La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas por esta medida.
Ciudad de México, 8 de mayo de 2019. El gobierno de México expresó este miércoles su rechazo a la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar ante los tribunales estadunidenses a empresas de todo el mundo que hagan negocios con los bienes confiscados por las autoridades cubanas tras el triunfo de la Revolución de 1959, y advirtió a Estados Unidos de que está analizando posibles acciones legales.
“El gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas”, precisó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En concreto, dio a conocer que, “al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al Derecho Internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior”.
Recordó que México cuenta con una ley propia desde 1996, mismo año en que se aprobó la Helms-Burton en Estados Unidos, “para contrarrestar los efectos extraterritoriales” de esta última.
La Cancillería destacó que, entre otras cosas, la ley mexicana obliga a los tribunales nacionales a negar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales basados en la Helms-Burton y prohíbe a “todas las personas” –físicas y jurídicas– dar cualquier información requerida por tribunales o autoridades extranjeras.
Además, advirtió que faculta a Secretaría de Relaciones Exteriores para “imponer sanciones pecuniarias en contra de aquellas personas que violen los preceptos de la Ley Helms-Burton”.
Asimismo, establece “una reclamación ‘espejo’ a través de la cual las personas afectadas por la aplicación de la Ley Helms-Burton podrán demandar ante tribunales nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes estadounidenses y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que fueron condenados en Estados Unidos”.
Plena vigencia
La administración de Donald Trump anunció el pasado 17 de abril que el 2 de mayo se activaría el Título III de la Ley Helms-Burton, que ha estado suspendido desde que fue aprobada, en 1996, “con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia”, según explicó el secretario de Estado, Mike Pompeo.
El Título III abre la puerta a que los afectados por las confiscaciones que las autoridades ‘castristas’ hicieron tras la Revolución presenten demandas ante los tribunales estadounidenses contra las empresas de todo el mundo que hagan negocios con estos bienes.
La reactivación de la cláusula legal afectará sobre todo a empresas europeas y canadienses, ya que son las que tienen más intereses en Cuba. Bruselas y Ottawa avisaron en un comunicado conjunto de que no reconocerán las sentencias estadounidenses basadas en esta norma jurídica y amenazaron con ir a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Texto: Europa Press / Foto: Twitter @SRE_mx
