones patrimoniales del gabinete.
También anunció la creación de un sitio web para la consulta de la nómina de la Administración Pública Federal, que estará en operación a partir del 1 de abril.
Entre 1 diciembre y 4 de marzo, dijo, se turnaron 23 investigaciones al MP por presuntos actos de corrupción.
Las acciones de la SFP en este sexenio, presumió, han permitido la devolución a la Tesorería de 793 millones de pesos.
En su turno, la titular de Semarnat, Josefa González, denunció un ecocidio sin precedente que impacta al país.
“Es imperante que actuemos con responsabilidad. No habrá desarrollo, justicia social ni bienestar si no tenemos bosques que capten agua, recursos naturales sanos, medios de vida para las comunidades”, advirtió.
En la dimensión ambiental, dijo, hay una deuda con el pueblo de México.
“En Semartat nos proponemos saldar esa deuda de la mano con las otras dependencias federales”.
González dijo que impulsarán una política ambiental que priorice a las comunidades indígenas.
En 2018, mencionó, las consecuencias por degradación ambiental ascendieron a 947 mil millones de pesos y podrían ascender a 20 mil millones de pesos al año si no se adoptan las medidas adecuadas.
La secretaria dijo que se requieren acciones y un cambio de paradigma que incluya el respeto y cuidado del medio ambiente.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Foto: Tomás Martínez / Agencia Reforma


