Consideran que es una trampa el acuerdo que firmaron el subsecretario de Gobierno y autoridades del pueblo que son parte del grupo armado que mantiene el control, para que vuelvan a su comunidad y los maten o desaparezcan.
Chilpancingo, Guerrero, 28 de enero de 2019. Desplazados de Tlaltepanapa, municipio de Zitlala, exigieron ayer su reubicación dentro del municipio de Copalillo, donde ahora se encuentran, porque reiteraron que no van a regresar a su pueblo como les propuso el gobierno estatal, porque están seguros de que volverían sólo para que los mate o los desaparezca el grupo armado que los mantuvo sometidos durante los últimos cinco años.
Los 62 desplazados, entre ellos 32 niños en edad escolar, salieron de Tlaltempanapa el 3 de diciembre, y durante dos noches y tres días caminaron por cerros y barrancas hasta que el 5 de diciembre llegaron a Copalillo, en donde se encuentran refugiados en una cancha techada.
En conferencia de prensa, ayer, en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Rerdgro), integrantes de una comisión de las familias desplazadas, declararon que no hay condiciones para que regresen a Tlaltempanapa, como les propuso el secretario y el subsecretario de Gobierno Florencio Salazar Adame y Martín Maldonado del Moral, el 8 y el 17 de enero pasado.
Las familias salieron huyendo de la violencia en su pueblo controlado por civiles armados vinculados con el grupo delincuencial Los Ardillos, y que públicamente ha sido señalado como el responsable de varios asesinatos y desapariciones en esa zona.
Uno de los integrantes de la comisión, Víctor Ojeda Hernández, recordó que el 3 de diciembre salieron de su pueblo después de que los hombres armados entraron a las casas de su padre Pedro Ojeda y de su hermano Javier Ojeda Hernández, así como de su tío Victoriano Hernández Tomatzin, “los sacaron a fuerzas, después los golpearon, los ataron de pies y manos y se los llevaron, todavía no sabemos si están vivos o muertos. Siguen desaparecidos”, denunció.
Aun cuando esos civiles armados que mantienen retenes en la entrada y salida de Tlaltempanapa siguen ocasionando violencia y controlando ese pueblo, el gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Gobierno, les propuso a los desplazados el regreso a su comunidad.
El 8 de enero, los visitó el secretario de Gobierno, Salazar Adame, a quien le dijeron que no quieren regresar a Tlaltempanapa por el temor a ser asesinados o desaparecidos.
A pesar de su negativa, el 17 de enero los visitó el subsecretario Maldonado del Moral, quien les insistió en el regreso a su pueblo y les entregó una minuta firmada por él, así como por el presidente municipal de Zitlala Rogelio Ramos Tecorral; el comisario municipal en funciones de Tlaltempanapa Magdaleno Amatitlán Nava; el comisario entrante Artemio Tepetitlán Huela, y el comisariado ejidal Ernestino Hernández Trinidad. En este documento las autoridades del pueblo aceptan que regresen los desplazados a sus casas y tierras.
Sin embargo, los desplazados denunciaron que los representantes de su pueblo que firman la minuta son los que encabezan el grupo armado que está provocando la violencia y que los obligó a salir de Tlatempanapa y sospechan que se trata de una trampa porque el comisariado ejidal que firma, Ernestino Hernández Trinidad, está desaparecido, “no sabemos cómo es que firmó si no aparece”, dijo Víctor Ojeda.
El documento dice: “Las personas que salieron de Tlaltempanapa hacia Copalillo pueden regresar a su comunidad y habitar sus viviendas, haciendo uso de sus tierras cuando así lo decidan, o bien pueden venir por sus pertenencias, a levantar sus cosechas y sus animales que se encuentran en sus potreros”.
En un siguiente punto agrega: “las personas firmantes en la minuta se comprometen a que no existirá agresión verbal o física en contra de las personas desplazadas y a cuidar y garantizar su seguridad con los tres órdenes de Gobierno”.
