Texto: Agencia Reforma
Ciudad de México, 18 de junio de 2018. Los contratos petroleros quedaron protegidos ante el cambio de gobierno.
Esto, porque establecieron razones por las que se pueden cancelar y ninguna de ellas es política, sino que corresponden a incumplimientos de la empresa ganadora.
La única facultada para rescindir contratos petroleros es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), según quedó establecido desde la reforma energética.
Hasta ahora el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, es el único que ha manifestado su interés en revisar estos contratos.
La CNH ha firmado 107 contratos con petroleras privadas más otros tres en asociaciones o “farm outs” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas privadas.
Carla Gabriela González Rodríguez, secretaria ejecutiva de la CNH, explicó que en el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos están las razones que llevarían al organismo a buscar una rescisión.
“No hay manera de que termine un contrato o se cierre un contrato que no sean mediante los mecanismos que ya están señalados en la ley”, sostuvo en entrevista.
Entre las causas que el órgano regulador califica como graves está que por más de 180 días el contratista no inicie o suspenda actividades previstas, que no cumpla con el compromiso mínimo de trabajo sin causa justificada, que ceda la operación del contrato sin autorización de la CNH, entre otros.
También señala como causales que la empresa adjudicada incumpla con algún pago al Estado o la entrega de hidrocarburos.
La secretaria ejecutiva detalló que la CNH debe seguir un proceso para investigar si efectivamente el contratista incumplió.
Cualquier interesado puede revisar los contratos, los cuales están disponibles en la página de internet de la CNH, al igual que los libros blancos, que tienen todo el expediente.
“Nuestro mayor interés es que sí se revisen, que se aclare cualquier duda que pudiera haber en la redacción de los contratos, en la adjudicación”, comentó.
Dante San Pedro, secretario de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), explicó que se trata de contratos perfectamente legales, donde se establece el compromiso del Estado mexicano y de la empresa privada.
Sin embargo, como tal no se puede decir que están blindados, pues cualquier contrato puede echarse para atrás, como ocurrió con las concesiones que se cancelaron en tiempos de la expropiación petrolera.
Si esto ocurriera, el gobierno estaría obligado a pagar todos los gastos no recuperables y penalizaciones que establecen los contratos.
“Los contratos firmados se tienen que honrar y si no va a ser muy costoso para el país, no sólo lo que se tenga que pagar, sino el prestigio que se pueda perder a nivel internacional derivado de un cambio como éste”, sostuvo San Pedro.
México se ha ganado a pulso cierta credibilidad a raíz de las rondas petroleras, las cuales son vistas desde el extranjero como un ejercicio de transparencia.
Si los contratos son revisados en términos de corrupción, los concursos son transparentes, consideró el experto.
Lo que sí puede suceder ante el cambio de gobierno, comentó, es que se suspendan las licitaciones petroleras, lo cual sería trágico para el país.
“Lo que tendría sería el impacto de las inversiones futuras”, mencionó.
Hasta ahora se han realizado nueve licitaciones petroleras y para este año están agendadas un par más, la Ronda 3.2 de campos terrestres y la 3.3 de áreas terrestres no convencionales.
