No hay diferencia entre los anteriores gobiernos con el actual, siguen los asesinatos y las desapariciones, nadie puede desarticular la estructura de la delincuencia organizada, plantea Abel Barrera en un foro
Chilpancingo, Guerrero, 7 de octubre de 2021. Familiares de víctimas de asesinatos, desaparecidos, presos y de violaciones a derechos humanos, propusieron al próximo gobierno estatal durante el foro: La incansable lucha del pueblo de Guerrero por la justicia y contra la impunidad, la creación de un “mecanismo extraordinario” o una fiscalía que investigue los crímenes de lesa humanidad, cometidas en Guerrero desde la época de la llamada guerra sucia hasta las más recientes.
Plantearon que el objetivo debe ser “el esclarecimiento histórico de los crímenes, el castigo a sus autores materiales e intelectuales, mediante la creación de un mecanismo integral que contemple los cuatro puntos de la justicia transicional; memoria, verdad, justicia y no repetición”.
El foro se realizó ayer en las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), en memoria del cuarto y octavo aniversario de los asesinatos de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo y Rocío Mesino Mesino; el primero asesinado el 14 de octubre del 2017 cerca de Nejapa, municipio de Chilapa y la segunda el 19 de octubre del 2013 en Mexcaltepec, municipio de Atoyac.
Asistieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Abel Barrera Hernández; el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad (Converdad), Nicomedes Fuentes; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) Tita Radilla Martínez, y el vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega.
Asimismo, como invitada, la presidente de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán; el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Fredi Gutiérrez Mayo.
Además, asistieron unos 50 representantes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Centro Minerva Bello, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), el colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), de la Organización de Productores de la Costa Grande que dirigía el asesinado dirigente Luis Olivares.
Así como familiares de víctimas, entre ellas, la viuda del diputado Armando Chavarría, Martha Obeso; la viuda de Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza; la hija de Ranferi Hernández, Diana Hernández, la hermana del periodista desaparecido Leodegario Aguilera, Ernestina Aguilera y la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas.
Tita Radilla, una de las ponentes, denunció que la crisis humanitaria que se vive actualmente en materia de crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, tiene que ver con la impunidad que se ha habido en cinco décadas y que comenzaron con la llamada guerra sucia en Guerrero.
Puso como ejemplo la desaparición de su padre, Rosendo Radilla, que a pesar de que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no existe ningún militar detenido y tampoco hay resultados de las investigaciones.
A su vez, el integrante de la desaparecida Converdad, Nicomedes Fuentes, matizó. Dijo que se ven procesos de unidad entre colectivos y familiares de víctimas y que esto habla de que “no estamos solos en Guerrero” y que esta unidad abre la posibilidad de darle seguimiento a todos los cosos.
Antes, había hablado de las trabas a las que se enfrentó la Converdad para realizar su trabajo de investigación.
Expresó que así como la implementación de la guerra sucia hacia el movimiento social de la década de los setentas fue una decisión política de aquellos tiempos, ahora debe haber una decisión política del Estado mexicano para terminar con la impunidad.
Sin embargo, Abel Barrera de Tlachinollan, el tercer ponente, dijo que no hay diferencia entre los anteriores gobiernos con el actual; “siguen los asesinatos y las desapariciones, nadie puede desarticular la estructura de la delincuencia organizada”.
Agregó que en el actual gobierno no hay ningún detenido por crímenes de lesa humanidad y siguen las violaciones a los derechos humanos; “la concha de la impunidad sigue intacta, los criminales de hace 20 años ahí están, intocables”.
Añadió que no se puede pensar que los gobernantes por sí solos van a hacer los cambios, sino que son los movimientos sociales, los campesinos y los defensores de derechos humanos, que son la reserva moral de la sociedad, los que deben empujar para que se haga justicia, aunque advirtió que esta es una lucha larga.
Por eso dijo que este encuentro es importante en esta coyuntura política para construir una agenda clara de cómo alcanzar la justicia en Guerrero, porque aclaró que esto no aparecerá en el Plan de Desarrollo de la nueva gobernadora.
“No vemos en el escenario de Guerrero nada que nos diga que nos estamos acercando a la puerta de la justicia. No podemos decir que ya viene un cambio en Guerrero. No va a pasar nada, tiene que ser el movimiento social el que empuje”, recomendó.
