DE NORTE A SUR
Silber Meza
Empecemos con datos duros que un equipo de periodistas compilamos, trabajamos y analizamos con los expedientes revelados en Sedena Leaks, y que fueron proporcionados por la organización de hacktivistas Guacamaya.
La presencia del crimen organizado, en particular del narcotráfico y sus variantes, se halla prácticamente en todo el país.
En mil 198 municipios, de los 2 mil 471 que hay en México, existe al menos una organización delictiva identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por el sistema de inteligencia mexicano.
“Si tomamos en cuenta los kilómetros cuadrados que ocupan cada una de estas regiones, los datos revelan que en el 75 por ciento del territorio mexicano se tiene registrada la presencia de algún grupo delictivo”, escribimos en el reportaje México, el país de los cárteles.
Cuando lo publicamos, en dos versiones distintas, 2022 y 2023, algunos académicos comentaron que les parecía interesante, otros se mostraron sorprendidos y unos más lo descalificaron. Sin embargo, con el tiempo, la duda se ha ido desvaneciendo y distintos estudios han aparecido, colocando el porcentaje de presencia incluso arriba del 80 por ciento.
La expansión de las estructuras criminales ha sido imposible de detener. Sobre todo ante la política de “abrazos no balazos” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea, casi obsesión, de detener los homicidios y de no realizar matanzas comparadas con las del sexenio de Felipe Calderón, ha llevado al actual gobierno mexicano a una especie de congelamiento, de brazos caídos ante la criminalidad galopante.
El escenario no da para más. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum no cambia la estrategia emprendida por López Obrador el país podría llegar a tener zonas muy amplias de ingobernabilidad, como ya ha pasado en partes de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Guerrero, particularmente en Tierra Caliente.
Claudia ha apostado sus fichas por Omar García Harfuch, un policía de carrera que ella había apuntalado para jefe de gobierno de Ciudad de México y que al final, no por decisión propia, tuvo que marginar a una senaduría e impulsar a Clara Brugada, que resultó vencedora en la reciente elección.
García Harfuch representa dos caras públicas: la del policía eficiente y valiente que disminuyó –según cifras oficiales– la inseguridad pública en la capital del país, y la del agente que se formó en la Policía Federal, cerca de los hombres leales a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y hoy en día condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Si llega García Harfuch al gabinete presidencial, tendrá que enfrentar a los cárteles del crimen. Vale recordar que en 2020 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentó asesinarlo. Dispararon más de 400 veces en contra del coche en el que circulaba y asesinaron a dos de sus escoltas. Él resultó con heridas no graves.
Después de ese atentado parecen haberse calmado las cosas entre ellos: ya no volvió a haber otro atentado parecido contra su persona –que se sepa– y, de alguna manera, logró participar en varios actos de campaña como candidato al Senado. Tampoco ha habido amenazas públicas del CJNG en videos por su posible futura designación.
Otro elemento que tendrán que sortear el nieto del general Marcelino García Barragán –titular de la Sedena el 2 de octubre de 1968– y la virtual presidenta electa es la presión de las fuerzas armadas. Hay grupos dentro de estas instituciones, militares y marinos, que no están conformes en que llegue García Harfuch a dirigir la seguridad del país, menos ahora que han ganado tanto poder, presencia y han acaparado cifras multimillonarias de fondos federales.
Sheinbaum ya definió un elemento central en la estrategia: la Guardia Nacional seguirá al mando de los militares; incluso ya anunció que impulsará la reforma constitucional para darle certidumbre legal a la corporación dentro de la Sedena. Ese elemento, sin duda, calma las aguas dentro del Ejército, pero le resta poder futuro a García Harfuch. Habría que preguntarse si le conviene al exsecretario de seguridad capitalino ser el nuevo secretario de Seguridad federal sin contar con una fuerte corporación policiaca bajo su mando.
Sea como fuese, el crimen organizado será el gran reto del próximo gobierno.