Pero les piden que en caso de que decidan regresar a sus viviendas y tierras de labor, se comprometan a trabajar en equipo y a participar en los trabajos comunitarios y aportar sus cooperaciones comunitarias “que son en beneficio de la comunidad”.
Las autoridades municipales de Zitlala y de la comunidad de Tlaltempanapa también dicen que los desplazados “en ningún momento les dieron a conocer que se irían a vivir a otro lugar, “lo hicieron a escondidas y por la noche. Este tipo de eventos se registran constantemente desde hace aproximadamente cuatro años”.
Ayer, en la conferencia de prensa, la comisión de desplazados informó que en los últimos cinco años, cuando la mayoría de los pobladores comenzaron a sufrir violencia, represión y robos de parte del grupo armado, han venido abandonando la localidad y que de mil 800 habitantes, aproximadamente, actualmente sólo se quedaron unos 30, la pura gente que porta armas y que controla la zona.
En la minuta se dice que el Gobierno del estado se compromete a apoyar a las familias desplazadas con despensas, medicamentos, brigadas médicas, aparatos funcionales para personas discapacitadas y de edad avanzada, estufas ecológicas, colchonetas y sarapes”.
Pero los desplazados informaron ayer que el 17 de enero, cuando Maldonado del Moral les entregó la minuta de acuerdos, volvieron a rechazar su regreso a Tlaltempanapa y el funcionario se comprometió a que el 22 de enero regresaría el secretario de Gobierno Salazar Adame, pero ya no acudió.
Suponen que el funcionario se molestó por la postura que mantienen de no regresar a su pueblo porque todavía no existen garantías de seguridad y piden que mejor los reubiquen dentro del municipio de Copalillo.
Los integrantes de la comisión informaron que no regresarán a su pueblo hasta que las autoridades detengan a los miembros del grupo armado, y presenten a los tres desaparecidos el 3 de diciembre pasado.
Víctor Ojeda Hernández declaró que cómo van a volver a Tlaltempanapa, si se salieron por las amenazas del mismo grupo que ahora pide que regresen, “y eran los que nos quitaban la mitad de nuestras cosechas, nos obligaban a que cuidáramos la carretera para que no entraran los soldados, mientras ellos se salían del pueblo o se escondían”.
Denunció que cuando se negaban a cooperar, les cobraban mil 500 pesos, los “tableaban” o los desaparecían como ocurrió con su padre, su hermano y su tío.
Contó que el 3 de diciembre también iban contra su hermano Severo, pero que éste se escapó por la ventaba de su casa, y por la noche las 62 personas abandonaron el pueblo, “estamos vivos de milagro”, dijo.
Los desplazados culparon de omisión a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Joaquina Cantor Gasparillo, denunció que antes de que los pistoleros detuvieran y desaparecieran a Pedro Ojeda a Javier Ojeda y a Victoriano Hernández, ella solicitó el apoyo del Ejército y al Ayuntamiento para que les dieran seguridad durante su salida del pueblo, pero dijo que se la negaron y más tarde los hombres armados entraron a las casas y sacaron a los tres ahora desaparecidos, “y por eso nosotros nos salimos por la noche”.
Los desplazados no creen que las autoridades les den seguridad permanentemente si regresan a Tlaltempanapa; “El gobierno nomás quiere que nos vayamos, pero no va a estar el Ejército o la policía todo el tiempo con nosotros. No creo que nos vaya a cuidar cuando vayamos a cortar leña o palma con la que tejemos nuestras cintas, o que nos cuide toda la noche en nuestras casas. Bien sabemos que si regresamos nos van a matar, no vamos a tardar más de tres o cuatro días”, dijo otro de los que asistió a la conferencia.
En un boletín de prensa, la Redgro, denunció que lo plasmado en la minuta que les entregaron a los desplazados el 17 de enero pasado “va en contra de los derechos que tienen los desplazados dentro de la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado”.
También reprocha que las autoridades estatales “tratan de negociar con algo que están obligados a cumplir por ley y no por voluntad, sino que es un deber que tienen”, dice ele escrito.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo
