Octavio Klimek Alcaraz.
En la actual administración federal, con la coartada de las mal llamadas reformas estructurales para modernizar el país, el de aumentar el crecimiento económico e incorporar al país de lleno a la globalización, se ha disminuido en gran manera en los hechos la atención a la problemática ambiental.
Debe comprenderse, que las causas de los problemas ambientales del país son considerablemente complejos y su solución a veces lo es más aún. Resolver los problemas ambientales se vuelve mucho más complejo cuando las decisiones en materia de política ambiental se enfrentan a tendencias, inercias y decisiones a partir de valoraciones de política económica. Prueba de ello es la abrumadora reducción del presupuesto autorizado entre el año 2016 y este año 2017. El Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue severamente impactado por el recorte presupuestal, ya que la reducción global de todo el sector (Comisión Nacional del Agua, Conagua; Comisión Nacional Forestal, Conafor; Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Conanp; Sector Central, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Inecc y el Instituto Mexicano de Tercnología del Agua, IMTA), fue en dicho periodo de 35.5 por ciento, 19 mil 791 millones de pesos menos. Damnificados especialmente han sido los principales organismos del fomento e inversión del sector, la Conafor, y la Conagua, que en dicho periodo tuvieron una reducción en su presupuesto autorizado de 49.1 y 36.3 por ciento respectivamente -3 mil 674 millones de pesos menos, la Conafor, y -14 mil 878 millones de pesos menos, la Conagua.
El resultado, fue no sólo la caída de la inversión para la protección ambiental, sino también un grave desmontaje de capacidades del sector, ya que la cancelación de plazas afectó a oficinas centrales, delegaciones, direcciones regionales y gerencias, especialmente en las áreas especializadas y operativas. La consecuencia evidente es que se ha presentado una verdadera desprofesionalización del sector ambiental y de los recursos naturales.
No obstante, en el documento en extenso del Quinto Informe se presenta información respecto a lo realizado por las diferentes áreas del Sector Semarnat. Para tratar de comprender los alcances de lo ahí presentado, se ha contrastado la información estadística del Quinto Informe, con los seis objetivos y 17 indicadores del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018 alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque se considera que las metas de los 17 indicadores distribuidos en los seis grandes objetivos tienen gran incertidumbre de lograrse. Se razona que tres de los seis principales objetivos del programa no se van a alcanzar al 2018. Se trata de los objetivos 1, 2 y 4, los otros tres objetivos 3, 5 y 6 será de manera parcial. Expliquemos, porqué los tres objetivos 1, 2 y 4 no se van a alcanzar.
El Objetivo 1, “Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente” no se va a lograr. Esto, debido a que sus tres indicadores, tienen metas que se observan poco factibles de alcanzar con lo hasta ahora realizado. Se explica:
El primer indicador dice que al 2018, el 2.14 por ciento del Producto Interno Bruto será el valor de la producción de los bienes y servicios ambientales, aquellos que protegen y benefician al medio ambiente, hasta el 2016 está en 1.06 por ciento del PIB, desde el 2014, hace tres años no ha crecido.
El segundo indicador plantea una meta de generar un millón de empleos verdes al 2018. En el Quinto Informe se señala que existen 788 mil 397 empleos verdes al 2016. Es decir, desde el 2013, cuando se tenía un registro 695 mil 409 empleos verdes como línea de base, se habrían generado sólo 92 mil 988 mil empleos verdes. A ese ritmo logra los 211 mil 603 empleos verdes para la meta al 2018, se observa muy cuesta arriba con el bajo crecimiento económico del país.
El tercer indicador se refiere a la intensidad del carbono. La meta es que con menos toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidas se produzca más en la actividad económica. Sin embargo, se deberá esperar hasta los datos del siguiente inventario de GEI, al final del sexenio para saber, si efectivamente esto sucede.
El siguiente objetivo, que también se observa difícil de cumplir, es el Objetivo 2: “Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.” Simplemente, sus tres indicadores no se lograrán al 2018.
El primer indicador del objetivo 2, es el relacionado a estimar el aporte del sector ambiental en la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población ante fenómenos relacionados con el cambio climático, este índice agrupa un conjunto de variables que reflejan las acciones del sector para conservar, restaurar y manejar sustentablemente el capital natural; así como el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura relacionada y contribuir a la protección de la población. La meta del índice es un valor de 0.60, pero desde el 2013 año base, sigue en 0.27. Así, imposible.
