El Poder Judicial “huele a podrido” y la resolución del juez es una afrenta a las víctimas, a las familias de las víctimas y a la justicia, señala el subsecretario de Gobernación.
Ciudad de México, 17 de septiembre 2019. Un juez liberó a otros 24 detenidos acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque tres de ellos seguirán en prisión por otros delitos; con estos casos suman 74 liberados de 142 presos, informó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
El funcionario criticó la resolución del juez primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ordenó este fin de semana la liberación absoluta e inmediata de 12 policías de Cocula y 9 de Iguala, así como dos miembros de Guerreros Unidos y un funcionario de Protección Civil Estatal de Guerrero.
Ante esta situación, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, señaló que el Poder Judicial está en la podredumbre y encubre a torturadores.
Declaró que la resolución es una afrenta a los trabajos de investigación que realiza el gobierno federal, pues el juez habla de tortura, pero no finca ninguna responsabilidad a ningún funcionario, como debe ser su responsabilidad.
Con esta tendencia, agregó, podrían salir libres otros de los principales perpetradores del ataque a los estudiantes, como Sidronio Casarrubias, líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
Sobre la responsabilidad de la PGR en el desvío, acciones ilegales o deficiencias en la investigación, Encinas anunció que la FGR “presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores (el procurador) Jesús Murillo Karam, (el jefe de la unidad de investigación de la PGR) Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica”.
Es una burla y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia: Encinas
“Huele a podrido”. Con esas palabras Alejandro Encinas concluyó la conferencia de prensa realizada al mediodía del domingo 15 de septiembre. Un día antes, el juez primero de Distrito de Procesos Penales con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, había resuelto otorgar la libertad total a 24 policías municipales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“En la vieja práctica del sabadazo y en días de puente, con una resolución que no firma el juez sino la secretaria de acuerdos, la señora Adriana Ruvalcaba Velázquez, así se dictó la libertad absoluta de estas 24 personas”, denunció Encinas con un evidente gesto de molestia que destacaba en él, siempre diplomático.
“Esto es una afrenta a las víctimas, a las familias de las víctimas y a la justicia de nuestro país. Es una burla y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país”.
No son los primeros presos liberados por el caso Ayotzinapa: de las 142 personas detenidas a quienes se les acusaba de la comisión de algún delito relacionado con el caso Ayotzinapa, sólo quedan 65 en prisión; 77 han recuperado su libertad, y de éstas, 53 han sido liberadas por el mismo juez, Samuel Ventura Ramos.
Apenas el 2 de septiembre pasado, el juez Ventura Ramos dictó la liberación de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que habría ordenado la desaparición de los 43 estudiantes, junto con otras tres personas ligadas al caso. Según el juzgado, el argumento para soltar a los acusados fue que la mayor parte de las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal.
De acuerdo con la versión de la “verdad histórica”, impulsada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gildardo López Astudillo fue el responsable de informar a Sidronio Casarrubias –uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos– acerca de un posible conflicto entre Los Rojos con la Policía Municipal de Iguala. Sidronio habría ordenado la desaparición de los estudiantes, y podría ser liberado en próximos días con argumentos similares.
“A algunas de las personas detenidas que fueron liberadas pueden ser susceptibles de aplicarse criterios laxos, discrecionales, en donde no se consideró todas las pruebas por parte del juez para su libertad, como puede ser la libertad del señor Ramiro Ocampo Pineda, César Nava González o Sidronio Casarrubias Salgado, quien es de los principales dirigentes del cártel Guerreros Unidos”, remarcó Encinas.
Descartan pruebas por tortura, pero no se acusa a torturadores
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, opina que lo de las liberaciones es como caminar para atrás. “Es un retroceso, porque los recién absueltos, los policías locales, tienen mucho que ver en lo que pasó: ellos son uniformados, tienen información. Nos parece muy muy grave que el juez justifique su salida, cualquiera que sea su argumento”.
El juez Samuel Ventura Ramos adujo que las evidencias y los testimonios sobre los que se basaba buena parte de las acusaciones en contra de los recién liberados fueron obtenidos de manera ilegal.
De 107 pruebas que se habían presentado en su contra, se desecharon 64. Las restantes, de acuerdo con los criterios del juzgado, resultaron insuficientes para sentar responsabilidad contra los miembros de Guerreros Unidos o el otro grupo delictivo involucrado, Los Bélicos; incluso contra los policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, de quienes está plenamente documentada su participación en los hechos.
