Destaca la diputada de Morena Mariana García Guillén que el 44% de los desplazados en el país son de Guerrero con por lo menos 5 mil 56 personas en esa condición.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de septiembre de 2019. La diputada local de Morena Mariana García Guillén propuso sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien provoque el desplazamiento forzoso interno de personas, ya que el 44 por ciento de los desplazados en el país son de Guerrero.
En tribuna planteó un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal, y dijo que “por lo menos 5 mil 56 personas en Guerrero tuvieron que dejar sus hogares, posicionándolo como el primer lugar del país; los afectados pertenecen a 22 comunidades de ocho municipios, donde se reportaron más agresiones de grupos delictivos, lo que llevó a catalogar al menos 13 distintos hechos de desplazamiento forzado en grandes cantidades de ciudadanos”.
Recordó casos como los ocurridos en San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la morenista, el desplazamiento forzado se sancionará con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo, a quien de manera individual o colectivamente ejerza violencia o cualquier otro medio coactivo en contra de una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia.
Y a comisiones se mandó la propuesta que presentó el priista Jorge Salgado Parra de un Punto de Acuerdo en que solicita al Congreso de la Unión la adición del artículo 9-a de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, mismo que fue turnado a la Comisión de Cultura, para que durante la celebración del 15 de septiembre en el Grito de Independencia que realiza el presidente de la República, gobernadores y alcaldes se mencione a los guerrerenses: el general Vicente Guerrero Saldaña y Leona Vicario.
El pasado domingo, en su primer ceremonia del Grito de Independencia, el presidente, en su arenga, no nombró a Vicente Guerrero.
El pleno del Congreso del estado pidió al Congreso de la Unión destinar dentro del presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020, recursos necesarios para políticas públicas con fines de cuidado, protección, preservación y conservación del medio ambiente, con la finalidad de que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos en materia ambiental en el marco de la agenda 2030.
En el mismo exhorto se plantea solicitar a los congresos locales de las 31 entidades federativas que se adhieran al acuerdo parlamentario a fin de lograr el objetivo planteado en el exhorto. La propuesta fue de los diputados Eunice Monzón García del PVEM y Manuel Quiñonez Cortés de MC.
El diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) presentó un exhorto al gobernador del estado para que en el uso de sus atribuciones realice la recuperación y rehabilitación del Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura (CIRCyC), y para que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) incorpore en su presupuesto para el año fiscal 2020 los recursos necesarios para el asunto en mención.
El bloque del PRI y el PRD votó contra la propuesta del morenista Zeferino Gómez Valdovinos que presentó un exhortó a los tres niveles de gobierno para que consideren un mayor presupuesto en materia de turismo para Guerrero en el Paquete Fiscal 2020. Fue turnada a comisiones.
Después la diputada Alicia Zamora Villalva, a nombre del grupo parlamentario del PRI, presentó un exhorto al Congreso de la Unión para que se modifiquen los criterios generales de política económica utilizados en la estimación de los ingresos en el Paquete Fiscal 2020, porque consideran que hay una sobre estimación y que de no alcanzarse las metas fijadas, la economía de las entidades podría verse afectada, llevando a la reducción de programas y bajas en las nóminas, pero la bancada de Morena rechazó aprobarla como de urgente y obvia resolución y la turnaron a la Junta de Coordinación Política.
En tribuna, el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo presentó a nombre de un grupo de diputados de Morena un exhorto a los titulares de la Secretarías de Finanzas, Educación y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Estado para que en un plazo de 10 días hábiles informen a esta Soberanía cuánto se ha ejercido hasta la fecha del monto asignado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019 para la promoción, protección, preservación, uso y desarrollo de las lenguas indígenas de la entidad y los resultados que se han obtenido.
Asimismo plantearon exhortar al secretario de Finanzas para que en caso de que no se haya designado un monto específico, se establezca una partida para dicho fin en el Presupuesto de Egresos 2020 del gobierno del estado, pero fue turnada a Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
El exhorto era también a los ayuntamientos de las regiones Centro, Norte, Montaña, Acapulco y Costa Chica, para que informe cómo se ha ejecutado dicho recurso hasta la fecha, y confirmar si se da cumplimiento a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La propuesta fue rechazada por PRI, PRD, PVEM y PAN.
Otras iniciativas
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación del Estado de Guerrero, para incluir en la elaboración del diagnóstico, tanto del Plan Estatal de Desarrollo como en los planes municipales, el número de habitantes de autoadscripción indígena.
