Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que el gobierno de Guerrero ha suspendido, de manera sistemática desde abril, el pago de salarios a las trabajadoras del Centro Comunitario “Guwa Kuma” (La Casa de los Haberes), ubicado en Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica.
A través de un comunicado, la organización alertó que la falta de recursos complica la operación de este espacio dedicado a atender a mujeres de la región indígena que sufren violencia machista, una problemática que va en aumento en las comunidades.
Las trabajadoras del centro exigieron de manera directa a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura, la liberación inmediata de los sueldos rezagados que corresponden de abril a la fecha.
Tlachinollan calificó como preocupante que las autoridades estatales y federales carezcan de un fondo especial para garantizar la operatividad de “La Casa de los Haberes”, sobre todo porque su creación forma parte de una medida de reparación obligatoria impuesta al Estado mexicano.
Dicha obligación emana de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a México por la tortura sexual cometida por miembros del Ejército en contra de la indígena Inés Fernández, ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani, Ayutla.
“Inés es la embajadora del Centro Comunitario; pensó en un espacio donde las mujeres fueran protegidas y se les ayudara a defender sus derechos. No quería que lo que ella vivió se repitiera”, señaló Tlachinollan.
Pese al impago del personal, el centro comunitario ha mantenido sus actividades. En lo que va de este año, un total de 219 mujeres indígenas originarias de los municipios de Ayutla, Ñu’ Savi y Acatepec han acudido al sitio tras sufrir distintas vulneraciones a sus derechos:
– 196 mujeres ingresaron al espacio para recibir tratamiento tras sufrir agresiones físicas por parte de sus esposos.
– 15 mujeres fueron atendidas para presentar denuncias por el despojo de sus tierras cometido por autoridades de sus propias comunidades.
– 7 mujeres acudieron debido a que se les negó el acceso a los servicios de salud.
Agencia Reforma
