El director de Tlachinollan sostiene que los paisanos prefieren quedarse en la frontera para intentar regresar a Estados Unidos, pues en la entidad no tienen oportunidades de empleo o por el problema de la violencia. Recuerda que las remesas son el principal ingreso de las familias en la Montaña
Chilpancingo, Guerrero, 1 de febrero de 2025. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que los programas de apoyo previstos por el gobierno de Guerrero para los paisanos deportados de Estados Unidos son paliativos, de coyuntura y no satisfacen la expectativa de vida de quienes buscan una mayor fuente de ingresos en el extranjero.
Recordó que las remesas que envían los migrantes a sus familias son la fuente de mayor ingreso para el estado, más allá del turismo.
Estimó que la mayoría no va a regresar e intentarán cruzar la frontera, particularmente los desplazados que buscan refugio, pues en Guerrero ya no tiene un lugar para vivir, y porque las condiciones de violencia e inseguridad persisten.
Consultado vía telefónica sobre el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que apunta a deportaciones masivas de migrantes, Barrera Hernández denunció que esa postura es anti derechos humanos.
“No está viendo que es un problema global, trivializa este fenómeno criminalizando a los migrantes pobres porque la mayoría o la totalidad son pobres, y alienta una concepción negativa del ser humano en esencia malévola. Más a quienes se atreven a cruzar frontera, los considera causantes del mal y del desorden”.
Explicó que la migración tiene matices, a partir de que la gente va en busca de trabajo, y porque en los países de los que migran no sólo hay pobreza, también violencia, y la manera de encontrar una salida del peligro y de las amenazas de muerte es buscando refugio.
Señaló que periodistas, activistas y familias que perdieron a un familiar o tienen un desaparecido apelan al derecho internacional para adquirir el estatuto de refugiado.
Señaló que con familias de Chichihualco, en la región Centro, hay bastantes casos; de Tierra Caliente pidieron asilo por desplazamiento forzado, inseguridad, violencia y persecución. Así como en la Montaña hay asuntos relacionados con persecución y desaparición.
“Todas estas personas con ese estatus (de asilo), ya las canceló por el decreto que firmó el presidente el día de su protesta. Para él no existen personas con estatus que tienen que ver con el refugio”.
Indicó que Trump ve a las iglesias como espacios que encubren a personas sin importar su estatus migratorio, “creo que eso está desencadenando angustia, zozobra, incertidumbre de quienes salieron de su país. Ahora, esa persecución la van a sufrir en el lugar donde creyeron que iban a estar más seguros”.
En este escenario, considero importante visibilizar a las víctimas que de por sí hay en México, donde no se les valora y no se les coloca en el centro de la acción gubernamental.
“A las víctimas que buscaron las instancias para acreditar situación en Estados Unidos simplemente se les va a deportar, sin importar que salieron por cuestiones de vida o muerte”.
Subrayó que en Guerrero tampoco hay condiciones para que los desplazados vuelvan a su comunidad, porque ya no tienen dónde vivir, y porque las condiciones de violencia de inseguridad son las mismas que dejaron al salir.
“Yo siento que muchos van a permanecer en la frontera, de por sí muchos estaban ahí buscando cómo pasar y plantear solicitudes de refugio. Les están negando la posibilidad de alcanzar ese tipo de estatus humanitario. Se tira por la borda la dimensión humanitaria internacional”.
Denunció que la criminalización de migrantes es un retroceso a la barbarie, donde no importan las condiciones en que llegue, “se castiga el color de piel, la pobreza, que no habla inglés, en lugar de catalogarlos como víctimas de una población vulnerable que requiere protección”.
No tenían oportunidades en Guerrero
Del plan que prepara el gobierno de Guerrero para recibir a migrantes deportados, inicialmente de incorporarlos a los programas sociales ya establecidos, y como capacitadores de oficios en la Secretaría del Trabajo, el defensor estimó que eso no va a resolver el problema, considerando que las remesas son las que sostienen la economía familiar y de las comunidades.
“Si por algo la gente se fue de su comunidad es porque en su estado no había oportunidades para desarrollar sus capacidades para tener un ingreso digno, entonces es un paliativo que no va a resolver, que ni siquiera puede amortiguar”.
Recordó que los programas sociales no tienen continuidad y los presupuestos van en decremento.
“Decir que ahora se les va a dar un trabajo acá, cuando son ellos los que subsidian a las familias, es una respuesta que no está sustentada, es una salida emergente que no ayuda a que los migrantes sientan que pueden retornar. Será un retorno forzado pero no con expectativas de mejorar”.
Opinó que quienes sean deportados van a persistir en su lucha de volver a cruzar, a menos que hayan generado un patrimonio que les permita iniciar un negocio propio.
Consideró que el gobierno estatal tiene propuestas de buena fe, pero paliativas, porque quienes han ganado en dólares regresan a trabajar con pesos en situaciones de inseguridad y de alta inflación.
Texto: Lourdes Chávez/Foto: Archivo
