Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- Diputados de Morena presentaron una iniciativa para recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, tras reconocer que la concurrencia de este proceso con los procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales.
La propuesta suscrita por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y sus compañeros de bancada Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, modifica los artículos 74, 94, 95, 97, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución.
Lo anterior con el objetivo de evitar la concurrencia de las elecciones judiciales con los procesos electorales políticos a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.
“Un segundo elemento es que la eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales. Entre los que se destacan, una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales; y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”, se indica en el texto.
La iniciativa propone recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, ya que la simultaneidad con contiendas partidistas puede afectar la legitimidad del modelo.
“Eliminar referencias que vinculan la elección judicial al calendario electoral federal ordinario, con el propósito de evitar su concurrencia y postergar el siguiente proceso al año 2028, otorgando tiempo suficiente para diseñar, implementar y consolidar el sistema de certificación técnica”, plantea.
La iniciativa establece que es facultad del Senado la aprobación de renuncias y licencias de ministros y magistrados del Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
Explica que para establecer que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de los estados requiere de la publicación de una tesis e incorpora como requisito indispensable para ministros, magistraturas y jueces la certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, eliminado con ello la exigencia de promedios académicos específicos.
Además, ajusta el procedimiento de integración de candidaturas, eliminando los Comités de cada uno de los Poderes de la Unión y creando un Comité Único de Evaluación conformado por los tres Poderes y elimina requisitos documentales “que no constituyen parámetros objetivo de evaluación” y se adecua la convocatoria para permitir mayor preparación técnica del proceso, a través de exámenes de conocimiento.
Plantea también la renovación de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cada dos años, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior.
La propuesta indica que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial renovará su presidenta por elección de sus integrantes sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior y establece como requisito que sus integrantes deberán contar con antigüedad mínima de 10 años de título profesional y una experiencia comprobada de, al menos, cinco años dentro del Poder Judicial.
Agencia Reforma
