Madrid/Barcelona, 22 de octubre 2017.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tomará el control de Cataluña tras la destitución del Ejecutivo de la región y hasta que se convoquen allí elecciones, en un plazo de seis meses. La respuesta de las autoridades catalanas está ahora en el aire. ¿Será una declaración formal de independencia?
En su primera reacción a las medidas anunciadas por Rajoy para tratar de frenar el proceso secesionista en Cataluña, el jefe del Ejecutivo de la región, Carles Puigdemont, pidió la celebración de un pleno en el Parlamento catalán para estudiar su respuesta, pero sin hacer una alusión explícita a una posible votación sobre la secesión.
“Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria donde los representantes de la soberanía ciudadana debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, y actuemos en consecuencia”, fueron sus palabras.
Si reaccionó así por cautela política o para evitar una suspensión del pleno por parte de la Justicia es una incógnita. Habrá que esperar hasta el lunes, cuando se reúne la Junta de Portavoces del “Parlament”, para conocer los planes del Gobierno catalán, pero no se descarta que esta misma semana haya una declaración de independencia.
Una posibilidad, según apuntan algunos medios, es que sea el viernes, coincidiendo con el día elegido por el Senado español para dar el visto bueno a las medidas propuestas por el Gobierno de Rajoy.
El propio Puigdemont amenazó con hacerlo en la carta que remitió el jueves a Rajoy en respuesta del requerimiento que el mandatario español le envió tras el amago de declaración de secesión que hizo el jefe del Ejecutivo catalán el pasado 10 de octubre, cuando asumió el mandato para declarar un Estado catalán independiente, pero instantes después suspendió sus “efectos” para abrir un diálogo que no llegó.
“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre”, expresó Puigdemont en su misiva.
Desde el “Govern” catalán descartan una convocatoria de elecciones por su parte. “En estos momentos no está sobre la mesa”, dijo hoy en una entrevista radiofónica su portavoz, Jordi Turull, quien llamó a la “culminación del mandato del 1 de octubre”, en referencia al resultado del referéndum soberanista ilegal que se celebró ese día, en el que el 90 por ciento de los votantes apoyaron la secesión.
“Es probable que en la sesión del Parlament que convocará en breve intente declarar la independencia. Pero sabe que su insólita y delictiva aventura está llegando a su final”, expresó hoy en su editorial el diario “El Mundo”, uno de los más leídos en España.
El calendario es ajustado y el Senado ha agilizado al máximo los plazos para aprobar las medidas dirigidas a “restablecer la legalidad en Cataluña”, tal y como persigue Madrid en el marco del artículo 155 de la Constitución española, hasta ahora nunca aplicado en España.
El martes, se constituirá en la Cámara alta parlamentaria la comisión encargada del trámite de las medidas. Puigdemont podrá presentar alegaciones e incluso acudir a dicha comisión hasta el jueves, cuando se formulará la propuesta definitiva que se votará el viernes.
Será ese día cuando el Senado le dará luz verde, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en la Cámara, pero también al apoyo del Partido Socialista (PSOE) y del liberal Ciudadanos.
Si Puigdemont declara antes la independencia, es muy probable que el Estado español actúe contra él. Por si esto ocurre, la Fiscalía General del Estado prepara ya una querella por un delito de rebelión, según confirmó su máximo responsable, el fiscal José Manuel Maza.
“Si pretendes abrir un procedimiento con penas de treinta años de prisión, lo normal, lo lógico, es una consecuencia casi obligada, es que se pidan medidas cautelares severas”, dijo el sábado en alusión a una posible petición de prisión provisional para el independentista.
El delito de sedición puede suponer hasta 30 años de prisión en España, el doble de la pena máxima para un delito de sedición, por el que se investiga actualmente a dos líderes independentistas catalanes, los principales impulsores de las grandes marchas pro secesión en la calle, que fueron ingresados en prisión el lunes.
El encarcelamiento de los “dos Jordis”, como se conoce a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dio oxígeno al independentismo en las calles. El sábado, unas 450 mil personas -según la Guardia Urbana- se manifestaron en Barcelona para pedir su liberación y también para protestar por las medidas anunciadas por Rajoy sobre Cataluña.
La detención de Puigdemont podría reactivar las movilizaciones secesionistas y las llamadas de atención a Europa de los dirigentes catalanes, que hasta ahora no tuvieron la respuesta deseada.
Medios y analistas coinciden al señalar la necesidad de que los responsables del Gobierno catalán cambien para encauzar la grave crisis abierta. Pero algunas voces extienden también esa petición al Ejecutivo español, criticado por su gestión del conflicto.
“Unas elecciones generales, quizá coincidiendo con las catalanas, podría ser el instrumento adecuado para que la necesaria negociación posterior quede en manos de figuras recién salidas de las urnas”, destacó este domingo el diario español “El País” en su editorial.
Texto de DPA/ foto de EFE.
