Ciudad de México, 12 de junio de 2026. La Secretaría de Gobernación (Segob) se negó a recibir un documento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, con el que reclamaban avances de la Fiscalía General de la República (FGR).
“De la Fiscalía General de la República solicitamos avances en las líneas de investigaciones. Desde el año 2024 las líneas de investigación que traía el gobierno fueron abandonadas y no se han vuelto a retomar y tampoco se explica si se explorarán otras”, plantearon.
Con fecha 12 de junio del año en curso, el documento establece que los alumnos fueron detenidos por distintos cuerpos de seguridad y células del crimen organizado.
“Una vez que se dilucidó que el basurero de Cocula no era el destino final de los estudiantes, la (Comisión para la Verdad Ayotzinapa) CoVAJ y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) trabajaron en nuevas líneas de investigación, logrando reunir varias pruebas que establecían que los estudiantes fueron detenidos por diversos cuerpos de seguridad y células del grupo delictivo Guerreros Unidos que operaba en Iguala con la complicidad de las instituciones del estado, probablemente privados de la vida y sus restos arrojados en diversos sitios en las afueras de Iguala.
“Producto de las investigaciones de referencia se pudo establecer que información relevante sobre lo que pudo ocurrir con los jóvenes estaba en manos del Ejército Mexicano, con la contribución del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la CoVAJ se obtuvieron cientos de archivos militares”, señalaron.
Asimismo, recordaron la existencia de documentos que prueban las comunicaciones militares, donde se menciona el destino de, al menos, 17 estudiantes.
“Dentro de los documentos existen algunos denominados CERFIS que consisten en interceptación de comunicaciones que el Ejército realizó el día de los hechos y que contienen información de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes en Iguala, particularmente algunos archivos describen con nitidez que por lo menos 17 estudiantes se encontraban en los separos de barandilla de la Policía Municipal de Iguala y que estaban siendo trasladados a un lugar denominado la Brecha de los Lobos por policías y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Los padres reprocharon que, esas líneas de investigación “fueron abandonadas” a fines de 2024, y con la entrada del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ofreció avanzar con uso de la inteligencia y tecnología, prescindiendo de los testigos directos cuyos atestes a menudo eran falibles. Algunos responsables han sido detenidos pero han omitido informarnos si las líneas de investigación que se impulsaban se han abandonado o se continúa ya que el uso de la tecnología y la inteligencia son instrumentos a utilizar en la investigación, no constituyen líneas que nos lleven al conocimiento de lo que pasó con nuestros hijos”.
Con esos antecedentes de por medio, los papás de los normalistas solicitaron a la FGR “que se retomen las líneas de investigación que se traían o en su caso que se exploren otras” y propusieron construir como línea de investigación: a) Barandilla municipal lugar al que fueron llevados nuestros hijos y su posible traslado un diverso sitio según los documentos CERFIS del día 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014 y b) La Colonia Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan sitios al que probablemente habrían sido llevados por lo menos 11 de nuestros hijos, según información contenida en los 33 documentos CERFIS ya identificados y en poder de la CoVAJ.
“Particularmente solicitamos realizar una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres de los 43 con 4 de sus asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA para analizar de manera exhaustiva los 33 folios CERFIS a fin de extraer datos relevantes que puedan ser diligenciados por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible judicialización de ser el caso”.
En el documento, los papás reclamaron de la Cancillería “la extradición de varios ex servidores públicos prófugos de la justicia como Tomás Zeron de Lucio y José Ulises Bernabé.
Desde el año 2024 se libraron órdenes de aprehensión contra los referidos ex servidores públicos, siendo que el primero está relacionado con varios actos de tortura para obtener confesiones de personas detenidas y alteración de escenarios criminales, particularmente, de acuerdo a las investigaciones este servidor público, habría pedido a Policías Ministeriales se le entregaran 10 restos óseos para calmara las protestas sociales de los días posteriores a la desaparición, aunque algunos de estos habrían sido sembrados de manera ilegal en el río San Juan.
“El segundo funcionario el día de la desaparición era el director de Barandilla Municipal razón por la cual tiene información privilegiada de lo que ocurrió con los 17 estudiantes que fueron llevados a ese sitio y probablemente sacados del lugar de ahí que su extradición resulte relevante para esclarecer tales aspectos del caso.
“Solicitamos particularmente que en el diálogo bilateral con altas autoridades Estados Unidos la extradición tanto de José Ulises Bernabé como Tomás Zeron sean central y no solo se privilegie la agenda económica y migratoria”.
De Gobernación solicitaron la no criminalización y represión del movimiento que únicamente busca tener certeza del paradero de sus hijos.
“Desde los primeros días nuestro movimiento ha sido criminalizado: las madres y padres de familia, así como los estudiantes hemos sido objeto de criminalización, se nos acusa de vándalos y violentos, particularmente ahora se nos señala que somos de la ultraderecha.
“Al respecto, manifestamos que las madres y padres somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías (y) nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas.
“Solicitamos que ni los padres de los 43 ni los estudiantes se les abran investigaciones penales por las recientes protestas ya que nuestras demandas son legítimas, luchamos por preservar la vida de nuestros hijos y queremos verdad y justicia”.
Agencia Reforma
