Héctor Manuel Popoca Boone
Miente, miente, miente; que algo dejarás de simiente.
La diatriba de Florencio Salazar (FZ) en contra de mi persona, (El Sur. 26/06/2023), la finca en su autoría de haber enviado al Congreso local, la iniciativa para eliminar del articulado de la Constitución estatal, la conquista histórica del derecho de existir, ser y actuar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la región de la Montaña.
Argumenta FZ que, de acuerdo a la técnica jurídica convencional, el asunto de la justicia autonómica en el medio indígena no es de índole genérica, sino específica; por lo tanto, no da lugar para dejarla plasmada en la ley constitucional estatal; sino en las reglamentarias correspondientes.
También él considera que la prevención, la procuración, la administración de la justicia; y la salvaguarda de la paz, la dignidad y el bien común en los pueblos indígenas, no son asuntos autonómicos; sino que deben de estar subordinados a un sistema jurisdiccional-constitucional ya establecido; mismo que acusa, según mi opinión personal, una visión económica y sociológica de obsolescencia grave; puesto que ya no se ajusta a la realidad crítica actual que es muy lacerante para el pueblo guerrerense y que en mucho rebasa al sistema de justicia estatal vigente, volviéndolo poco eficaz y eficiente.
Le sugiero a FS estudiar La Dialéctica del filósofo alemán, Hegel, y más en específico, La Dialéctica de lo Concreto del filósofo checo, Karel Kosik. Entenderá más ampliamente la importancia que, a veces, suele tener la especificidad en lo genérico, a partir de una realidad dada. Tan es así que, nuestro mayor ordenamiento legal lo denominaron “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” Es decir lo genérico, que es nuestro orden constitucional, condensado en lo específico: nuestro país: México.
Entre una realidad de jure y la realidad de facto, la primera puede ser rebasada con el tiempo por la segunda, porque la fenomenología social y su dinámica, escapa ya al ordenamiento imperativo decretado, por tanto, deviene legislación caduca e inoperante. Desde siempre, en cuanto a la ley socialmente injusta, el pueblo tiene el legítimo derecho de no acatarla. (Gandhi, dixit).
Los problemas actuales de Guerrero no los resuelve, per se, ninguna técnica jurídica constitucional por muy bien elaborada que esté, porque los hechos y conductas están enraizados en una cultura de la ilegalidad atroz, practicada desde las mismas estructuras gubernamentales: En buena parte, los gobernantes, los funcionarios públicos en turno, legisladores, jueces y la delincuencia, organizada o simple, actúan en contubernio y han dejado en la indefensión la vida plana con paz creativa del pueblo guerrerense, especialmente a los pueblos indígenas. Eso nos lleva, irremediablemente, a bordear un estado fallido y, por ende, anárquico. Donde la gobernanza tiende a enraizarse en el señorío impune del delito, la inseguridad pública y la violencia.
Pero eso ya no acontece desde antaño, en la zona indígena de la Montaña, donde opera la CRAC-PC. El instinto de supervivencia gregaria de los pueblos indígenas, subyugados y degradados, los orilló a tomar las armas para darse por sí mismos lo que el gobierno nunca les dio: justicia social, paz y seguridad pública efectiva para todos.
Para entender el sojuzgamiento y sumisión histórica indígena, le sugiero al vitriólico de Florencio, leer textos básicos como el de Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de Refugio y el México Profundo, una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla. Para el caso que nos ocupa, también la lectura de El origen de la Policía Comunitaria, CRAC-PC (Montaña y Costa Chica de Guerrero) de Juan Horta Cruz y Sabás Arturo Espinobarro. Libros muy provechosos tanto para él, como para su “discípulo azorado”, el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores.
El abandono de la seguridad pública en los pueblos indígenas, realizado por las fuerzas institucionales y delincuenciales, es tan sólo una expresión contemporánea del racismo en Guerrero, por parte de la sociedad mestiza y de sus gobiernos establecidos. Dicho racismo también agudizó la subyugación económica, social y política, misma que ha provocado una expansión de la pobreza extrema y el embrutecimiento etílico, con fines de dominio y control social. No se diga el papel jugado por los jueces venales, en su inmensa mayoría mestizos, que están vendidos al mejor postor; aprovechando el monolingüismo no castellano de muchos de los pobladores indígenas.
Basta mencionar que ahora se da el intento de dominio absoluto de territorios y pueblos, por parte de las organizaciones mafiosas dedicadas al narcotráfico en contubernio con las policías y autoridades municipales; verbigracia, la Región de Tierra Caliente. Lo cierto es que la CRAC-PC seguirá existiendo, porque su misión aún cuando ha sido exitosa en disminuir sensiblemente la delincuencia en sus zonas de influencia, dista mucho de haber sido cumplida.
Por otro lado, en Guerrero, sus instituciones gubernamentales, sus leyes y sus gobernantes, legisladores y jueces, todos ellos en conjunto, no han podido abatir la pobreza que deviene en mayor desigualdad e injusticia social; no han podido abatir la marginación de los pueblos ni han parado la corrupción institucional, que mantiene incólume la impunidad de los dominadores y expoliadores regionales, de viejo y nuevo cuño, que les posibilita imponer su poderío de dominación de facto, al margen de la ley, en todos los aspectos de la vida ciudadana, no solo en la región de la Montaña, sino en más de la mitad del territorio guerrerense.
Por último, pero no menos importante: ¿Cual autoridad moral, en materia de legalidad, puede tener aquel que, siendo secretario general de Gobierno, se negó rotundamente, durante casi seis años, a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de poner en operación el Centro Contra la Violencia a la Mujer Indígena en Ayutla? ¿Qué puede esgrimir cuando en esa responsabilidad institucional, el gobierno federal estableció para Guerrero medidas cautelares y de prevención de observancia obligatoria, al decretar dos sendas Alertas de Género en Guerrero, por la gravedad de los feminicidios desatendidos por el “gobernador del desastre financiero” y de su “maestro incómodo”? Como dice Popoca: “Qué poca…”.
- Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional de Guerrero, dijo que la estrategia López-obradorcita de “abrazos, no balazos” está “dando resultados” (El Sol de Chilpancingo. 8/mayo/2023). Como Gobernador Moral de Guerrero le sugiero no ser tan mordaz con nuestro pueblo.
