Chilpancingo, Guerrero, a 14 de abril de 2026.- Para evitar la infiltración o amenazas de la delincuencia organizada en las elecciones en Guerrero, la ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, señaló que debe haber un trabajo “muy colectivo” de todas las instituciones, y sistemas de colaboración con la Unidad Técnica de Inteligencia Financiera (UIF), y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que permitan atender desde todos los ángulos del problema.
Consultada tras impartir la conferencia Retos del Sistema de Nulidad en materia electoral de un diplomado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), puntualizó que es un trabajo colectivo, porque en las leyes electorales no está previsto un supuesto de ilegibilidad por ese tipo de ilícitos, y la autoridad electoral sólo va a revisar lo que indica la ley.
Sobre las denuncias de vínculos o hechos, señaló que llevan implícito la presentación de algunos indicios de prueba para que las autoridades judiciales investiguen en el área penal.
En contextos de violencia, señaló que las autoridades electorales deben trabajar con el gobierno del estado, porque los asuntos de seguridad pública y sanción del delito no son de su competencia.
Indicó que a través del Sistema de Seguridad Pública del estado, y convenios de colaboración con INE, con la UIF y con el SAT, se pueden analizar todos los ángulos del problema.
Advirtió que “es uno de los retos que se tiene en nuestro país: atender los problemas de seguridad, cubrir la elecciones tanto de recursos ilícitos como de infiltración de otras formas de lo ilícito, ya sea crimen organizado u otro tipo de interés”, porque “la violencia deteriora la democracia”.
Apenas este lunes en Guerrero se documentó la privación de la libertad del alcalde del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, un día antes de su padre, y el posterior rescate de los dos.
Y la operación de captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en febrero, generó actos de violencia y protestas en 22 entidades.
Zavala Pérez consideró que, “para poder hacer frente a esto (la violencia), se tienen que buscar los esquemas de colaboración interinstitucional. Es la única forma que yo veo, porque en las autoridades electorales no hay expertos en materia de seguridad. Son otras las autoridades competentes, y obviamente el legislador tiene que regular cosas, que las ponga en la ley, para que puedan darse un seguimiento”.
Explicó que en su periodo en el Consejo General del INE, que terminó este 4 de abril, los problemas de seguridad eran atendidos por la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, y el INE “lo único que ponía en la mesa, es lo que atañe a los operativos, no nos metemos” en los hechos delictivos.
Nulidad por valores y principios
En la conferencia, la ex consejera explicó que en el proceso electoral se organizan una serie de actos antes de que los ciudadanos ejerzan su voto para elegir a sus gobernantes y ahora también a quienes juzgan.
“La mayoría de esos actos se pueden impugnar, es una especie de depuración de las posibles irregularidades que se pueden dar, o cuando no se ponen de acuerdo en la forma de ver las cosas”.
Consideró que la aportación más grande de los tribunales es la revisión de los valores y principios rectores, que sin cumplimiento no se puede señalar que hay una elección auténtica.
Destacó que en 1996 hubo un cambio de paradigma, porque estos valores y principios se elevaron a rango constitucional en el artículo 41. Con estos criterios, en el año 2000, por primera vez se decretó la unidad de la elección de gubernatura en Tabasco, donde se alegaron irregularidades antes, durante y posterior a la jornada.
“Aunque no estaba señalada la nulidad de la elección de una gubernatura, el tribunal concluyó que sí era posible, porque todas las elecciones no escapan al cumplimiento de los valores y principios de las eleciones”.
Hoy, la primera pregunta fundamental para revisar las irregularidades es si afectan dichos principios, dijo.
Aclaró que en la reforma de 2007 o 2008, el legislador señaló explícitamente las causas para anular una elección, porque no estaba de acuerdo con esta interpretación de causa abstracta del tribunal constitucional, pero la historia dijo que mientras no se quiten los principios de la Constitución, seguirán siendo la base para poder declarar nula una elección
Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
