Defiende el organismo su recomendación sobre el caso Ayotzinapa, y dice que “se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar” su trabajo
Chilpancingo, Guerrero, 28 de julio de 2026. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las críticas y señalamientos a su recomendación 2028/VG/ 2026 emitida el 9 de julio pasado sobre el caso Ayotzinapa, y se quejó de que “se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar el trabajo” del organismo.
En su pronunciamiento Verdades y Mentiras de la recomendación 208VG/2026, emitido el domingo, el organismo rechazó las críticas que generó su documento y negó haber exonerado al Ejército, pero insistió en que no encontró elementos para vincular su participación con el caso.
Además, denunció que el caso ha sido “muy manoseado y usado por años, al margen del único interés que debiera ser el de las víctimas”.
El pronunciamiento del organismo es en respuesta a las críticas que ha recibido de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014, de sus asesores, de los organismos de derechos humanos que les dan acompañamiento, y de distintas organizaciones sociales, luego de que, criticaron, exoneró al Ejército de su participación en el caso, y cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
En su nuevo documento rechazó nuevamente la participación del Ejército mexicano en los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero aclaró que no posee facultades para exonerar ni defender a nadie ya que esa labor de investigación y sanción corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público.
Aseguró que buscó comprobar la responsabilidad institucional del Ejército, pero concluyó que “no hubo participación” de elementos militares en los eventos violentos del 26 y 27 de septiembre, por lo que descartó por completo la existencia de un plan de contrainsurgencia o una estrategia de exterminio.
A pesar de que, agregó, abordó en detalle los casos de 20 militares que se encuentran bajo proceso penal, entre ellos los entonces comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería.
De los más de 800 folios que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus asesores exigen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la CNDH dijo que incluyó en la recomendación la respuesta oficial entregada por las autoridades militares.
En el pronunciamiento el organismo nacional también rechazó que haya intentado ocultar que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos estaba infiltrada, pero que el soldado que causó alta como alumno “fue injustamente criminalizado y revictimizado por casi 12 años por el GIEI y por la Covaj”.
También insistió a la Covaj y a diversas autoridades que garanticen la inscripción de todas las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), además de encomendar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) garantice la implementación de medidas que permitan la reparación integral del daño.
La CNDH exigió a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR agotar líneas de investigación pendientes, entre ellas la colusión de autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, la cadena de mando único, el tráfico de drogas mediante autobuses, y la conclusión de las indagatorias sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Semar, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), así como las policías Federal y Ministerial.
“Con la recomendación 208/VG/2026 acreditamos hechos y planteamos acciones para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas”, indica en el escrito.
En general, en su comunicado, el organismo nacional defendió su recomendación 208VG/2026, y denunció “un extraño afán articulado como si fuera concertado, por evitar la verdad y la justicia en un caso que ha sido muy manoseado y usado, por años, al margen del único interés que debiera prevalecer, como es el de las víctimas”.
Afirma en su documento que se ha emprendido una campaña para desacreditar el trabajo de la CNDH y su resolución sobre el caso Ayotzinapa.
Sostuvo que “a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, se cae en lo ridículo, y no hablamos de las víctimas indirectas que han expresado desacuerdos, y cuya opinión es totalmente respetable y atendible, hablamos de opinadores, analistas, voceros de organizaciones y hasta probables responsables que, al unísono, se han lanzado con toda clase de calificativos, diatribas, adjetivos, y otra vez con narrativas y nuevas mentiras apoyadas en documentos apócrifos”.
Afirmó que quien ha sostenido que la recomendación no fue aprobada por el Consejo Consultivo, “miente señaladamente porque ni las Recomendaciones por Violaciones graves ni las Recomendaciones Ordinarias se consultan y mucho menos necesitan el aval del Consejo Consultivo. Esto es así, debido a que es lo que determina la normativa vigente”.
Explicó que las recomendaciones que se consultan al Consejo Consultivo, del que se necesita su aprobación, son las Recomendaciones Generales”.
Asimismo, descartó que la recomendación sobre el caso Ayotzinapa sea ilegal y la fundamenta en los artículos desde el 128 al 133 del reglamento interno del organismo para desestimar esta acusación.
Zacarías Cervantes/ Foto: Archivo