El segundo indicador es el de las emisiones de gases de Efecto Invernadero (GEI) per cápita. Se trata de lograr reducir las emisiones de GEI per cápita es la meta, pero al igual del indicador de intensidad del carbono depende también de los datos del siguiente inventario de GEI, para saber, si efectivamente se reducen las emisiones per cápita y en que magnitud. Es decir, existe gran incertidumbre en tener éxito.
El tercer indicador es poco factible de alcanzar. La meta del mismo es alcanzar al 2018 que un 75.0 por ciento de la superficie del territorio nacional, que cuenta con un programa de ordenamiento ecológico o un programa de desarrollo urbano formulado, tenga integrado estrategias y/o criterios de mitigación y/o adaptación al cambio climático. El Quinto Informe señala que a 2016 se tiene alcanzada una meta de 53.1 por ciento. Se trataría de que para 2018 creciera 22 puntos porcentuales algo con gran incertidumbre.
Otro objetivo que se observa de difícil cumplimiento es el Objetivo 4: “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural.”
Sólo un indicador del objetivo 4 se logrará al 2018. Se trata del indicador que tiene como meta lograr a 2018, 17.0 por ciento de porcentaje de la superficie terrestre y de aguas continentales, así como 10.0 por ciento de zonas marinas y costeras dedicadas a la conservación. Esto, mediante sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. El Quinto Informe destaca que se tiene 16.06 por ciento de superficie terrestre y de aguas continentales protegidas, así como 22.29 por ciento de zonas marinas y costeras protegidas. Esto sin obviar que muchas de estas superficies bajo el régimen de área naturales protegidas son virtualmente de papel, ya que carecen de programas de manejo, personal y recursos para atenderlas. Con presupuestos acotados se pretende administrar mayores superficies de áreas naturales protegidas, dudoso que esto sea efectivo.
El segundo indicador tiene como meta de producir 45 mil 682 millones de pesos en actividades económicas en el 2018, que están asociadas a un uso sustentable de los recursos naturales. Por el valor dicha meta se observa lejana. Esto, debido a que el Quinto Informe indica que en el 2016 la producción ronda los 28 mil 015 millones de pesos, es decir se requieren un incremento de 17 mil 667 millones de pesos hacia el 2018 (63.0 por ciento adicional). De manera fundamental esta meta se apoya en la premisa del desarrollo forestal en el país. Sin embargo, la producción forestal maderable se encuentra estancada en 6.6 millones de metros cúbico rollo al 2016, y es improbable que se alcance la meta de 11 millones de metros cúbico rollo de producción forestal maderable para 2018.
En la meta del tercer indicador se observa difícil pero no imposible alcanzarlo, ya que se debe hacer también un gran esfuerzo. Se trata del indicador de superficie rehabilitada o con acciones de restauración, que conforme al Quinto Informe tiene una superficie acumulada de 943 mil 601 hectáreas. Es decir, un porcentaje de avance de 84.5 por ciento con relación a la meta sexenal de 1 millón 116 mil 500 hectáreas al 2018. Se requiere rehabilitar 177 mil 899 hectáreas adicionales al 2018. El problema es que del 2016 a mediados del primer semestre del 2017, el incremento de superficie rehabilitada acumulada fue pobre, sólo 6 mil 874 hectáreas rehabilitadas. Pero habría que conocer los datos finales de este año. Aquí el tema es más cualitativo, si la superficie restaurada realmente está realmente restaurada. Pero este es un tema siempre polémico.
En síntesis, la información aportada en el Quinto Informe de Gobierno preocupa, ya que se puede concluir que para el 2018 se está lejos de las metas programadas más relevantes en materia ambiental. No se tienen buenos resultados respecto a los temas relacionados al crecimiento verde, manejo sostenible de recursos naturales, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.
Por lo anterior, insistiríamos en plantear una trasformación del modelo de desarrollo, para que el desarrollo nacional sea sustentable, y considerar con ello en las políticas públicas ambientales y de los recursos naturales, como un componente fundamental de las estrategias del mismo. En consecuencia, asumir como prioridad para los objetivos de igualdad, justicia, equidad, bienestar social y económico, la necesidad de promover un desarrollo sustentable que aproveche en forma racional y sostenible los recursos naturales y preserve el medio ambiente, tomando en cuenta no sólo el interés de la actual generación, sino el de las futuras generaciones.
