Llama el organismo al gobierno federal, al Congreso de la Unión y al gobierno de Guerrero que lo elabore en un plazo de seis meses y considere el daño individual y social, así como las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la alimentación y a la educación de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 por el Estado
Chilpancingo, Guerrero, 21 de abril de 2023. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno federal, al Congreso de la Unión y al gobierno del estado de Guerrero que en un plazo de seis meses realice un plan de reparación integral que considere el daño individual y social, así como las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la alimentación y a la educación de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 por el Estado, el periodo conocido como la guerra sucia.
La recomendación se emitió a un año de la muerte de la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien luchó gran parte de su vida por la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia, y en homenaje a ella.
También pide disponer de los recursos financieros para todas las tareas y a establecer un equipo multidisciplinario para que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) realicen un diagnóstico de las necesidades de salud, alimentación y educación en Guerrero.
Además, que se tipifique en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y aprobar en el Senado el dictamen para que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad.
El pasado miércoles, la CNDH difundió la recomendación 98VG/2023 sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos originadas en la época de violencia política entre 1965 y 1990, para lo cual examinó las evidencias contenidas en los expedientes de queja CNDH/PRESI/2020/5561/Q/VG, y sus 22 expedientes acumulados.
Argumentó que las graves violaciones documentadas se aplicaron contra 814 víctimas, de las que guardó los nombres, pero afirmó consisten en persecución política, detención arbitraria, prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y sus agravantes, incluso cometidos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, que constituyen un crimen de lesa humanidad, así como contra líderes políticos y sociales, activistas, militantes partidistas, y en general contra ciudadanos con ideología de izquierda.
Dice que ante la falta de democracia política se fundaron movimientos clandestinos que buscaban una movilización nacional y que muchos optaron por la vía insurreccional, porque el Estado les cerró todas las vías posibles de lucha pacífica, y su única respuesta fue la represión, ejemplos de ellas, fueron las matanzas de maestros y ferrocarrileros en 1958, de campesinos en Guerrero en 1962, de médicos en 1965, y estudiantes en 1968 y 1971.
Casos de varios estados en más de 900 hojas
El documento de más de 900 hojas relata casos de San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Guadalajara, Sinaloa y Chihuahua entre los casos graves de violaciones en la época de la guerra sucia en Guerrero, expone la privación de la libertad colectiva, caso que ocurrió en julio de 1972 en San Francisco de Tibor en Guerrero, o las detenciones masivas en las que obligaban a la población de las comunidades a concentrarse en lugares públicos durante una inhumana cantidad de horas, sin alimentos y en condiciones de someti-miento con interrogatorios como el caso de la detención arbitraria de 75 personas en El Quemado, el 24 de agosto de 1972, ambos en el municipio de Atoyac.
También señala la eliminación de la disidencia política con la desaparición de comunidades completas como la comunidad de Río Chiquito y el Salto Chiquito, municipio de Atoyac, región de la que, sostiene, surgieron el Partido de los Pobres y la Briga-da Campesina de Ajusticiamien-to, en donde la violencia política de estado se implementó de manera cruel intensa invasiva y excesiva y, por tanto, sistémica.
La CNDH recomendó a todos los órdenes de gobierno acciones para reparar los daños ocasionados por el Estado, pues considera un procedimiento compensatorio a los agraviados y familiares para reparar el daño, sobre todo porque acepta haber sido parte del aparato de solapamiento y ocultamiento de la verdad, y en ocasiones actuando francamente como cómplice del Estado.
Destacó el informe de 2006 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), así como el informe de la Comisión de la Verdad en Guerrero de 2014 y del informe especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de 2017, con lo que se inició un proceso de inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y la emisión de planes de reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Sobre todo el Plan Colectivo de Reparación de la Comunidad El Quemado y el Plan Grupal de Reparación de la Comunidad de El Quemado, que hasta la fecha, de acuerdo con las víctimas, no se ha cumplido, a pesar de que 304 víctimas de 343 se encuentran inscritas en el registro referido.
La CEAV solamente fue a El Quemado, reprocha
La CNDH considera como incumplimiento de la CEAV que sólo hizo una actividad de reparación colectiva en la comunidad de El Quemado, en 2021, siendo que la afectación social se registró en múltiples comunidades plenamente identificadas en las diversas evidencias que se desprenden de la investigación de la Recomendación 26/2001.
Consideró que al no ejecutarse acciones por parte de la CEAV de reparación integral extendidas y suficientes en favor de las víctimas de desaparición forzada y de la comisión de otros delitos de lesa humanidad cometida por agentes del Estado Mexicano contra las víctimas de violaciones graves de derechos humanos de la guerra sucia, continúa las violaciones a sus derechos fundamentales.
La CNDH realizó varias recomendaciones, entre las que destacan, a la Secretaría de Gobernación, en un plazo de seis meses debe colaborar para que la CEAV, elabore un plan de reparación integral que contemple el daño individual y social, así como las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la alimentación y a la educación, de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 por el Estado, y debe enviar a la Comisión constancia que acredite su cumplimiento.
También debe reconocer la responsabilidad y ofrecer una disculpa pública del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años de 1965 a 1990, por el complejo represivo institucional enunciado.
Demanda a Hacienda que libere los recursos suficientes
Al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, lo insta a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo una estrategia que permita a las autoridades de la administración pública federal, y en concreto a la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la Fiscalía General de la República (FGR), al Ejército, al Archivo General de la Nación y la CEAV, puedan contar con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del presente instrumento recomendatorio.
Indicó que de manera específica, en el caso de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH), disponer de los recursos financieros, humanos y materiales indispensables para el cumplimiento del Decreto Presidencial que le dio origen, así como para el plan de reparación integral en favor de las víctimas acreditadas, y saldar así una deuda histórica del Estado mexicano.
A la CEAV, le pide emitir en coordinación con el gobierno de Guerrero y la CoVEH, un diagnóstico de las necesidades relacionadas con el acceso a los derechos a la salud, alimentación y educación de las víctimas reconocidas en el presente instrumento, residentes del Estado de Guerrero, valorando la necesidad de una reparación colectiva que permita la restauración de los proyectos de vida individuales y del tejido comunitario y social.
Además, buscará la reparación integral del daño de las víctimas acreditadas, en un término no mayor a tres meses.
La gobernadora debe encabezar una disculpa pública por las atrocidades
A la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la CNDH le pide llevar a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las atroces violaciones a derechos humanos registradas en el periodo de 1965 a 1990 con la aquiescencia de funcionarios del estado de Guerrero, policías estatales, gobiernos municipales y policías municipales, así como por la violencia estructural perpetrada en ese tiempo contra militantes y población en general, y deberá remitir constancia de su cumplimiento.
También, deberá hacer las gestiones administrativas necesarias para establecer un equipo multidisciplinario para colaborar con el diagnóstico de las necesidades relacionadas con el acceso a los derechos a la salud, alimentación y educación del Estado de Guerrero, y coadyuvar con la CEAV en el plan de reparación integral, mediante el diseño de políticas públicas de desarrollo integral de las regiones afectadas,
Al Congreso de la Unión, la CNDH le pide tipificar en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y aprobar en el Senado el dictamen para que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, conforme al estatuto de Roma y al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Archivo