De Morena Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado en materia municipal, para que los titulares de Obras Públicas, antes de otorgar licencias de construcción, requieran la autorización o anuencia de las instancias federal, estatal y municipales competentes, con el objeto de evitar catástrofes por fenómenos naturales en zonas de alto riesgo.
La diputada del PRD Fabiola Rafael Dircio presentó una iniciativa de reformas al Código Penal y la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero para establecer el Registro Estatal de Deudores de Alimentos Morosos, con el propósito de garantizar la manutención de niños, niñas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.
Por último, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, una iniciativa de adición a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la cual busca que los funcionarios puedan recibir una contratación con cargo al erario de seguros privados de separación individualizada o colectiva, de gastos médicos o de vida, siempre y cuando sus remuneraciones no excedan los límites máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal y el Presupuesto de Egresos del Estado.
Reforma contra el rezago legislativo
Los diputados de Morena Marco Antonio Cabada Arias y Arturo Martínez Núñez, propusieron una iniciativa que plantea acortar tiempos para dictaminar iniciativas para combatir el rezago legislativo, incluso que si no son dictaminadas en el tiempo establecido, sean retiradas de las comisiones y presentadas al pleno como dictámenes.
La propuesta la presentó en tribuna el diputado Martínez Núñez quien argumentó que en la actual legislatura hay un fuerte rezago legislativo por lo que propusieron reformar la Constitución de Guerrero para que las iniciativas presentadas se dictaminen y se lleven al pleno en el mismo periodo en el que se presentan.
Detalló que se presentaron 207 iniciativas de leyes y decretos, de las cuales sólo se dictaminaron y resolvieron 22, es decir, al cierre del primer año de ejercicio constitucional, quedaron pendientes 185 iniciativas, de las cuales a ninguna se le amplió el plazo o le fue reasignado el turno a otra Comisión; y sólo para 7 iniciativas fue solicitada una prórroga, a las que ya se les ha vencido el plazo y no han sido resueltas.
La propuesta es contabilizar el plazo de 30 días para dictaminar, como días naturales (que en la ley vigente son hábiles); que la ampliación del plazo para dictaminar -a juicio de la Mesa Directiva-, no exceda de diez días hábiles; que la Mesa Directiva, asuma como una obligación y no como una facultad, emitir la excitativa a la Comisión Dictaminadora al momento en que vencido el plazo establecido, ésta no haya presentado el dictamen correspondiente; que la prórroga, por única vez, no podrá ser mayor a diez días hábiles.
Pero que vencidos los plazos anteriores para dictaminar y la prórroga en su caso, se propone que el presidente de la Mesa Directiva ordene el retiro inmediato de la iniciativa a la comisión o comisiones y, en sus términos, la someterá como dictamen de manera directa en la próxima sesión del pleno.
Que se atiendan problemas educativos
El bloque del PRI, PRD y PVEM rechazó la propuesta del diputado Moisés Reyes Sandoval de exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores, a instruya al secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, para que instale mesas de negociación y diálogo para atender el problema que hay con los maestros de la entidad
En la propuesta el diputado de Morena pidió que se instruya al secretario de Educación Guerrero, implemente mesas de negociación y diálogo y criticó que desde hace varios años, el magisterio de Guerrero ha exigido en reiteradas ocasiones solución a demandas educativas, sin que hasta el momento se les haya dado una solución o alternativas.
Como el cierre de las escuelas debido a la violencia generada por la delincuencia organizada; el desplazamiento forzado de los maestros a causa de esta violencia; las denuncias por venta de plazas del área administrativa; la falta de maestros en la región de la Sierra del Estado de Guerrero así como la nula atención de las autoridades encargadas de la Seguridad Pública y de garantizar la educación en el Estado.
Reyes Sandoval mencionó que a causa de la inseguridad que impera en el estado, sobre todo en comunidades de la sierra, habitantes de los municipios de Heliodoro Castillo y Zitlala, y la sierra de Leonardo Bravo han sido obligados a dejar sus hogares, sus pertenencias, sus tierras y lo mucho o poco que poseen.
Recordó que la violencia ha provocado que escuelas de más de 400 comunidades serranas sufran la falta de maestros y por ende se ven obligados a cerrar los planteles, ya que los maestros se niegan a dar clases en esas condiciones.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jessica Torres Barrera-Archivo
