Ciudad de México, 19 de marzo de 2026.- En una ríspida audiencia, una jueza federal vinculó anoche a proceso a la ex subprocuradora de Guerrero, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, indagada en el caso Ayotzinapa, por la posesión de cinco cartuchos de arma de fuego y tres cajas de medicamentos controlados.
Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó a la ex funcionaria por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Por los mismos delitos, procesó a Margarita Anguiano Castro, a quien también le aseguraron 21 cajas de medicamentos controlados.
García Peralta además estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y les ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
La noche del pasado martes la Fiscalía General de la República (FGR) cateó el departamento de la ex funcionaria, ubicado en Retorno 53 de la Avenida del Taller, en la Unidad ISSSTE-6, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.
En el inmueble, detuvo a Estrada y Anguiano, de 73 y 83 años de edad respectivamente. Anguiano es diabética, hipertensa y tiene una fractura de tibia y peroné que le impide caminar, por lo que ayer compareció con un bastón en la audiencia.
En la investigación del caso Ayotzinapa un testimonio señala a Estrada de una presunta relación con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
De acuerdo con la investigación, estos registros visuales grabaron el momento en que policías locales interceptan a uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
Con base en ese testimonio, el juzgado solicitó el cateo al departamento de Estrada. Una vez detenida, la FGR ejercitó la acción penal por los cartuchos y los medicamentos controlados hallados en el inmueble, pero no por el caso Ayotzinapa.
La ex subprocuradora de Guerrero anoche pidió clemencia para su amiga y coprocesada, debido a su frágil estado de salud.
Al término de la audiencia, la juzgadora acordó que trasladaran a ambas procesadas en silla de ruedas y giró oficios al Reclusorio Norte y el Penal de Santa Martha para que se les dieran las atenciones necesarias, aunque dijo que es un juez de ejecución y no ella quien debía resolver sobre las condiciones de las internas.
Se acusan jueza y abogados
La jueza de elección popular y los abogados defensorse cruzaron acusaciones de incompetencia, deficiencias técnicas y hasta corrupción, durante la audiencia. Al final la impartidora de justicia ordenó a un policía retirar de la sala judicial a uno de los litigantes.
“Esta defensa la hace responsable a usted de lo que le suceda a nuestras representadas y cualquier situación que les llegue a suceder es responsabilidad de usted”, le advirtió uno de los abogados a la jueza, en la parte del debate sobre la edad y el estado de salud de las procesadas.
La diligencia además se interrumpió durante cinco horas y media para que los abogados revisaran los ocho videos del cateo que, hasta la mañana de ayer, desconocían.
“Acaba de vincular a proceso a dos personas sin oportunidad de defenderse”, le dijo Andrés Peralta Vargas, otro de los defensores, a la jueza y agregó: “Vi su currículum y ejercer un cargo para el que no está capacitada es también corrupción”.
Fue la gota que derramó el vaso, ya que en ese momento la juez de elección popular ordenó echar de la sala de audiencias a Peralta.
García Peralta se desempeñó en los últimos cinco años como visitadora adjunta de Apoyo en Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y enlace de la Dirección de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En junio pasado ganó su distrito judicial para convertirse en juez de elección popular, cargo que asumió en septiembre.
Al término de la audiencia, el abogado Pablo Ramírez García dijo que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y una denuncia penal ante la FGR contra la juez de control Nora Ileana García Peralta.
El litigante dijo que el procesamiento dictado por la impartidora de justicia a la subprocuradora de Guerrero, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, y Margarita Anguiano Castro, se hizo con violación a sus derechos fundamentales, ya que no les permitieron defenderse.
“Totalmente penoso, muy lamentable que se manche la reforma judicial, con una juez que denota su desconocimiento abiertamente, con una opinión y un criterio totalmente sesgado, en donde señaló situaciones que denotan un total desconocimiento, particularmente, que tiene 166 horas para resolver dentro de un término constitucional (cuando son 144 horas)”, dijo.
Agencia Reforma
