La mamá fue víctima de persecución política, criminalización, encarcelamiento, tortura, intimidación, entre otros agravios a ella y a su familia, para hacerla desistir de sus denuncias legales y públicas, informa el abogado Hegel Mariano.
Chilpancingo, Guerrero, 5 de septiembre de 2019. Después de 35 años de que las instituciones del país le negaron el acta de nacimiento para evitar las obligaciones alimentarias de su padre, por tratarse de un influyente político de Guerrero, el 3 de septiembre pasado el Estado mexicano reconoció el derecho al nombre e identidad a Johanna Roselly Vargas Barrera, hija de Rosalinda Vargas Barrera y el extinto José Rubén Robles Catalán.
La entrega del documento a Johanna Roselly forma parte de la petición 13.240 que Vargas Barrera promovió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su lucha por lograr la reposición del acta de su hija, y para que el padre de ella cumpliera con sus obligaciones alimentarias, durante más de tres décadas Rosalinda fue víctima de persecución política, criminalización, encarcelamiento, tortura, intimidación, entre otros agravios a ella y a su familia, para hacerla desistir de sus denuncias legales y públicas.
El abogado de Rosalinda Vargas y su familia, Hegel Mariano Ramírez declaró que este caso, “ejemplifica la utilización de las instituciones y el sometimiento de éstas ante la clase política para llevar a cabo venganzas privadas, lo que jamás debería ocurrir en un Estado democrático, porque las debilita y causan un grave perjuicio social”.
La semana pasada Rosalinda Vargas fue notificada que este 3 de septiembre le entregarían el acta de nacimiento a su hija Johanna Roselly Robles Vargas, como parte de la petición que tramita ante la CIDH.
El documento se lo entregaron en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno federal, con lo que quedó formalmente registrado su nacimiento.
Para el abogado Mariano Ramírez este acto constituye un reconocimiento a la lucha de 35 años de Vargas Barrera, y “pone fin a la complicidad institucional”.
En la entrega de su acta, Johanna Roselly Robles Vargas estuvo acompañada por su madre Rosalinda y su hermana Elizabeth Olguín Vargas, y los abogados Hegel Mariano, Román Cruz Mejia y Rómulo Reza Hurtado.
Del Estado mexicano estuvieron la directora general adjunta, Rosalinda Salinas, la subdirectora de área Diana Valle Rodríguez, de la Secretaria de Relaciones Exteriores Ana Paula Lavalle Arroyo, el subsecretario de Gobierno para asuntos Jurídicos de Guerrero, Rogelio Parra Silva, y el coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Lenin Cabrera Carbajal.
Hegel Mariano informó que quedan pendientes otras reparaciones que deben hacerse por el daño ocasionado a Vargas Barrera y a su familia, por las violaciones “sistemáticas” cometidas en su agravio desde 1984, mismas que se están abordando ante la CIDH dentro del caso 13.240 Rosalinda Vargas Barrera vs el Estado Mexicano.
La historia
Cuando Vargas Barrera y el político priista Robles Catalán se conocieron a principios de los ochenta ella era trabajadora universitaria, y él comenzaba su carrera política, después llegaría a ser diputado local y federal, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, procurador General de Justicia y secretario de Gobierno.
Procrearon a Johanna Roselly el 5 de febrero de 1983 y la registraron como Johanna Roselly Robles Vargas.
El 24 de septiembre de 1984, Rosalinda Vargas promovió un juicio de alimentos para su hija Johanna Roselly en contra de Robles Catalán, adjuntando a su demanda una copia certificada del acta de nacimiento de su hija referida.
En un boletín enviado por los abogados de Rosalinda refiere que, sin embargo, el entonces juez familiar, Arquímides Meza García antes de admitir la demanda presentada, “injustificadamente y de oficio” solicitó un informe a la Oficialía del Registro Civil de Teloloapan, donde fue registrada Johanna Roselly, para que informara si existía el registro de la menor, y el oficial del Registro Civil informó que en los archivos no existía el registro de nacimiento de Johanna Roselly.
Por este hecho no fue admitida la demanda de alimentos que promovió Rosalinda Vargas a favor de su hija.
Derivado de ello comenzó su lucha por la reposición de la hoja de registro de nacimiento.
En el boletín se menciona que los expedientes que se iniciaron a raíz de la denuncia penal de Rosalinda, por la desaparición de la hoja del registro de nacimiento de Johanna Roselly, fueron desaparecidos en dos ocasiones, lo que la orilló a interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Los expedientes ante la agencia fueron repuestas en el 2010, pero su trámite ha durado nueve años sin que pueda concluirse, y no obstante que se ha dado fe ministerial de la desaparición provocada de la hoja de registro de nacimiento de Johanna Roselly, no se ha fincado responsabilidad a nadie”, dice el escrito.
Vargas Barrera no sólo se topó con la denegación de la justicia, sino también persecución y criminalización.
El 28 de marzo de 1989 fue detenida y acusada de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana, lo que la mantuvo privada de su libertad durante un año y medio.
Dentro del proceso acreditó haber sido víctima de tortura física, moral y psicológica, por lo que judicialmente se determinó que sus confesiones fueron obtenidas por la Policía Judicial del Estado (actualmente Policía Ministerial del Estado) mediante la violencia. Entonces era procurador de Justicia Robles Catalán.
Derivado de ello, el 20 de junio de 1991 el magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, determinó la no responsabilidad penal de Rosalinda Vargas Barrera y fue absuelta de la acusación en su contra por el Ministerio Público federal.
Después se sumaron otros casos por robo y lesiones, pero al mismo tiempo fue víctima de diversos delitos como robo, amenazas, intimidación. En todos los casos hizo responsable al ahora extinto Robles Catalán.
El 26 de mayo de 1995 fue ejecutado el abogado Norberto Flores Baños, quien había sido abogado de Rosalinda Vargas.
El 6 de julio del 2005 fue ejecutado Robles Catalán, “sin que las autoridades hayan logrado hacerlo cumplir su responsabilidad alimentaria, ni fincarle responsabilidad penal por las diversas acusaciones que existían en su contra”, dice el comunicado.
Mariano Ramírez aclaró que con la entrega del acta de nacimiento a Johanna Roselly se cumple sólo una parte de las demandas, y quedan pendientes el acceso a la justicia, atención psicológica multidisciplinaria, una disculpa pública por las violaciones de sus derechos humanos (tortura, encarcelamiento, fabricación de delitos, obstaculización de sus denuncias) y de su familia (robo, secuestro, violación), que se están discutiendo en el Caso 13.240 Rosalinda Vargas Barrera vs el Estado Mexicano, ante la CIDH.
Para los abogados de Vargas Barrera es también necesario “ponerle nombre y apellido a los responsables de estas violaciones, e imponer las sanciones correspondientes, sobre todo porque muchos de ellos son servidores públicos en activo y pueden seguir causando daño social”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Tomada del Facebook del abogado Hegel Mariano
