En algunos casos, familiares señalaron los nombres de los responsables, “eso ya lo sabe el Ministerio Público y ahora queremos que se actúe”.
Chilpancingo, Guerrero, 31 de enero de 2020. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) este miércoles terminaron de recibir las denuncias de familiares de víctimas de homicidios, desapariciones y delitos diversos cometidos desde el año pasado en las comunidades que están dentro del territorio vigilado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), informó el coordinador David Sánchez Luna.
La mesa de seguridad se instaló en Alcozacán desde el lunes y concluyó la tarde del miércoles, para recibir, primeramente, la denuncia de los familiares de los 10 músicos del grupo Sensación Musical asesinados el 17 de enero pasado en Mexcalcingo, cuando regresaban de Tlayelpan a donde fueron a tocar.
Los funcionarios de la FGE recibieron, asimismo, otras 14 denuncias relacionadas con homicidios, raptos y ataques ocurridos durante el año pasado, en las comunidades que pertenecen al territorio de la CRAC-PF, informó el coordinador David Sánchez.
“Todos los que salieron afectados presentaron su demanda ante el Ministerio Público para que se castigue a los responsables”, dijo, y agregó que en todos los casos se responsabilizó a integrantes del grupo delictivo Los Ardillos.
Informó que en las denuncias “los dolientes” pidieron al gobierno que se castigue a los responsables.
Agregó que los familiares de las víctimas en algunos casos señalaron los nombres de los responsables, “eso ya lo sabe el Ministerio Público y ahora queremos que se actúe”.
El coordinador de la CRAC-PF informó que para los pueblos y los familiares de las víctimas, la principal demanda de entre las 29 que le entregaron al gobernador el 24 de enero en Alcozacán, es la de justicia, y que ésta tiene que ver con la detención de los responsables del asesinato no sólo de los 10 músicos, sino de todos los homicidios cometidos el año pasado.
Asimismo, el repliegue de los integrantes del grupo delictivo del crucero del Jagüey para que puedan viajar a Chilapa, y el desmantelamiento de ese grupo que los ha venido atacando.
Sin embargo, agregó que el gobierno ha estado atendiendo “lo que es más fácil para él”, como son las demandas de carácter social y educativo, así como la entrega de apoyos asistenciales a los familiares de las víctimas.
En cuanto a las medidas de prevención para la seguridad en las comunidades confirmó que se instaló un campamento de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en el crucero de Tula, cerca de donde venían ocurriendo los ataques a los habitantes de ese poblado. Denunció que les disparaban desde el panteón, en donde se parapetaban los agresores.
Insistió en que es también necesario que el gobierno cumpla el acuerdo del repliegue de los integrantes del grupo delictivo del crucero del Jagüey y de otro puesto de vigilancia que recientemente instalaron en el crucero de Tlanipatla, ubicado entre el crucero del Jagüey y Atzacoaloya, por donde tienen que pasar para ir de compras o a vender sus productos a Chilapa.
Declaró que mientras no los retiren de esos sitios los pobladores de las 16 comunidades de la CRAC-PF no van a poder salir de sus comunidades y van a seguir secuestrados en su propio territorio.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo El Sur
