Sostienen que hay desinterés en los MP para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual, y el que los legisladores impongan como obligatoria la denuncia permite la impunidad, porque en muchos casos los agresores pertenecen al entorno familiar e impiden la investigación
Chilpancingo, Guerrero, 5 de noviembre de 2020. Blanca de Jesús Candia, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) en la Montaña, advirtió del riesgo de que la causal de aborto por violación incluya el acompañamiento de padres o tutores para que menores de 18 años puedan acceder a una interrupción del embarazo, porque los padres que solicitaban este procedimiento también era los agresores.
Asimismo, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, informó que en la pandemia documentaron 30 agresiones sexuales, y siete de éstas eran niñas de 9, 12,13, 15 y 16 años atacadas por sus padres.
Lo anterior se dijo en la conferencia virtual Congreso de Guerrero debe rechazar reforma constitucional que violenta el derecho a la salud reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes.
Ahí presentaron referencias y casos de agresiones sexuales a niñas y mujeres en la Montaña ocurridas año pasado y en los meses de la pandemia, a fin de que los diputados locales conozcan las realidades que padecen las mujeres, y regulen la interrupción del embarazo de acuerdo con la norma 046 y la Ley General de Víctimas.
Es decir, que desistan de los “candados” que plantea la Comisión de Justicia en una iniciativa y mantiene como requisito la denuncia penal para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo producto de una violación, el agravio contra las mujeres de Guerrero que señaló la Conavim en la segunda Alerta de Violencia de Género.
Según esta ley el procedimiento debe tener el aval de padres o tutores para la intervención en el sector salud; la limitante de que sólo se aplicará hasta las ocho semanas de gestación (dos meses), y una sanción para que los médicos que se nieguen a aplicar los protocolos de interrupción.
Para explicar la violencia contra las mujeres que los diputados no tomaron en cuenta en el dictamen, la abogada de Tlachinollan Arias Vitinio informó que en el monitoreo de casos, ubicaron al menos 70 violaciones archivadas en el Ministerio Público de la región, porque no realizan los actos de investigación para llevar a los perpetradores a la cárcel.
Asimismo, dijo que de enero a la fecha, la asociación civil registró 30 abusos en agravio de niñas de 9 a 16 años.
Como referencia, presentó dos casos. Una niña Me’pha, menor de 16 años, originaria de Xochitepec, municipio de Ecatepec, el año pasado, agredida por tres hombres que eran autoridades comunitarias de su localidad.
Aseguró que los familiares presentaron la denuncia en la agencia especializada del MP en Tlapa, a seis horas de camino en transporte público, y a la fecha no hay ningún resultado.
La niña recibió atención en el Centro de salud por las lesiones en la agresión, y no tuvo más acompañamiento.
En septiembre en Tlaquilzingo, a 40 minutos de la Tlapa, padres de familia denunciaron la agresión a una una niña que estaba sola en su domicilio, por un vecino, y la agente del Ministerio Público de delitos sexuales cuestionó a la infante por no haberse defendido, gritado o pedido ayuda.
La defensora aclaró que en la Agencia no le creen en los dichos de las víctimas, “y si ahora insisten en mantener el requisito de la demanda penal sólo como trámite para que las embarazadas por violación acceda a la interrupción, nunca van a investigar ni van a castigar al violador”.
Subrayó que en la Montaña, en muchas ocasiones los agresores son los padres, y las madres que sufren violencia doméstica, física y patrimonial, no quieren enfrentar esta realidad y se quedan calladas.
Aseguró que han ocurrido muertes maternas que están registradas en el sector salud, porque las mujeres víctimas de violación no le dicen a sus padres: “si es una agresión en su domicilio, la víctima siempre es amenazada, ‘si le dices a ti mamá, le voy a hacer daño, a tus hermanitas le va a pasar lo mismo’”.
Consideró aberrante establecer un periodo para la interrupción del embarazo de una niña, “lo primero que vive la víctima de violación es un shock, se cohiben, es como una vergüenza, en su inconscientes piensan que ellas provocaron esto, que lo consintieron y no es así”.
Recordó que desde hace siete años en la Montaña sólo hay una agencia especializada de violencia sexual y familiar, sin personal suficiente. Si la víctima quiere iniciar un procedimiento debe llevar un traductor o una abogado, si no deben volver con ellos.
Precisó que la violencia sexual y moral de una violación debe ser acreditada por un médico legista. Urgió que personal femenino sea quien las revise.
Recordó que en los casos de Inés y Valentina, el MP no les creyó cuando denunciaron que fueron denunciaron por militares, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la voz de las víctimas es preponderante.
De los problemas en la Montaña, la activista De Jesús Candia de Mexfam, relató una violación a madre e hija por cinco hombres en venganza por un conflicto por terrenos en los alrededores de Pueblo Hidalgo, Iliatenco, que data de hace 30 años.
Señaló que el problema agrario ya había sido resuelto a favor de unas de las partes, y la que perdió decidió vengarse antes de la muerte del abuelo machista que se sentía agraviado.
“Entraron a una de las casas cinco hombres, entre abuelos, hijos y nietos, violaron y golpearon a madre e hija”.
La familia de las mujeres violadas decidió no presentar denuncia para evitar más problemas y que pare de correr sangre.
Sin embargo, del ataque la niña resultó embarazada, y la familia se percató a los dos dos meses, y recurrieron a Mexfam por acompañamiento en la interrupción.
El procedimiento no se pudo hacer en Tlapa porque la niña estaba anémica y se trasladó a una clínica de la Ciudad de México, donde el aborto es legal. Al final madre e hija se fueron de la comunidad.
En este acompañamiento a niñas y mujeres violadas hay personas que dicen que sus hijas resultaron embarazadas y piden la interrupción. Aclaró que ahí se aplica un protocolo para identificar el origen de la agresión “y resulta que la violación de la chica era de su propio padre y sólo quería interrumpir el embarazo para evitarse problemas”.
Texto: Lourdes Chávez