Entonces, propuso crear un mecanismo extraordinario o una fiscalía especial dedicada a atender todos los casos de crímenes y violaciones de derechos humanos graves, tanto de defensores, periodistas y activistas, que se apoye con la participación de expertos independientes y que se apliquen los estándares internacionales.
Pues dijo que “no podemos llegar al cambio en Guerrero sin ninguna propuesta”, de lo contrario advirtió que seguiremos estancados en cuanto a la falta de justicia y de verdad.
Pidió empujar desde abajo y fuerte, desde esta trinchera, la propuesta para exigir justicia y verdad.
Enseguida, expusieron sus casos la hija del asesinado Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández; la viuda de Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza; la hija de Luis Olivares, Celene Olivares; la viuda del diputado Armando Chavarría, Marta Obeso; la hermana del periodista desaparecido Leodegario Aguilera, Ernestina Aguilera, así como Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas.
Cerró la hermana de la dirigente de la OCSS asesinada Rocío Mesino, Norma Mesino, quien dijo que esa organización ha sido la más golpeada y que ha sufrido desapariciones forzadas, desplazamientos, presos y ejecuciones extraoficiales.
En tanto que en su intervención durante el foro, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, habló de la desaparición de su hermano, Vicente, que no ha sido localizado a pesar de que van cinco jornadas de búsqueda con la Comisión Nacional en la zona de Tres Palos y parte de Bienes Comunales de Cacahuatepec, área rural de Acapulco.
Insistió en que los ejecutores directos fueron policías ministeriales, estatales y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se llevaron a su hermano la noche del 5 de agosto; “ya han pasado 60 días pero siento que han sido 60 años, la familia se encuentra vacía, muy triste”.
Denunció que el gobierno cuando desaparece a alguien “sabe dónde pegar, sabe qué es lo que más duele”.
En declaraciones a reporteros después de que participó en el foro, Suástegui reiteró que las investigaciones por la desaparición de su hermano deben llegar hasta el gobernador Héctor Astudillo Flores y anunció que buscará entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del caso.
En su intervención, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, reconoció que en Guerrero hacen falta mecanismos y políticas públicas que abonen en la búsqueda de justicia, verdad y garantías de no repetición de hechos “tan lamentables”, como los que se expusieron en el foro.
Comentó que se lleva un compromiso y tarea, les pidió a los asistentes que cuenten con ella “como aliada para buscar una justicia verdadera”.
Hacer visible la violencia política en Guerrero
Diana Hernández leyó el pronunciamiento final que contiene por fechas los crímenes de más alto impacto contra luchadores sociales, defensores y periodistas de los últimos 50 años.
Se trata de un recuento de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y privaciones de la libertad, pero se aclara que al margen quedan todavía miles de guerrerenses asesinados, desaparecidos o desplazados “en el contexto de la mal llamada guerra contra el crimen organizado”.
El documento dice: “Nos reunimos para hacer visible la violencia política que sufrimos en Guerrero desde la época 1970 hasta la actualidad”.
Refiere que desde entonces el gobierno ha montado una política sistemática “para sofocar la voz de quienes se atreven a luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo”.
Los participantes en el foro plantean en su pronunciamiento a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda y a los diputados del Congreso local, “la importancia de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de la justicia para todas las víctimas”.
Exponen que “si es verdad que estamos ante una transformación real de la vida pública y política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda con las víctimas”.
“En este sentido, nos pronunciamos por la creación de un mecanismo de justicia transicional cuyo fin sea el esclarecimiento histórico de los crímenes, el castigo a sus autores materiales e intelectuales, la creación de un mecanismo integral que contemple los cuatro puntos de la justicia transicional; memoria, verdad, justicia y no repetición”.
Los asistentes se convocaron para volver a reunirse el 14 de octubre por los 4 años del asesinato de Ranferi Hernández a las 10 de la mañana en Nejapa, en el crucero de Chilapa y Ahuacuotzingo
Además el 19 de octubre por el asesinato de Rucio Mesino en el puente de Mexcaltepec, en Atoyac.
Asimismo, el 24 de octubre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, para dar seguimiento a la agenda.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