“De mantenerse esta tendencia –advirtió el subsecretario Encinas durante la rueda de prensa del domingo–, y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días y con motivo del aniversario de los lamentables hechos de la noche de Iguala, pueden otorgarse otras libertades”.
En el análisis de la Secretaría de Gobernación el riesgo es más que latente. La investigación que hizo la PGR y sobre la cual se basan gran parte de los cargos en contra de los detenidos es tan deficiente que en 13 casos más podría acreditarse dilación en la puesta a disposición, en otros 21 se podría argumentar detención ilegal o irregular, además de 12 casos de tortura, nueve casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación, un caso más de incomunicación y seis violaciones al proceso de una defensa adecuada.
El expediente del caso, en suma, está minado por completo y puede derrumbarse en cualquier momento. El problema es que el juez Ventura Ramos, aunque habla de tortura, no finca responsabilidad alguna contra los torturadores.
“El juez no observa que la jurisprudencia del 21 de julio de 2019 que determina que la declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados y que debe fincarse responsabilidad a los torturadores”, explicó Encinas.
Adelantó asimismo que la actual Fiscalía General de la República (FGR) abrirá investigaciones para responsabilizar a Jesús Murillo Karam (extitular de la PGR), Tomás Zerón de Lucio (exdirector de la Agencia de Investigación Criminal) y José Aarón Pérez (titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa).
La FGR tuvo margen para actuar, no lo hizo
En febrero de este año, las madres y padres de los 43 normalistas, junto con las organizaciones que los han representado legalmente y acompañado durante los últimos años, tuvieron una reunión con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
“Formalmente, en esa reunión, se les entregó un escrito donde señalábamos varios temas que tendrían que haber priorizado justo porque veíamos el riesgo de que varias de estas personas recuperaran su libertad. Y no hicieron nada, ese es el problema”, expresa en entrevista telefónica con “El Sur” Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de los padres de los 43.
Durante su conferencia del domingo 15 de septiembre, el subsecretario Alejandro Encinas habló de la negativa del juez Ventura Ramos para otorgar una prórroga razonable para aplicar el protocolo de Estambul a los detenidos que denunciaron tortura. Este protocolo es un método que determina si una persona detenida ha sido, en efecto, torturada o no.
“Se solicitó que se practicara el protocolo de Estambul a todos los imputados en 10 días naturales, siendo esto materialmente imposible, y se negó una prórroga razonable para realizarlo”, explicó Encinas.
“Esto sienta un grave precedente y otorga beneficio a los imputados: no existe una sentencia de tortura, sólo la mera presunción. Se privilegia así el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia”.
Pero en opinión de los padres de familia y sus representantes legales, la FGR no está libre de culpa.
“Yo no veo una responsabilidad penal, no se les podría acusar de omisión o algo así”, reconoce Vidulfo Rosales. “Pero han sido lentos, excesivamente lentos. Tuvieron suficiente margen de acción para que esto no pasara”.
Hay algo más que inquieta al abogado, como a otros miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa: tras la reciente liberación de los 24 detenidos involucrados, la FGR publicó un comunicado con mensajes confusos.
“La investigación del caso fue descalificada de forma permanente tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas”, “la administración anterior creó una oficina de investigación la cual también fue descalificada junto con la ‘verdad histórica’”, “se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales (…) en razón de las irregularidades, ilegalidades y abusos que se habían dado en los procesos”.
Estas líneas, expresadas así, han generado suspicacia.
“Nosotros no queremos desatar un debate. Pero vemos una tendencia incluso de defender la ‘verdad histórica’ en ese comunicado”, resalta Vidulfo.
“Decir que la investigación fue atacada y cuestionada es culpabilizar a las víctimas de lo que está ocurriendo. Nos acusan de defender resoluciones de amparo, como si el amparo fuera el responsable de las liberaciones. Hay que decirlo claro: la investigación de la PGR fue irregular, estuvo basada en la tortura; la FGR debió decir que se comprometía a actuar contra esas prácticas, justo para que no dar pie a las liberaciones.
“Es muy preocupante. Lo que vemos es que hay una continuidad, que están enquistados ciertos intereses en la FGR que no quieren desaparecer”, concluye, preocupado, el vocero de los padres.
Texto: Carlos Acuña/El Sur y Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
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