Silvestre Pacheco León
Nadie sabe si la orden que ha dado el gobernador Héctor Astudillo Flores para que ninguno de sus funcionarios declare más a la prensa respecto al tema del presupuesto 2019 es el objetivo que busca por considerar que se ha sobredimensionado el problema, y tampoco si los medios de comunicación dejarán de insistir en él hasta en tanto no se apruebe.
Pero el hecho es que tras la discusión y la saturación del tema en los medios parece que se alcanzó el propósito de ocultar lo central del debate que consiste en transparentar el manejo de los recursos públicos y de eficientar su vigilancia y supervisión.
Es la primera vez en la historia local que se termina el año sin la aprobación del presupuesto que el gobierno ejercerá en el siguiente, y también la primera en que se trata de responsabilizar de su retraso a una mayoría opositora en el Congreso del estado que reclama al Ejecutivo la falta de información para el cumplimiento de su trabajo.
En esta nueva realidad local que se supone afectará de raíz el tradicional ejercicio del poder por parte del PRI, el gobierno local buscó aprovechar y sacar ventaja de la novatez de los legisladores de Morena, pero exhibió también su falta de cohesión al interior de la fracción, sin embargo, ha sido este ejercicio discursivo lo que ha permitido que cada vez más amplios sectores de la población entiendan y opinen acerca de ese instrumento técnico denominado “presupuesto” mediante el cual, cada año, el gobierno establece su política de gasto conforme a su idea de desarrollo, y con el aval del Congreso lo gasta en la opacidad porque hasta en el presente los propios diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han dicho que carecen de los medios técnicos, presupuestales y hasta intelectuales para vigilar el ejercicio del gasto.
El retraso observado en la aprobación del presupuesto 2019 hizo que el gobierno pusiera el grito en el cielo tratando de pasar el costo político de demérito a la fracción de los diputados morenistas, ventilando hechos irrelevantes para hacerlos ver como una fracción compuesta de facciones e intereses diversos que se disputan el poder interno sin contemplaciones.
Entre dimes y diretes de la fracción de Morena y el gobierno del estado acerca del incumplimiento de su responsabilidad de unos y otros se consumió toda una semana sin quedar en claro si efectivamente el gobierno del estado entregó incompleto su proyecto de presupuesto a los diputados que se quejaron que faltaban los anexos técnicos de cada partida, o si estos se retrasaron irresponsablemente por falta de cabildeo y consenso en sus fracciones.
Hasta el tema de la contratación de un asesor externo por parte del presidente del Congreso quiso verse como una impostura y descalificarse por cuestiones del origen político y partidista del contratado, pero todo eso fue insuficiente para que se traslucieran hechos que a todos nos gustaría que se suprimieran en los ejercicios posteriores.
Me refiero a la vieja práctica de aprobar un presupuesto que si bien se dicta a modo del gobierno en funciones, con el aval de los diputados, en general éste poco tiene que ver con las prioridades del estado, con sus necesidades inmediatas y posibilidades de promover el desarrollo.
El dinero para el cambio
En el fondo se trata del uso de los casi 60 mil millones de pesos que el gobierno del estado manejará con la opinión y las propuestas de la fuerza de izquierda en el Congreso, para que a la vista de la sociedad guerrerense pueda valorarse si es posible combatir con eficacia la desigualdad.
El presupuesto aprobado siempre ha sido a gusto del gobernante y a satisfacción de todos los diputados porque la práctica tradicional en ese acuerdo lleva de por medio una cuota de agradecimientos para ellos que no es precisamente de gestos amables, sino de favores económicos que están en el mismo ejercicio del gasto.
La prueba de lo aquí señalado salió a relucir en toda esta semana de discusión, y los lectores hemos tomado nota de que asciende a 200 millones de pesos la partida del presupuesto que se destina a la propia gestión de obra de los diputados.
Con estos representantes populares metidos a constructores cualquiera puede entender la existencia de obras fantasmas por todo el territorio guerrerense, o de tan pésima calidad las que se realizan que casi compiten con las que ejecuta el gobierno del estado.
Si bien es cierto que en Guerrero la ley permite que los diputados gestionen obras y ejerzan recursos, ya es tiempo de que eso se termine y que mejor se gaste en la profesionalización de los técnicos encargados de la vigilancia y supervisión del gasto y de las obras que los gobiernos estatal y municipales ejecutan en aras de la transparencia.
Sería más provechoso para el estado que las grandes discusiones en el Congreso sobre el presupuesto se realizaran a la luz de las prioridades locales para el desarrollo del estado que los consensos de las fracciones que tienen su origen en los acuerdos de beneficios mutuos.
La simulación y la doble moral ya no tienen cabida en los momentos actuales entre los servidores públicos. Se entiende que parte del retraso en la aprobación del presupuesto tuvo que ver con la vieja cultura priísta a la que no son ajenos los propios diputados de Morena, tratando de sacar, cada quien, beneficios de obra para cada una de sus regiones y municipios. De ahí que reiteradamente se haya señalado el interés del propio diputado Antonio Helguera, coordinador parlamentario de Morena, porque se aprobara una partida hasta de 600 millones de pesos para apertura de caminos sin contar siquiera con los expedientes técnicos de respaldo.
Con el presupuesto que, pese al retraso en su aprobación, se ejercerá en el presente año, conviene una explicación de parte de la fracción mayoritaria del Congreso que nos dé satisfacción sobre la diferencia que habrá entre el proyecto presentado por el gobernador y el que ellos aprobarán.
