Acapulco, Guerrero, a 11 de febrero de 2026.- Ambientalistas acapulqueños lanzaron una petición en la plataforma digital Change.org dirigida a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda con el fin de “solicitar su intervención inmediata para salvar el Parque Estatal Bicentenario”.
La causa Salvemos el Parque Estatal Bicentenario de Acapulco fue publicada el lunes en la noche y hasta ayer a las 5:30 de la tarde sumaron 618 firmantes, quienes le exigen a la mandataria estatal realizar acciones para que el Área Natural Protegida (ANP) “continúe siendo un bastión verde en nuestra ciudad”.
“Cada día que pasa es una oportunidad perdida para proteger nuestra herencia natural. Por favor, sea la líder que nuestra ciudad necesita y tome acción ahora”, claman los ambientalistas en la descripción de la causa, y llaman a la sociedad en general a sumarse.
Los firmantes afirman que el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del sábado es una “simulación jurídica” porque el fin del comodato con el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (Fidaca) no obliga a la dependencia estatal encabezada por Ángel Almazán Juárez a entregar físicamente el territorio.
“El Decreto de creación del Parque es de orden público e interés social, y está por encima de cualquier contrato administrativo. Por lo tanto, exigimos que la Semaren cumpla con su responsabilidad de proteger y conservar esta invaluable área natural”.
Los ambientalistas sostienen que el Parque Bicentenario “no sólo es un espacio verde, es un símbolo de nuestro compromiso con el medio ambiente y con las futuras generaciones. Permitir su degradación o destrucción sería un golpe irreparable a nuestro ecosistema local, un deterioro a la calidad de vida de nuestra comunidad, y una traición a los valores de conservación que compartimos todos los acapulqueños”.
Solicitan que se refuercen la vigilancia y la administración del Parque Bicentenario, “se destinen los recursos necesarios para su mantenimiento y protección, y se garantice que las decisiones sobre su futuro sean tomadas en un marco de transparencia y participación ciudadana”.
El viernes pasado, integrantes del Consejo Asesor del Parque Bicentenario y ciudadanos denunciaron en una conferencia que el gobierno del estado va a entregar el 12 de febrero las más de 30 hectáreas de la ANP colindante a la Universidad Loyola del Pacífico, en la colonia cumbres de Llano Largo, al Fidaca.
Ayer, El Sur publicó la declaración del coordinador del Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Octavio Klimek Alcaraz, quien también llamó a Salgado Pineda a escuchar a la sociedad acapulqueña porque “son entidades del gobierno las que están socavando los destinos de conservación”.
El también secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2015 recordó que durante su gestión también recibió “presiones” del Fidaca para que le entregara los terrenos del Parque Bicentenario.
Fue en diciembre pasado que El Sur dio a conocer la destrucción de la selva baja caducifolia de la ANP para vender sus terrenos, pese a su prohibición estipulada en el decreto de creación del Parque Bicentenario publicado el 12 de noviembre de 2010.
Llama el Grupo ACA a la defensa del Parque Estatal Bicentenario
El Grupo ACA manifestó ayer su “total rechazo a la invasión ilegal” del Parque Estatal Bicentenario y llamó a las autoridades a garantizar la protección del Área Natural Protegida (ANP).
Mediante un comunicado, la asociación civil convocó a la ciudadanía acapulqueña a defender el parque “y alzar la voz de manera pacífica y organizada. La protección del Parque Bicentenario no es un asunto menor: es una causa común que impacta directamente en la calidad de vida, el agua y el futuro de nuestra ciudad”.
Afirmó que la preservación de la ANP “es clave para fortalecer la protección del parque nacional El Veladero, pulmón natural y barrera ecológica fundamental para Acapulco”.
“Cualquier invasión, ocupación o intento de urbanización en este espacio contraviene la ley y atenta directamente contra el interés público y el derecho de las futura generaciones a un medio ambiente sano”.
Ramón Gracida Gómez
