Rosa Icela Ojeda Rivera
Los y las guerrerenses necesitamos una justicia humana, muy humana, sensible a las necesidades de todos y todas, comprometida con la recuperación del espacio público, con la garantía de la vigencia y universalización de los derechos de todos y todas.
Guerrero necesita de una justicia humana, sensible y comprometida, sobre todo porque la historia política y social de nuestra entidad durante largos períodos experimentó las expresiones de una violencia gubernamental que dejó un alto número de personas desaparecidas, impunidad y desconfianza en las instituciones.
Guerrero ocupa el tercer lugar nacional de impunidad. En 2017, la Fiscalía integró 23 mil 934 carpetas de investigación y sólo el 14% de esas carpetas se convirtieron en causa penal, el 11% terminó en sentencia y sólo el 10% fueron sentencias condenatorias. La comisión de los delitos aumentó y disminuyó su investigación y castigo. Un claro ejemplo de ello son los feminicidios; desde su tipificación en diciembre de 2010 han ocurrido al menos mil 392 feminicidios, la autoridad judicial ha resuelto menos de 200 casos a pesar de la Alerta de Violencia de Género declarada por la autoridad federal.
Guerrero cuenta con 73 elementos de personal de la Fiscalía por cada 100 mil habitantes, por debajo de la cifra nacional que es de 79. El año pasado existían 2.2 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, durante este año, y a pesar de la Alerta de Violencia de Género bajó a 1.6. La media nacional es de 3.5.
A los déficit democráticos en materia de justicia se suma la necesidad de remontar los saldos de políticas nacionales erróneas, como la guerra contra el narco que nuevamente arrojó muertos, desaparecidos, viudas y niñas y niños en orfandad y otras violaciones a los derechos humanos. La militarización de la vida social sumó otras violaciones a las libertades y los derechos porque el Ejército no posee ni el perfil, ni los instrumentos, ni la legitimidad para realizar detenciones legales e iniciar procesos de investigación de los delitos conforme al Estado de derecho.
La escasa eficiencia de las instituciones responsables de la investigación del delito e imposición de las penas se ha convertido en desesperanza, falta de credibilidad y confianza en las instituciones, un círculo vicioso que es necesario romper.
Los espacios de investigación del delito deben democratizarse, deben dejar de ser las obscuras catacumbas en las que la práctica de la tortura y la confesión forzada fueron su sustancia acompañadas de discrecionalidad, ineficiencia, amiguismo e insensibilidad con el dolor ajeno. Hoy por el bien de Guerrero debe cambiar, convertirse en un espacio de impulso y garantía para la materialización de los derechos humanos de todos y todas.
La recuperación de la confianza de la población en la justicia pasa por la garantía de una investigación imparcial, libre de prejuicios, garante de la imposición de una sanción adecuada y conforme a derecho para los responsables, así como una eficaz reparación del daño a las víctimas y la adopción de técnicas modernas para la investigación del delito, superación de los vicios internos y corrupción. Sólo de esa manera la Fiscalía podrá ser corresponsable de la gobernabilidad democrática en Guerrero, por el bien de todos y todas.
El acceso a la justicia y la reducción de la impunidad requieren del fortalecimiento de la Fiscalía empezando por su autonomía. Sin autonomía real será difícil aumentar su eficiencia, reducir la corrupción, dignificar su tarea.
Hay una tríada que es clave para superar la violencia y construir la paz: combatir la corrupción, superar la impunidad y remontar la debilidad de las instituciones estatales. De esto depende que la violencia se detenga o continúe
