Chilpancingo, Guerrero, a 24 de octubre de 2024.- La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un mensaje contradictorio
En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.
Texto y foto: Rosendo Betancourt Radilla
