Afirman que Rocío Judith Gama tenía una función importante que era tratar con las personas de bajos recursos y darles asesoría legal. Se unen a una protesta nacional por los despidos también de peritos de la Defensoría Pú-blica que se hacen con el argumento de la “falsa austeridad”
Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, 3 de julio de 2026. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), protestaron fuera de las instalacionesde Acapulco y Chilpancingo, para denunciar el despido de la única trabajadora social que había en el estado, así como de peritos del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Informaron que todas las delegaciones de Defensoría Pública se quedaron sin trabajadora social y eso es grave, porque el trabajo que hacen es importante. Se explicó que el Instituto Federal de la Defensoría Pública presenta servicios de representación y asesoría legal.
Los servicios que prestan los trabajadores sociales son principalmente a personas de bajos recursos. La labor de la trabajadora despedida es “fundamental en el trabajo que se realiza y su trabajo es de alto riesgo”.
En una conferencia de prensa en las instalaciones, ubicadas en el bulevar de Las Naciones en la Zona Diamante, los trabajadores infor-maron que se unían a una protesta nacional contra los despedidos 43 trabajadores sociales y peritos bajo la “falsa austeridad”.
La oficial administrativo, María Vaney Navarro Tito, dijo que Rocío Judit Gama Escobar ha trabajado siete años en el PJF y era la única trabajadora social para todo el estado y su labor es muy importante. Señaló que el martes fue notificada de su despido.
Indicó que se está lastimando a familias porque se supone que es un trabajo que da estabilidad y de la noche a la mañana “te dicen estas fuera, ya no trabajas para el Instituto Federal de Defensoría Pública”.
Argumentan que hay un recorte, cuando se supone que el presupuesto está aprobado para todo el año, “el salario estaba garantizado para todo el año”.
Dijo que afecta a todos los trabajadores del PJF porque ahorita fueron ellos, pero tal vez seamos más porque se dice que habrá más despidos. Navarro Tito dijo que corren el riesgo al estar protestando, pero “ya no nos vamos a callarnos, da mucho coraje, da indignación que estén atropellando loa derechos de los compañeros cuando el instituto defiende a las personas”.
Indicó que los trabajadores sociales son parte de la estructura y una parte fundamental en la defensa pública porque la labor de ellos es importante.
Se explicó que cuando se busca la protección de niños y niñas entra el trabajador social para conocer el entorno familiar de alguien y determinar las posibilidades económicas de una persona para pagar la multa o fianza o tramitar un permiso comunitario.
Indicó que protestaban en apoyo a su compañera que sufrió ese atropello, pues de forma tajante le dijeron que ya no trabajaba en el PJF.
Mientras que la delegada de la sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Mariella Jaramillo Pineda, dijo que aunque los trabajadores despedidos no son sindicalizados los defenderán porque es una injusticia lo que se está haciendo bajo la falsa austeridad del gobieneo federal.
Señalo: “No vamos a permitir que la aplicación de austeridad mal aplicada, mal enfocadas lleve a la inoperatividad de nuestra institución y, pero aún, que nos lleve a la violación de los derechos laborales”.
El que sean de confianza no significa que están solos, que no son parte de la lucha porque la defensa de los derechos laborales, la dignidad de cada trabajador traspasa las fronteras del sindicalismo.
Jaramillo Pineda dijo que la decisiones tomadas por el Órgano de Administración Judicial los llena de incertidumbre y coraje porque las autoridades aseguraron que no se iba a afectar a la base trabajadora, y está “es una prueba más de cómo se conducen”.
La medida del recorte masivo en todo el país no sólo afecta a sus 43 compañeros sino a todo la base porque los que se quedan “tendrán que enfrentar una doble jornada laboral; ahora será a ellos a quienes les encomienden realizar las actividades que antes hacían los trabajadores sociales”.
Llamo a mantenerse unidos y alzar la voz porque “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones que los afectan y a nuestras familias”.
“No podemos permitir que en una falsa política de austeridad pretendan violarla tajantemente nuestros derechos”, subrayó la dirigente sindical.
Llamó al presidente del Órgano de Administración, Nestor Vargas, para que “reconsidere está medida, que busquen alternativas que no afecten los derechos de la base trabajadora”.
La protesta en Chilpancingo
En Chilpancingo, trabajadores se manifestaron en solidaridad a los 43 despidos “injustificados” en el país que iniciaron en septiembre de 2024, entre ellos el de una trabajadora social en Acapulco.
A las 10 de la mañana unos 40 defensores, oficiales y trabajadores de base y de confianza protestaron en la sede del PJF en Chilpancingo.
Son 43 trabajadores de confianza del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) despedidos a nivel nacional.
El ultimo despido, dijeron, fue en Acapulco, de Judith Rocio Gama Escobar.
José Uriel Vega Sierra, del Sindicato de Renovación, declaró que aunque los trabajadores eran de confianza se solidarizaban porque después podrían ser más.
El órgano de administración judicial, consideró, está actuando de esta forma por los recortes presupuestales.
“Están vulnerando derechos y terminando la recisión laboral de compañeros y compañeras con más de 25 años de carrera. De un día para otro llegan y les notifican que ya están despedidos”. Los burócratas portaron pancartas. En una de ellas se leía: “La casa que te defiende, no defiende a sus trabajadores”.
Acusó que les están limitando los recursos para hacer la labor juridiccional, además de que les faltan insumos.
“Son muchas cuestiones y eso hace a que se incumpla nuestra labor. El llamado es que todos los compañeros estamos unidos para apoyar y defender nuestros derechos laborales y que no haya ningun despido”.
Karina Contreras y Luis Danie Nava/ Foto: Jesús Trigo
