Promueven amparos en contra de la determinación de solicitar al Inai una declaratoria de interés público de los acervos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales
Ciudad de México, 25 de febrero de 2020. Sobrevivientes de desaparición forzada en la llamada guerra sucia y familiares de víctimas reclamaron que pese al discurso del Gobierno federal no han podido acceder a los documentos que resguarda el Archivo General de la Nación (AGN).
Por ello, con ayuda de Artículo 19, las víctimas y familiares Lourdes Uranga, Sara Hernández y Alicia de los Ríos promovieron sendos amparos en contra de la determinación del AGN de solicitar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) una declaratoria de interés público de los acervos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, explicó que dicho acuerdo fue del 19 de enero, mientras que el 30 de enero, frente al presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, el director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dijo que se abrirían los archivos pero con restricciones por su catalogación.
“La preservación, el resguardo y el acceso público a los archivos es fundamental como parte de un apolítica de memoria, y la pregunta es ¿hay una política de memoria en el Gobierno, más allá de muestras de buena voluntad?”, cuestionó Maldonado.
“Hay un hilo de continuidad de ese Estado contrainsurgente al actual Estado mafioso, un Estado inmerso en estructuras de macrocriminalidad”.
Durante el foro “Archivos, memoria y violencia de Estado en México”, Sara Hernández, cuyo esposo fue desaparecido en la Guerra Sucia, destacó que conocer lo que tienen esos expedientes, es de suma importancia para los familiares de las víctimas.
“Estoy convencida que parte de la información que tienen esos expedientes, nos llevará a conocer qué fue lo que sucedió, ahí veremos cuál fue la estrategia del Estado mexicano, que fue un a política de terror”, planteó.
En tanto, Francisco Ávila Coronel, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, acusó que históricamente el Archivo General de la Nación ha tenido la función de evitar a toda costa que se conozcan los documentos más sensibles.
“Esa es su función, salvaguardar aquellos archivos de todas las institucione del Gobierno que sean sensibles de la historia nacional y que prueben crímenes de lesa humanidad del Estado, que no sean consultados”, aseveró.
Texto y foto: Agencia Reforma
