Ciudad de México, 16 de noviembre 2017. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves en una ceremonia privada la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, esperada por organizaciones de familiares de víctimas.
En la residencia oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México, el mandatario se reunió a puertas cerradas con miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que articula a varios grupos nacionales y unos de los principales impulsores de la ley.
“Aprovechamos para plantearle al presidente retos y acciones sobre esta ley. No se trata solo de la promulgación, sino de su implementación”, dijo a dpa una de las portavoces del Movimiento, Grace Fernández, al finalizar la reunión.
Señaló que es un paso para mostrar “la grave dimensión” del problema en México, donde se contabilizan más de 30 mil desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
La ley fue aprobada el 12 de octubre por el Congreso, donde llevaba discutiéndose dos años. Establece penas de 40 a 60 años de prisión por desaparición forzada, castigo que puede aumentar hasta en una mitad si la víctima pierde la vida, es migrante, menor de edad, mujer, periodista o defensor de los derechos humanos, entre otros.
Cuando se trate de desapariciones cometidas por particulares, como sería el caso de acciones del crimen organizado, la pena será de 25 a 50 años de prisión.
También contempla la creación de un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y fiscalías especializadas. Entre los objetivos está la homologación de datos forenses y registros para facilitar la búsqueda y localización de víctimas.
Fernández explicó que durante su reunión con Peña Nieto, el Movimiento planteó varios puntos que consideran importantes, como el compromiso de todas las autoridades, la creación de mecanismos de colaboración y garantizar una activa participación de las familias de las víctimas en la implementación de la ley.
Asimismo, se planteó la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado para ello, que según Fernández es de 750 millones de pesos (unos 39,4 millones de dólares). “No es suficiente para garantizar un arranque completo”, indicó.
En la reunión, Peña Nieto se comprometió a mantener el diálogo con los familiares de desaparecidos, a quienes les dijo que había girado instrucciones a todas las instancias del Gobierno para que trabajen en conjunto.
Fernández dijo que habrá una segunda reunión con el presidente, aunque todavía no se ha establecido una fecha, pero que será después de implementada la ley.
“La confianza hay que reconstruirla y para eso se necesitan resultados”, manifestó. “Esto es solo el primer paso, falta muchísimo”.
Texto: DPA /Foto:Redes Sociales
